La orden de la Superintendente de Industria y Comercio es defender a los usuarios por encima de todo. Un efecto de los atropellos de las empresas de comunicaciones, que han sido el pan de cada día de los usuarios. Las sanciones ejemplarizantes impuestas por la Superintendencia hacen el contrapeso de las malas prácticas. Es el caso de la multa que le impuso a Tigo Colombia por $ 304. 875.840, el pasado 6 de mayo de 2024, por parte de la institución regida por la abogada Cielo Rusinque.
La amonestación fue producto de la queja de un cliente, que quiso dejar de recibir mensajes de texto promocionales, conocidos como SMS. El involucrado había solicitado con anterioridad que le suprimieran sus datos de las listas de contactos de Tigo; no obstante, esto, la empresa ignoró la petición. La Super investigó, le dio la razón al cliente y con la resolución 22390 de 2024 multó a Tigo, de propiedad compartida entre EPM y Millicon, establecida en Luxemburgo.
Para la entidad gubernamental fue grave tanto los mensajes de texto como la negligencia de Tigo con el usuario. Aunque la actuación irregular se generó cuando el paraguayo Marcelo Cataldo estaba al mando, y quien llevaba ocho años como presidente de Tigo Colombia; pero salió a raíz de la reorganización de la compañía, que incluyó una capitalización de USD150 millones de dólares. El sucesor de Marcelo Cataldo en Tigo Colombia es el ingeniero venezolano Carlos Blanco, quien la deberá pagar e impartir directrices a sus funcionarios para que no se repita el comportamiento negligente con los usuarios. Tigo es de propiedad compartida con EMP y Millicon, en la que desde el año pasado ahora pesa duro el empresario francés, Xavier Niel, dueño del prestigioso periódico Le Monde.
La petición ignorada que le salió cara a Tigo
El cliente, como sucede en muchos casos, estaba harto de recibir mensajes promocionales y con la frecuencia con que le llegaban los mensajes a su celular. Pidió no solo la suspensión de los mismos sino la eliminación de todos sus registros, un derecho consignado en el habeas data. Si bien Tigo parecía cumplir con la solicitud, al poco tiempo, regresaba la publicidad al móvil.
El consumidor cansado de perder tiempo con sus reclamos en las oficinas de Tigo elevó su queja a la Superindustria. La organización escuchó el caso y buscó responder la pregunta ¿se respetó el derecho al habeas data del usuario? Dentro de la investigación la entidad encontró documentos donde la empresa afirmaba haber cumplido la cancelación, no fue el único dato interesante, la institución descubrió también que si bien Tigo decía haber cumplido en al menos en 4 ocasiones la solicitud de suspensión posteriormente retomaba los envíos, con la aparición de mensajes de texto posteriores al supuesto acatamiento de la petición.
Con el panorama anterior la entidad gubernamental tenía suficiente material como para poner una multa a Tigo, hoy bajo la presidencia de Carlos Blanco, por incumplir las normas del habeas data, más si para el acatamiento debió llegar una orden administrativa.
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