"Quizá nos dan vergüenza nuestras prisiones", así comienza Vigilar y Castigar, el texto de Michel Foucault en donde realiza un ejercicio de arqueología para demostrar que no existe institución alguna que logre relacionar el poder o las prácticas disciplinarias sobre los cuerpos, tal como pretende el sistema carcelario.
Es en las “cárceles” donde se eufemiza el encierro como técnica de control de los cuerpos dentro de la economía de las sanciones; es decir, dentro de este sistema no se busca suprimir las infracciones, sino caracterizar, distribuir y administrar los ilegalismos, aceptando unos y reprimiendo otros. Esta es una de las conclusiones a las que llega Foucault para reafirmar que la prisión, como institución, ha sobrevivido y triunfado durante tantos siglos como lugar de castigo por su nivel de adaptación. De ahí que me pregunte: ¿el sistema penitenciario en Colombia ha logrado adaptarse durante a nuestros tiempos?
A partir de las cifras del INPEC de enero del 2023, decidí realizar una caracterización de la población carcelaria, para el caso de Bogotá encontré:
1. La tasa promedio de reincidencia es de alrededor de un 20% -en vigilancia, intramural y domiciliaria.
2. Las principales penas se dan por delitos de hurto, homicidio, seguido por el tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.
3. Muchos de ellos son jóvenes, específicamente un 22,3% del total de la población carcelaria.
4. El 70% de la población carcelaria no ha logrado culminar la educación básica media.
Si se revisa la infraestructura penitenciaria en Colombia, esta ha presentado una reducción, pasando en el año 1993 de 175 a 127 establecimientos en el 2023. Ello motivado por la clausura de centros penitenciarios de baja capacidad (menores de 50 plazas), lo que dio paso a la inauguración de centros de alta capacidad y a la fusión de establecimientos.
Para algunos, las cárceles en Colombia reflejan el fracaso de las políticas de justicia y denotan la estrecha relación entre la pobreza y las precariedades socioeconómicas. Incluso, en la sentencia T-762/2015 la corte constitucional se pronuncio sobre la situación carcelaria como un “estado de cosas inconstitucional”, lo cual lleva a pensar que es necesario avanzar en estrategias que permitan responder y adaptar el sistema penitenciario.
Un ejemplo de dicha adaptación es la Cárcel Distrital de Varones y anexo de mujeres de Bogotá, único centro de reclusión, certificado internacionalmente por la Asociación Americana de Correccionales (ACA), que ha logrado construir un modelo de justicia restaurativa y de resocialización. Esto gracias a una inversión de $94.000 millones de pesos en los últimos tres años, que ha significado la construcción de la infraestructura necesaria para que la población carcelaria pueda resarcir su actuar delictivo a la vez que puede acceder a una de oferta de programas de formación educativa, cultural y de atención psicosocial.
Así que me atrevo a afirmar que las lógicas de justicia restaurativa deben venir acompañadas de una gran inversión que permita dignificar la pena y la atención de los reclusos, en aras de garantizar sus nuevos proyectos de vida. Ya que las cárceles no solo se deben entender como instituciones de reclusión, sino como centros de resocialización que permitan disminuir los índices de reincidencia y brindar capacidades a la población carcelaria para reintegrarse a la sociedad.
