Algo que no es bueno para ninguna sociedad es no disponer de datos fidedignos acerca de sus problemas, pues ello genera dificultades al momento de definir las soluciones más apropiadas.
Para el caso colombiano, un buen ejemplo es el posconflicto. Ninguno de los organismos que por su naturaleza debieran tener información confiable al respecto, la tiene. Ni la Fiscalía, ni la Procuraduría, ni la Defensoría, ni el ministerio del Interior, ni las Fuerzas Armadas y de Policía, ni Medicina Legal, en fin, ninguna entidad del Estado puede ofrecer datos razonablemente objetivos, pues lo que se observa a través de los que cada una tiene es una desarmonía total.
Y ni qué decir de los investigadores, asociaciones y fundaciones que se han dedicado a esos estudios. En lo único que coinciden es en conclusiones de espanto, mas no en cifras que hablen de una recolección de información medianamente técnica.
Sin embargo, es tan dantesco el drama que dejan ver esos números, independientemente de quién los haya recaudado, que, por ejemplo, en el caso de los líderes sociales y exguerrilleros asesinados, ya la cantidad no importa; ya adquirió el carácter de genocidio, tanto por su grueso número como por la sistematicidad de que dan cuenta las semejanzas de las víctimas en relación con el desempeño que les ocasionó su fatal destino: unas, en la defensa de la paz; otras, en la recuperación de tierras y de territorios; otras, en la defensa del medio ambiente; otras, enfrentando todo tipo de discriminación; otras, en la conquista de derechos laborales o comunales, y todas luchadoras sociales empeñadas en la búsqueda de un ser social más acorde con la dignidad humana.
Por eso resulta válida la iniciativa de adelantar este próximo 26 de julio una gigantesca movilización que, al tiempo que reivindique el derecho a la vida como bien supremo, haga expresa la condena social a los perpetradores de tan execrables hechos —entre los cuales hay no pocos agentes del Estado—, su denuncia ante la comunidad internacional y la exigencia al señor Iván Duque de que haga efectiva su cantinela de campaña, hasta el momento en nada intimidatoria, de que “el que la hace, la paga”.
Hasta dónde esta movilización callejera pueda producir efectos concretos en las instancias gubernamentales, es cosa difícil de prever. Lo que sí puede preverse es que a mayor participación en la jornada, mayor será la repercusión que tenga en las medidas que el gobierno adopte. Importante que se entienda esto, pues a la vergüenza internacional que produce nuestra catástrofe humanitaria no podemos agregarle otra, quizá peor, la de la complicidad que genera la desidia ciudadana.
