La participación política es inherente a la democracia y es el reconocimiento al derecho que tienen los ciudadanos, hombres y mujeres, a participar en los asuntos públicos, directamente postulando su nombre como candidato a cualquier cargo de elección popular, en los términos que determina la constitución política y las normas que regulan los procesos electorales, o por medio de sus representantes elegidos en procesos electorales democráticos mediante el sufragio universal. Hace parte integral del respeto y defensa de los derechos humanos, ofreciendo garantías a los ciudadanos para alcanzar una sociedad más democrática, participativa, digna y plena de derechos.
Querer cercenar el derecho de un ciudadano a ser elegido para un cargo, ya sea para gobernante local, regional o un órgano legislativo, como una estrategia de debilitamiento y derrota del contrincante político, arguyendo inhabilidades o impedimentos de tipo jurídico, legal, ético o limitaciones físicas, es contraria a una política de respeto, tolerancia y convivencia en medio de la diferencia, a la dignidad de la personas, discriminatoria contra la población en situación de discapacidad, a las minorías y violatoria de los derechos humanos.
La Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas en situación de discapacidad, garantiza sus derechos a la participación en la vida política y pública en igualdad de condiciones con los demás ciudadanos, así como al derecho de elegir y ser elegidos para cargos de elección popular, promoviendo su participación en esos escenarios democráticos y ciudadanos.
Una sociedad que avanza en unos diálogos que nos conduzca a la reconciliación nacional y dejación de las armas por parte de las organizaciones guerrilleras, para una paz definitiva, no puede ser permisible con aquellas propuestas políticas y electorales que insisten en utilizar el arma de la calumnia, las argucias jurídicas y el maltrato a la dignidad de los seres humanos como la mejor estrategia para alcanzar el favor ciudadano y hacerse con el cargo al que aspira.
Debemos avanzar en una cultura democrática de respeto y tolerancia, en la que los debates políticos y electorales se den el marco de las propuestas y programas de gobierno, al reconocimiento del derecho legitimo de los ciudadanos a poner su nombre y hoja vida a consideración del constituyente primario, para aspirar a un cargo de elección popular, sin que esto se convierta en un instrumento de descalificación y de afectación a su dignidad, honra de su vida personal y familiar.
La democracia hoy en día, exige de una clase política responsable que reconozca el derecho a la libertad e igualdad, de mucho respeto al pluralismo y a la diferencia social, política, cultural, religiosa o de otra índole, dejando la responsabilidad en la elección del gobernante, en manos del ciudadano, que un acto individual y de mucha responsabilidad política y social. A través del voto, decide quién debe ser el próximo alcalde o alcaldesa, gobernador o gobernador, puesto que la ciudadanía se fundamenta en la protección de la dignidad humana.
