En la Universidad Central sede norte se llevo a cabo la Cátedra Kapuscinski y uno de los temas fue “Del conflicto Armado al Conflicto Urbano”; a mediados del 2006 el Gobierno Nacional empezó a llamar estas nuevas estructuras como Bandas Emergentes y que posteriormente fueron llamadas Bandas Criminales, tras el decreto 2371 de 2010 por la necesidad de respaldar políticamente el proceso de desmovilización.
La calificación de los hechos violentos realizados por estas organizaciones armadas, como delitos comunes dentro del marco de acciones de ajustes de cuentas y represalias. Así lo afirmó María Eugenia González Vélez, investigadora, quien dijo que “se debe tener en cuenta tres aspectos importantes para poder desmovilizar a estas organizaciones: la cohesión, estructura y el alcance.”
Cinco de las estructuras armadas visibles que se mantiene hasta la actualidad haciendo presencia en diversas regiones del país son: Los Rastrojos, Los Urabeños, Las Águilas Negras, Los Paisas y el Ejercito Popular Anticomunista de Colombia (EPAC), son fuerzas armadas ilegales organizadas capaces del sostenimiento de hostilidades con otras facciones formadas, con jerarquías y dominio territoriales y con un ejercicio continuo de violencia.
El conflicto armado urbano tiene como principales víctimas a la población que no encuentra sujeta a la protección y a asistencia humanitaria y que apelan al orden y a la seguridad o promueven imaginarios de peligro, incertidumbre e inseguridad, que hacen justificable y necesaria su presencia reproduciendo mecanismos de amenaza.
Fernando Estada Ramírez, uno de los investigadores, afirmó que el conflicto en la ciudad actualmente, se debe ver desde tres puntos de vista como son el factor político donde estas bandas hacen un control a través de administración del miedo: amenazas, intimidaciones, panfletos, asesinato de líderes de la localidad, utilización de niños, adolescentes y jóvenes en redes criminales en contra de la justicia.
El factor económico, donde se generan rentas de actividades ilegales de tráfico de estupefacientes, extorsión, venta de servicios de seguridad entre otras; y por último el factor poblacional, donde hacen uso de los niños y de los adolescentes para la retaliación y venta del microtráfico, como transporte de armas, sicariato, etc. Donde la imagen del cabecilla de la banda no le interesa la visibilidad, utilizando pandillas para actuar y así ver a estos grupos como delincuencia común cuando los líderes se encuentran detrás de las peleas entre pandillas.
Durante el último año, se hicieron diferentes informes de riesgo en tres ciudades de Colombia, donde se presentaron con mayor intensidad este tipo de problemáticas, como lo fue en Antioquia – Medellín, Cundinamarca –Bogotá y en Valle del Cauca – Buenaventura, donde se incrementó en control de criminalidad y narcotráfico, rutas y conexiones de narcotráfico internacional, el control ilegal de economías y control de micro tráfico dentro de las ciudades del país.
