El registrador nacional del Estado Civil, con su mutación súbita de criterio, al afirmar que debe realizarse "un reconteo general de votos" sufragados para Senado de la República, en el certamen del pasado 13 de marzo, quizá angustiado por la debacle generada en el "preconteo" que se carga a la defectuosa confección del Formulario E-14 y su responsabilidad por tener a su cargo la dirección y organización de la elecciones, mandato constitucional, y ante la numerosas voces críticas de todos los sectores políticos y de opinión que claman por su renuncia, para calmar la tormenta y satisfacer compromisos, incurre en un dislate de proporciones incalculables desde el punto de vista jurídico y político, como paso a reseñarlo.
Un dislate jurídico, su "solicitud" carece de sustento constitucional o legal, pues rebasa, excede mayormente, el ámbito de competencia que le es propio dentro de las facultades señaladas en el artículo 266 de la C. P.
Desde otra perspectiva normativa "ignora", quizá por desconocimiento o impericia del ordenamiento que rige el proceso electoral, estrictamente reglado, que las causales de reclamación, a más de ser taxativas, van aparejadas del "momento" en que deben ser presentadas en el tiempo preciso luego de agotarse el proceso de votación o cierre de urnas y la subsiguiente de escrutinio en sus diversos niveles y por esta razón de fondo son "preclusivas", es decir , para su procedencia y prosperidad deben ser invocadas en el momento señalado ante las comisiones escrutadoras, sin que sea posible su alegación de manera extemporánea pues ello supondría revivir etapas superadas con la consiguiente incertidumbre del proceso revestido de firmeza, pues el acto de declaratoria de elección es de naturaleza compleja, es la sumatoria de las diversas partes o etapas que lo componen o articulan finalmente.
En el caso bajo examen, las elecciones del pasado 13 de marzo y la "solicitud" del registrador nacional constituye una clásica "vía de hecho", trastoca de manera grosera y arbitraria el ordenamiento procesal electoral, creando de forma caprichosa causales que van más allá de una interpretación sistemática y racional del ordenamiento jurídico colombiano en esta materia e invadiendo el órgano habilitado competente: Congreso de la República.
Pero hay más: ni siquiera existe un criterio de autoridad interpretativo del Consejo Nacional Electoral, de la Corte Constitucional o del Consejo de Estado que avalen la excéntrica "solicitud" del registrador y de algunos voceros de partidos políticos.
Retomando la ilación, desde el punto de vista político, la disparatada tesis del registrador abre una brecha de proporciones catastróficas sin límites, máximo cuando en el clima de polarización que vive el país y ante la inminencia de las elecciones presidenciales, surge como inevitable e inamovible que de prosperar semejante exabrupto del recuento total de los votos depositados por el Senado de la República, se siembra un precedente que conduzca a situaciones de un conflicto de verdadera guerra civil entre las partes que se sientan perdedoras y ganadoras, sea en primera o segunda vuelta; pues de seguro sin lugar a hesitación la primera y gran bandera del perdedor será solicitar el "recuento, uno a uno" de los votos antes o luego de la declaratoria de elección del presidente de la república, 2022-2026.
Entonces, como colofón de estas breves anotaciones, más le sirve al registrador y a quienes aúpan el desconocimiento del proceso del 13 de marzo, por el bien de la República, que se medite y reconozca que la fórmula del "recuento total de los votos a Senado de la República", que en sí misma es un esperpento jurídico, fruto del desconocimiento ramplón de la materia, de una parte y, de otra, por sus implicaciones frente al "precedente " que habilita de facto y ex ante el "desconocimiento" de los resultados de la elección presidencial por venir, a nadie sirve y a todos afecta de manera grave la institucionalidad y el futuro del país, internamente y en el ámbito internacional.
