La auditoría forense se puede definir como la técnica que integra conocimientos criminalísticos, contables, jurídicos, procesales y financieros para la lucha contra el fraude, permitiendo esclarecer posibles actos ilícitos o delitos en las instituciones públicas, privadas o mixtas. En el caso de la Triple A, las truculencias detectadas vienen desde hace más de veinte años, en forma intermitente, y aún hoy continúa el estropicio con los dineros de miles de usuarios que pagan un servicio, en parte de calidad y en otra parte no tanto, con una de las tarifas más altas del país.
Veamos una cronología de los despojos y defraudaciones más notables en esta empresa que presta los servicios de agua, alcantarillado y aseo en Barranquilla y otros 14 municipios del Atlántico desde 1991, cuando el Acuerdo 023 aprobó que la Alcaldía podía participar en la sociedad Triple A con un paquete accionario “que no será, en ningún caso, superior al 89% ni inferior al 85% del capital social” (Artículo 5° numeral d).
Primer zarpazo, 1996. El 19 de septiembre de 1996, la asamblea de accionistas de la Triple A, con el beneplácito del alcalde de la época, varió la composición accionaria sin la anuencia del Concejo Distrital y le entregó un paquete de acciones a Interamericana de Aguas y Servicios (Inassa S.A.), empresa creada ese mismo día con un capital social de fachada –apenas un millón de pesos– y teniendo como accionistas a Aguas de Barcelona (51%) e inversionistas criollos (49%). El 1° de noviembre del mismo año, Inassa ya había acaparado el 43,3% de acciones de la Triple A. La concesión fenecía en 2013, pero en el 2000, tras un convenio aprobado por el alcalde, un acuerdo del Concejo Distrital la prorrogó hasta el 2033. Acto seguido, la Triple A firmó un convenio de asesoría técnica con Inassa, que significaba pagarle el 4,5% del recaudo mensual.
Segundo zarpazo, 2001. Aguas de Barcelona les vende sus acciones a los inversionistas criollos, quienes quedan con el ciento por ciento de Inassa, la cual ya tenía a su vez el 60,4% de las acciones de la Triple A. Coincide el hecho con un negocio turbio en Panamá, típico paraíso fiscal, pues los dueños de Inassa le vendieron el 75% de las acciones al Canal de Isabel II de Madrid por 70 millones de dólares, sin pagar un peso de impuestos al fisco nacional, cuando hacía un año estaba valorada en siete millones de dólares. La abismal diferencia se la distribuyeron distintos personajes que ahora están encartados en la justicia española.
En los últimos días se han presentado graves denuncias documentadas por Fernando Carrillo, Procurador General de la Nación, entre ellas: un detrimento de $27.879 millones sustraídos por el exgerente Ramón Navarro, quien confesó su delito cuando fue detenido el 20 de marzo pasado; $237.000 millones de pesos de la referida asistencia técnica del año 2000 y que Edmundo Rodríguez Sobrino, expresidente de Inassa y de Triple A confesó en Madrid que nunca la hubo; $70.000 millones de pesos por subsidios para estratos vulnerables: total $334.000 millones. (Fuente: entrevista con el Procurador General, x, 25 de marzo de 2018).
Pero hay mucho más. Cuando el contrato de concesión se acabe “por cualquier motivo”, el distrito de Barranquilla tendría que pagarle a Inassa los llamados activos intangibles, que son las mejoras en infraestructura y tecnología nueva, sin tener en cuenta que estas inversiones salieron de las tarifas de los usuarios y que sería como cobrarlas dos veces. Valen a 31 de diciembre de 2017 la suma $364.757 millones, el 55% de los activos totales. El distrito de Barranquilla también ha tenido un detrimento del capital accionario desde 1996, de 70.5% de las acciones (85% antiguas menos 14,5% actuales), a mil pesos la acción, o sea, $70.500 millones sin indexar.
En forma terminante, la Procuraduría General de la Nación le exigió esta semana a la alcaldía de Alejandro Char que recupere las acciones birladas al distrito y que el contrato de asesoría técnica del año 2000 sea abolido y se rescaten las sumas defraudadas. Lo anterior amerita que las fuerzas vivas de Barranquilla y el Atlántico exijamos cuanto antes una auditoría forense en la que participen las autoridades respectivas asesoradas por las universidades y por contadores públicos nacionales. El objetivo, poner la lupa y desentrañar tan onerosos desfalcos.
