He admirado al Dr. César Negret Mosquera y por su carácter abierto, sincero y amable lo considero como amigo, no de confianza, pero sí de respeto.
A partir de algunas de sus declaraciones públicas, en la emisora 1040, creí conveniente manifestar mi opinión al respecto, no influenciado por afinidades partidistas ni intereses económicos con el gobierno departamental de turno, pues no tengo ningún cargo, contrato publicitario o de otra índole, ni tampoco estoy afiliado ni defiendo al grupo político que lidera el senador Temístocles Ortega, a quien, cuando fue gobernador, critiqué en columnas de opinión, en asuntos relacionados con el escándalo de Indeportes-Cauca y el cuantioso contrato financiado con regalías para estudiar el efecto en el calentamiento global, de los pedos de las vacas que pastan en algunos municipios del Valle del Patía y zonas aledañas.
Al escuchar en la entrevista las críticas al gobierno de Tunubala, posteriores a las expresadas contra el actual gobernador Elías Larrahondo, las sentí impregnadas de un tufillo racista, con trasfondo político, que permea en círculos de poder tradicional en decadencia y en el sentir de numerosos ciudadanos, que en los corrillos comentan temas cotidianos de la vida y la política local, en una ciudad que por su pasado histórico de haber sido capital esclavista de la Nueva Granada y de las primeras décadas de la república, en sus tradiciones culturales y costumbres conserva rezagos del menosprecio a los indígenas y negros que fueron sumisos sirvientes de sus antepasados.
Es un racismo latente, como el que no han podido desterrar en el sur de los Estados Unidos, 150 años después de la guerra de Secesión, a pesar de la Ley de Derechos civiles aprobada después del asesinato de Luther King, o como el que en discotecas de Cartagena, ejercen sobre mujeres afros a las que no permiten entrar.
No aceptan que indígenas y afros se hayan organizado independientes de los partidos tradicionales y cada vez exijan más sus derechos consagrados en la Constitución del 91, a la que sectores políticos de ultraderecha aspiran reformar para intentar volver al pasado del país de terratenientes, aliados con el catolicismo de la inquisición y el gran capital industrial y financiero, que para el campo, solo quieren que los campesinos minifundistas se olviden de la restitución de tierras y la reforma agraria integral y se integren como obreros a las explotaciones mineras, los cultivos de palma, caña de azúcar, banano, de pinos y eucaliptos, etc., mientras los únicos que pueden poseer haciendas como el Ubérrimo, son los potentados, políticos y parapolíticos, los narcohacendados-ganaderos-caballistas, etc., que además presionan para deforestar las selvas del Pacífico y la Amazonia buscando agrandar sus fundos.
Sobre el manejo del orden público en un país tan presidencialista y centralista con violencia pandémica como el nuestro, me pareció excesiva la crítica del Dr. Negret al actual gobernador, recordándole que ante problemas estructurales incubados por décadas y de manejo preferencial en el alto gobierno y mandos militares, es poco lo que pueden hacer los gobernadores y alcaldes, para controlar a los diversos grupos armados vinculados a economía ilegales, con una policía militarizada y un ejército con autonomía heredada después de décadas de Estado de Sitio y con sus oficiales formados por la doctrina de la seguridad nacional propensos a relacionar con las guerrillas a las comunidades y a sus dirigentes; y en ocasiones han pactado con los paramilitares, como sucedió, cuando en el año 2000, entraron por el norte del Cauca los del Bloque Calima, sin que las autoridades nacionales, regionales, departamentales y municipales pudieran preverlo y evitarlo, tal como quedó claramente consignado en el libro sobre el Bloque Calima, publicado en 2018 por el Centro Nacional de Memoria Histórica.
Con respecto a la Ley 550, creo que al entonces gobernador Negret ,le tocó acogerla para el departamento, pues como lo expresa en su carta Nancy Muñoz, no quedaba otra salida, después de años de servir como sostén a liberales y conservadores que prolongaron la distribución de cuotas de poder que consagró el Frente Nacional.
También destaco la gestión que hizo para valorizar las acciones del departamento y el municipio en Cedelca, negociando las regalías de Epsa, y que desgraciadamente de poco sirvieron después, cuando esta empresa, también antiguo patrimonio burocrático de grupos políticos liberales y conservadores, debió ser prácticamente privatizada ante su inviabilidad administrativa y financiera y siguiendo la política privatizadora en boga.
Desgraciadamente a su sucesor Tunubala, con la Ley 550, le correspondió gobernar con los bancos y el ministerio de haciendas como “acudientes”, limitado a pagar deudas laborales, financieras y demandas y con reducido presupuesto para inversión. Pero ese es tema de otra columna.
