El militar represor, convertido en símbolo de las violaciones a los derechos humanos ocurridas hace casi medio siglo en Uruguay, se transformó en la piedra de toque para la mayor crisis del ejército en la historia uruguaya.
La destitución de seis generales de un plumazo, la renuncia del Ministro de Defensa y el subsecretario, y la ubicación bajo el foco por su negligencia o intencionalidad del funcionario de más confianza del presidente Tabaré Vázquez son las primeras consecuencias de varios temas que emergen en el año electoral del único país que, junto a Bolivia, mantiene un gobierno de los denominados progresistas del siglo XXI.
Uruguay se ha caracterizado por sus tradiciones democráticas interrumpidas por dos golpes de Estado en el siglo pasado. Uno, en 1933 y el más reciente, exactamente 40 años después. A casi cuatro décadas de la recuperación democrática, el envío de medio generalato para su casa generó una crisis que, a diferencia de las del siglo XX, no produce el conocido “ruido de sables”, tan familiar en el continente cuando el sector castrense se atribuía potestades de gobernar o entendía que era menoscabado. Remanente de considerarse una casta privilegiada al que Uruguay de 1986 no fue ajeno, cuando en la recuperación democrática los militares se negaron a ir a declarar ante la justicia y la situación derivó hacia una la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, conocida popularmente como Ley de Impunidad: producto de una transición negociada entre políticos que aspiraban al poder y militares en retirada del mismo.
Los hechos desencadenados en abril no tienen efectos menores para los militares uruguayos, ni para la izquierda gobernante. Haberle mentido un oficial a la justicia penal acerca de un crimen de lesa humanidad; luego, ocultar los generales delitos expresamente confesados por el teniente coronel retirado José Nino Gavazzo, según una versión, retrotraen al descrédito que los militares uruguayos se ganaron al sustentar una injustificada dictadura de 12 años. La versión castrense atribuye a los militares uruguayos estar pagando los platos rotos de la omisión presidencial al homologar el fallo de un tribunal de honor del ejército que no fue comunicado a la justicia como lo manda la Constitución, pese a que contenía la primera confesión de un militar uruguayo responsable de violar derechos humanos, desmarcándose de lo que era una inhumana historia de ocultamiento. Esta segunda versión es sustentada por el excomandante del ejército —destituido días antes que sus seis compañeros por haber realizado críticas al poder judicial—, devenido en candidato político, Guido Manini Ríos, quien dice haber entregado en febrero toda la documentación relativa a Gavazzo al entonces ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez. Menéndez confirmó por escrito haberlo trasladado de inmediato al presidente Vázquez, a través de su secretario y hombre de extrema confianza, Miguel A. Toma.
Justicia militar. Los tribunales de honor actuantes degradaron a Gavazzo. No por su delito de lesa humanidad, sino porque al mentirle a la justicia había hecho procesar y permanecer tres años en prisión a un camarada de armas. Aquí aplica el antiguo adagio de que la justicia militar es a la justicia ordinaria, lo mismo que la música de las bandas militares lo es respecto a una orquesta sinfónica. No existe tal justicia y pervive como un privilegio heredado de la época feudal, al igual que el fuero canónico.
Otro importante elemento emerge de este episodio inédito en la historia del país organizado modernamente a partir de 1904: el pacto mafioso entre aquellos militares que encabezaron la dictadura iniciada en 1973 y la cúpula de los tupamaros. Ambos se cimentaron en no realizar autocritica por los daños producidos a la ciudadanía uruguaya. Ambos sectores se negaron a dar datos requeridos por los familiares de los 174 desaparecidos entre 1973 y 1985, de los cuales, 34, lo fueron en territorio uruguayo y los restantes mayoritariamente en Argentina (131); siete en Chile; y dos, en Paraguay. ¿Por qué? Porque ambos grupos, enfrentados con las armas en 1972 y primera mitad de 1973, antes de la desarticulación completa de los tupamaros, pactaron 47 años atrás una tregua al fuego y realizaron acciones conjuntas violatorias de los derechos humanos de ciudadanos uruguayos. Esa parte de la historia es la que siempre han querido disimular ante la opinión pública y, sobre todo, ante las nuevas generaciones de uruguayos. Los uniformados, para mantener la versión de que derrotaron a los guerrilleros en “una guerra frontal” que salvó al país y poder mantener la falsedad de que debieron quedarse en el poder 11 años más; y los tupamaros, empeñados en reescribir una historia heroica que les asegurara una buena imagen para la posteridad.
Razones de un pacto. Ese pacto fue favorecido por diferentes factores. Además del acuerdo entre partes, hubo benevolencia del resto de la izquierda agrupada en el Frente Amplio que, en aras de llegar al poder cuando los tupamaros pidieron su ingreso a esa coalición en 1989, no le exigió a los comandados por Pepe Mujica que asumieran sus responsabilidades ante la ciudadanía sobre su ataque irracional a la democracia entre 1963 y 1972. Otro factor, fue la profusa difusión de una historia edulcorada acerca del papel de los tupamaros que violaron derechos humanos igual que sus adversarios, mediante homicidios, secuestros y atentados, aunque naturalmente debe hacerse la salvedad no menor de que los militares lo hicieron masivamente, con diferentes niveles de agresión, contra toda la ciudadanía uruguaya aplicando el terrorismo de Estado.
El pacto de solidaridad entre extupamaros y militares pertenecientes a determinada logia, se fortaleció con la ubicación de uno de los ideólogos tupamaros, el tendencioso historiador del MLN, Eleuterio Fernández Huidobro (1947-2016), al frente del Ministerio de Defensa Nacional entre 2011 y 2016. Como lo ha dicho en estos días la exjueza, Mariana Motta, que intervino en causas vinculadas a la dictadura que vienen desde hace más de cuatro décadas, Fernández Huidobro como ministro fue un obstáculo para la justicia que investigó casos de desaparecidos por los militares. Y él mismo protagonizó episodios de desprecio hacia los familiares de los desaparecidos durante la dictadura. Hoy lo confirma un excolaborador del ya fallecido F. Huidobro, el extupamaro Víctor Braccini, tras confesar que la verdad sobre la desaparición de Roberto Gomensoro hace años se conocía en el Ministerio de Defensa: “desde 2013 se sabía en la cartera que Gavazzo había hecho desaparecer el cuerpo de Gomensoro y que no había actuado solo”, dijo a El País de Montevideo el miércoles 3 de abril. Pero Braccini va más allá en sus declaraciones y se lamenta de que tras fallecer F. Huidobro, hubo un cambio en la buena relación entre militares y extupamaros. “Menéndez concebía la teoría de los dos demonios: tupas y milicos. Confrontaba con los militares”, agregó en su entrevista. Ya en 2017, Braccini divulgó una carta acusando a Menéndez de haber trabajado para “despedazar” lo creado por su antecesor F. Huidobro.
La exmagistrada Motta agregó que el antecesor de F. Huidobro en el Misterio Defensa, otro extupamaro, Luis Ratón Rosadilla, ubicado allí por el entonces presidente Pepe Mujica, también obstaculizó las investigaciones judiciales sobre posibles fosas clandestinas en predios militares. Rosadilla, actualmente ocupa un cargo de asesor en la OEA y Luis Almagro lo envía como su representante a participar de las conversaciones entre la dictadura de Daniel Ortega y la oposición nicaragüense.
El pasado que vuelve. La inadmisible propuesta de Pepe Mujica —“hay que espera que no muéramos (sic) todos para que se resuelvan estos temas”— tuvo un serio desafío en 2013, con el regreso al país de otro exjefe tupamaro, Héctor Amodio Pérez, quien aportó su versión de algunos hechos ocurridos en 1972 cuando fuera detenido por los militares. Lo que más o menos se conocía sobre la colaboración entre jefes tupamaros y oficiales que los capturaran en 1971/72 —conocido como “la tregua”—, las propuestas conjuntas de militares y tupamaros de corte nacionalista, entre otros, salieron a luz con mayor fuerza.
Fue entonces cuando, encabezados por Mujica, los excompañeros de Amodio cayeron como barra brava sobre la justicia actuante en una presión que permitiera seguir con la leyenda de bestia negra, y única, atribuida a quien retornaba a la escena política uruguaya, tras vivir 40 años con identidad falsa en España. Amodio Pérez fue erróneamente procesado en primera instancia, pero absuelto como era previsible, pues su peripecia en manos de los militares con quienes colaboró en la desarticulación del MLN-Tupamaros, había sido en tiempos de democracia, y bajo amenaza de muerte de sus propios compañeros tupamaros, que, en algunos casos, hicieron lo mismo que él respecto a entregar a la represión militar a sus compañeros. Lo diferente fue que esos mismos entregadores de militantes volcaron toda el agua sucia en una sola persona. No fue una excepción. Ocurrió en otros casos en estos movimientos en que “el poder nace de la boca del fusil”, según Mao Tse Tung. Amodio Pérez la sacó barata comparado con otros casos de ajustes de cuentas internos en la izquierda guerrillera latinoamericana, como el del poeta salvadoreño Roque Dalton, asesinado en 1975 por sus mismos compañeros, luego de ser falsamente acusado de pertenecer a la CIA.
El regreso de Amodio Pérez al Uruguay y su libro Palabra de Amodio fueron una advertencia de que por más que se quiera esconder el pasado, este siempre vuelve.
“Milicos y tupas”. Ese pacto de “milicos y tupas”, como bien titulara un libro el periodista uruguayo Leonardo Haberkorn, se resquebrajó más aún con el reconocimiento de Gavazzo, quien había mentido ante la justicia, pero lo reconoce ante sus pares en un tribunal de honor, respecto al asesinato en la tortura ocurrido en un cuartel montevideano de quien sería el primer desaparecido uruguayo: Gomensoro, cuyo cadáver en 1973 fue arrojado al Río Negro, el principal río interior uruguayo.
El sábado 30 de marzo, el mismo Haberkorn difundió en el periódico El Observador fragmentos de las actas del tribunal de honor militar que había juzgado a Gavazzo, actuaciones que no fueron trasladadas a la justicia como debió hacer el presidente Tabaré.
No debería sorprender la ambivalencia del vínculo entre tupamaros y militares que actuaron durante la dictadura en Uruguay. Por lo menos a los argentinos no debería ser extraña esa ambigüedad. En 1970, Perón le confesó al periodista Tomás Eloy Martínez que a los peronistas, según fueran de izquierda o derecha, les hablaba separadamente “en el idioma que querían escuchar”. Eso explica porque Montoneros, el movimiento guerrillero urbano más numeroso de Latinoamérica, alentado primero y combatido después por Perón, nació en la derecha católica argentina, pasó a manejar teorías prácticas guevaristas y terminó embarcando a ese país en la aventura que propició la represión del propio peronismo primero, y de los militares argentinos a partir de 1976.
Los tupamaros uruguayos, que fueron tributarios de la guerrilla argentina, en su confusa ideología primigenia, nunca elaborada posteriormente, incluyeron elementos de nacionalismo, anarquismo, cristianismo, antiimperialismos, primer castrismo, maoísmo, licuados en una visión guerrerista de la política y desconocedora de la democracia. Pepe Mujica, inició su carrera política en el Partido Nacional, en el sector de Luis Alberto de Herrera, quien sentía simpatías por Perón. El expresidente uruguayo ha hecho de su muletilla —“como te digo una cosa, te digo la otra”—, algo más que un giro verbal. No pueden extrañar, entonces, esas afinidades entre “viejos combatientes” tupamaros y militares.
Mala lección. Más grave que lo que pueda incidir este episodio en la peripecia uruguaya; que deberá ser analizado por el parlamento uruguayo; así como también deberá esperarse las actuaciones de fiscales expresamente encomendados para discernir responsabilidades varias que emergen del episodio Gavazzo, la lección uruguaya para Latinoamérica es otra y no es positiva.
Los derechos humanos son universales e indivisibles. Están todos siempre interconectados. Cuando se los deja de considerar de esa manera, como el gobierno uruguayo lo ha hecho en la situación de violaciones flagrantes a los derechos humanos de los venezolanos; y con omisiones, en el caso de los nicaragüenses, se debilitan los reflejos. Cuando se contribuye a patear hacia adelante una posible salida venezolana en la que no importa el paso del tiempo, la horrenda crisis humanitaria, las violaciones diarias a derechos elementales de la población … ocurren esas negligencias u omisiones y, entonces, ¿se puede ignorar, desapercibir o ningunear un fallo en el que un militar es degradado por haber inducido a que un camarada de armas sufriera injusta prisión durante tres años, pero no se consideró que afectara el honor militar por cometer un delito de lesa humanidad que confesó con todas las letras? Y el presidente de la república homologa ese fallo.
(*) "Dice mi padre que un solo traidor puede con mil valientes"/ (Alfredo Zitarrosa)
