La falta de información sobre lo que se cocina en Cuba; el contenido autoritario del llamado Acto Legislativo para la Paz y las movidas heterodoxas dirigidas a “blindar” el proceso de La Habana, vienen minando la confianza indispensable para que el acuerdo final sea aprobado por el pueblo.
Como es bien sabido no se quiso convocar una constituyente democrática con la misión de diseñar la institucionalidad requerida para superar el conflicto. En contraste se entregaron poderes equivalentes a la mesa de negociación de La Habana, en la cual el 50 % de los integrantes son de las Farc y otro tanto del gobierno. El carácter reservado y el secretismo de estos intercambios ahora parecen devolverse, levantando desconfianza y sospechas sobre lo acordado.
Pero la cuestión va más allá. En el Acto Legislativo para la Paz hay una norma que en la práctica anula y deroga al Congreso. Tal es así porque establece que los proyectos de reforma constitucional o de ley orientados a desarrollar los acuerdos, solo podrán venir del ejecutivo, sus modificaciones tendrán que contar con el aval de este y ajustarse al acuerdo final.
Adicionalmente en las semanas recientes apareció toda una estrategia orientada a “blindar” el producto de las negociaciones. Para cumplir tal propósito los asesores oficiales, crearon la ficción de que el convenio eventualmente firmado con la insurgencia, tiene carácter de Acuerdo Especial, y por tanto pasa a hacer parte de la Constitución. Esto a partir de un entendimiento artificioso del Artículo 93 de la Carta, el cual señala que los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso y que se orienten a reconocer los derechos humanos y prohibir sus restricciones, prevalecen en el orden interno. Se integran al bloque de constitucionalidad.
Por supuesto esa interpretación es abusiva. Muchos analistas lo han advertido, lo que se firmará con las Farc no puede tener naturaleza de tratado internacional porque no se suscribe con un estado soberano, sino con irregulares alzados en armas. Además, su contenido incluirá tópicos múltiples sobre ordenamiento territorial, administración de justicia, organización del Estado, desarrollo rural y otros aspectos que en nada se refieren a los derechos humanos y su protección. Desconocer la capacidad del pueblo para reformar su Constitución y atribuir ese poder a un grupúsculo no representativo de la Nación es visto, con razón, como una traición a la democracia. Pero pretender blindar el resultado dándole carácter supra constitucional, es francamente inaceptable.
Las jugadas aludidas hacen entender que grandes nubarrones se ciernen sobre nuestra democracia y vienen radicalizando los ánimos. Muchos somos los que deseamos la paz, respaldamos la solución negociada, somos proclives a conceder perdón total a la insurgencia y no creemos que la resistencia civil sea el camino, pero tampoco estamos dispuestos a aceptar que sin contar con los electores, se abra la posibilidad de desvertebrar la Constitución, las instituciones democráticas y las garantías ciudadanas. En otras palabras, se de un salto al vacío de consecuencias insospechadas.
En el procedimiento que se viene siguiendo emergen las figuras de Álvaro Leyva y Roy Barreras a quienes amplios sectores están calificando de sofistas auténticos, zapadores del orden institucional, destructores de la confianza pública. Sofista, conviene recordar, es quien se vale de razones o argumentos aparentes para defender o persuadir lo que es falso. En otras palabras es alguien que crea la apariencia de verdad para servir sus propios fines. La estratagema de los válidos oficiales y del gobierno deja la impresión de que éste perdió la sindéresis, necesita firmar a como dé lugar para cobrar algún rédito político y salir del opresivo nivel de aceptación que registra.
Nos queda entonces una esperanza: que la Corte Constitucional
cuando revise el procedimiento, entienda que el tal blindaje
por la vía del Acuerdo Especial, es improcedente
A quienes creemos en la necesidad de preservar el espíritu democrático de la Carta, nos queda entonces una esperanza. Esta es que la Corte Constitucional cuando revise el procedimiento seguido para dar vida y poner en práctica aquellos acuerdos que desconocemos, entienda que el tal blindaje por la vía del Acuerdo Especial, es improcedente. Esto porque lo metieron a la brava en las dos últimas sesiones del segundo período, y el Artículo 375 de la Carta es muy claro al disponer que en el “segundo período solo podrán debatirse iniciativas presentadas en el primero”.
Roy Barreras quien creció en Cali, debería conocer el cuento del vivo bobo: aquel personaje habilidoso, empeñado en salir adelante de los demás, pero tan descarado que al final se pone en evidencia, recibe el rechazo general y fracasa. Como quien dice, se pega un tiro en el pie. Así están actuando los áulicos y asesores del gobierno: engolosinados con su “ballet constitucional”, pero dejando tantas dudas que en la consulta popular podría darse al traste con todo el proceso.
Más lúcidos y más comprometidos con la democracia parecieran los negociadores de las Farc. Ellos a pesar de representar el cincuenta por ciento de la miniasamblea habanera, continúan proclamando que el asunto de la paz solo puede resolverse con una Asamblea Constituyente. Su actitud tiene también otra explicación, y es que no son ingenuos, saben que un blindaje espurio no será sostenible en el tiempo.
