“No me gusta presumir cuando compro cosas caras,
Pero ayer fui al mercado y me compré dos libras de queso”
De un mensaje de Facebook
Mucha alharaca ha hecho el gobierno con el incremento del salario mínimo de 10,07 % para 2022. A primera vista la cifra parece significativa puesto que son 4,45 puntos por encima del índice de inflación (5,62% en 2021), que crean la ilusión de un incremento real para quienes devengan el mínimo legal vigente. Lo cierto es que si nos asumimos con el espíritu de un perfeccionista y vamos con mayor rigor a los detalles, nos encontramos con realidades que están lejos de ser tan halagüeñas.
Recordemos que la tasa de inflación es el valor promedio de la variación de los precios del conjunto de bienes y servicios que conforman la canasta familiar en un periodo determinado. Algunos rubros o productos quedan por encima o por debajo de ese promedio general y afectan de manera diferenciada a los consumidores, según sean sus necesidades de consumo y el valor de sus ingresos.
Al cierre de 2021 el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas, por ejemplo, subió 17,23 %, es decir, 11,61 puntos por encima de la tasa promedio de inflación (5,62) y 7,16 puntos por encima del aumento del salario (10,07).
La papa tuvo un crecimiento del 111 %; el precio de la carne de res se elevó en 33 %, los aceites comestibles en 47,48 %, la carne de aves 26,35 %, el plátano 21,06 %, las frutas frescas 24,29 %, los huevos 18,3 % y la leche 12,79 %. Una situación que se agrava por el aumento, también por encima del promedio, de los precios del transporte, 5,69 %; electricidad 9,92 % y combustible para vehículos 11,32 %, para tomar solo algunos de los que más pesan en el costo de la canasta general.
De acuerdo con los niveles de ingreso, el informe citado del Dane indica que la variación anual del IPC para los sectores más pobres fue 6,85 %, vulnerables 6,85 %, clase media 5,78 % y sectores de ingresos altos 4,39 %. Sobra explicar lo que ello significa en el aumento de la desigualdad.
Como se aprecia, tanto por la afectación por niveles de ingreso como por el de los productos que más aportaron al incremento de los precios (papa, carne, plátano, huevos, aceite…), base de la dieta alimentaria de la mayoría de los colombianos de más bajos recursos, son estos los que resultan más afectados, puesto que inevitablemente dedican la mayor parte de sus ingresos al consumo de alimentos.
La situación es preocupante cuando, de acuerdo con un estudio de la Asociación de Bancos de Alimentos y la Andi, en Colombia, antes de la pandemia el 54,2 % de los hogares vivía ya en inseguridad alimentaria, 560.000 niños menores de 5 años sufría desnutrición crónica y más de 21 millones de personas tenían dificultades para comprar la comida.
Por su parte, la Encuesta Pulso Social del Dane señala que antes de la pandemia el 90 % de los hogares comía tres veces al día, indicador que bajó a 68,9 % en noviembre de 2021; los que comen solo dos veces al día subió del 9,6 % al 29 % y los que consumen solo una vez pasó del 0,6 % al 1,9 %.
Las causas
Hay que decir que la ola inflacionaria y el peso mayor del grupo de los alimentos se presentan en prácticamente todo el mundo. En su más reciente informe, la FAO reportó que el crecimiento global del precio de los alimentos en 2021 fue del 28,1 %, el más alto en los diez últimos años. Igual situación se vive, aunque con diferencias, en la mayoría de países de América Latina, que fue la región más afectada del planeta.
Las razones son multicausales, aunque se explican en mayor medida por los efectos de la pandemia. La reactivación del consumo presentada durante 2021 luego de la contracción que se produjo en 2020 tuvo un impacto sobre los precios, en un escenario en el que la oferta global de productos se redujo por a las dificultades para mantener los ritmos de producción y por las disrupciones generadas en la cadena de suministros.
Se destaca la insuficiente disposición de contendedores y el aumento de los costos de fletes y transporte, afectados a su vez por el alza de los precios de los combustibles, y en general, de los servicios de energía.
Pero, en Colombia, como en general en América Latina, el peso del rubro de alimentos en la tasa de inflación se explica también por otro tipo de factores. Es el caso del alto consumo de productos e insumos importados, resultado de un modelo de desarrollo que antes que apoyar la producción y el mercado interno prefirió abrir las puertas a los bienes producidos en otras plazas, con el consiguiente deterioro de la producción nacional, especialmente en los sectores agrícola y pecuario, aunque también en el de la industria manufacturera.
En el caso del sector agropecuario, productos como el maíz, el trigo, el sorgo, la soya, así como cárnicos, lácteos y sus derivados, entre otros, que en su momento fueron claves en la producción agroalimentaria en Colombia, hoy son comprados con precios elevados a productores extranjeros, cuando bien podrían ser producidos internamente.
Se partió de que por vía de una mayor competencia la apertura llevaría a un sector agrícola más competitivo, pero no se tuvo en cuenta que ello requería del alistamiento de condiciones que mejoraran la capacidad productiva, además de contar con un portafolio más diverso de productos que permitiera atender la demanda interna e incursionar al mismo tiempo con opciones de éxito en los mercados internacionales.
Por el contrario, a lo que se llegó fue a un escenario de cada vez mayores desventajas con el mundo desarrollado y a poner a nuestros países en una situación de máxima vulnerabilidad.
No se dedicaron los recursos suficientes para la investigación en ciencia y tecnología; antes que diversificar, se promovió el monocultivo y se renunció a la autonomía y soberanía alimentaria; se produjo una recomposición en las estructuras de producción nacional en la que los sectores agrícola y manufacturero pasaron a jugar un papel secundario, mientras cobraron realce los sectores minero y de explotación petrolera, además del sector financiero, muy pobres en la generación de empleo y excesivamente dependientes de la volatilidad internacional.
Respecto de esto último, basta considerar la inestabilidad de los tipos de cambio, que tanto impacto ha tenido sobre los precios de los insumos y productos importados.
Otro factor que contribuyó al incremento de los precios es la mayor liquidez que se inyectó a la economía, producto de los recursos
que fue necesario transferir para atender los efectos de la pandemia. Unas trasferencias no precisamente bien dirigidas, puesto que no llegaron a quienes con más urgencia las requerían. En Colombia los grandes empresarios fueron los que más resultaron beneficiados.
Salidas posibles, perspectivas inciertas
En Colombia, contener la inflación causada por los precios de los alimentos es posible si se reconoce su enorme potencial en materia de consumo y producción agroalimentaria, que pasa por revisar el modelo de desarrollo que ha dominado en las últimas décadas y valorar la posibilidad de establecer ciertos niveles de protección frente al ingreso de productos importados. Lo dicho no implica, por supuesto, dejar de lado la oportunidad de alcanzar también un mejor posicionamiento de compra y venta en los mercados internacionales.
Para ello se requiere orientar inversión hacia sectores estratégicos, con perspectivas de mediano y largo plazo que hagan más competitivos los productos nacionales en el mercado. Son acciones que se deben complementar con programas que estimulen el acceso a tierra para los campesinos, los provean de asesoría y asistencia técnica, faciliten la obtención de crédito y ofrezcan condiciones para el almacenamiento, transporte y comercialización de sus productos. Lo anterior en el marco de proyectos de mejora de infraestructura como carreteras, vías de acceso, disposición de agua para riego, sistemas de transporte e iniciativas de electrificación rural.
Deben, además, estar en coherencia con otras políticas macroeconómicas que promuevan en conjunto la actividad productiva. El manejo de la tasa de interés no puede ser el único instrumento de control de la inflación, pues es insuficiente y puede terminar más bien en efectos contractivos.
Igual ocurre con medidas que solo busquen la consolidación y el equilibrio fiscal. Mientras el aumento de las tasas de interés encarece el dinero, es decir el crédito, lo que lleva al alza los costos de inversión para los empresarios o a restar posibilidades a los consumidores, una política fiscal restrictiva puede ser un freno a la generación de empleo y al crecimiento de la demanda agregada.
Tampoco el solo incremento del salario alcanza para corregir el conjunto de anomalías que enfrenta la economía; en Colombia no pasó de ser un distractor para la época navideña y una salida demagógica y oportunista frente a la contienda electoral en curso.
Es mucho más lo que hay que hacer en un escenario que hacia 2022 no deja mucho espacio para el optimismo, puesto que el contexto no es el más favorable. La pandemia continúa y no se descartan nuevas variantes que prolongarían los impactos negativos sobre la producción y el comercio internacional.
Se pronostica una caída del crecimiento y una inflación al alza, con un peso todavía mayor del grupo de alimentos. Se mantendrá igualmente la inestabilidad de los tipos de cambio, el aumento de los precio de la energía y, con ello, de los fletes y el transporte que tanto están pesando en el comportamiento económico mundial.
La Cepal estima una desaceleración mundial para 2022, que pasará al 4,9 % de crecimiento del PIB, después del 5,5 % alcanzado en 2021. Para América Latina, proyecta un crecimiento del 2,1 % en 2022, luego de crecer 6,2 % promedio el año pasado.
En Colombia, de acuerdo con el mismo organismo, el crecimiento pasará del 9,5 % en 2021 a solo del 3,7 % en 2022. No se debe dejar de lado que la elevada cifra de 2021 no obedece más que a la pobre base de comparación con el 2020, en donde hubo un decrecimiento de -6,8 %. El Caribe crecerá 6,1% (excluyendo Guyana), América Central 4,5 %, y América del Sur lo hará solo en 1,4 %.
Es seguro que la contracción de la producción tendrá impactos negativos sobre las finanzas de los estados, lo que es complicado cuando lo que se requiere es disponer de recursos para seguir atendiendo los efectos de la pandemia y la implementación de programas que promuevan el crecimiento. Más preocupante cuando el aumento del empleo no ha ido paralelo con el ritmo de la economía y se mantiene todavía en cifras superiores a las que se tenían antes de la pandemia.
Colombia vive una latente tensión social iniciada en 2019 y tuvo su máxima expresión entre los meses de abril y junio de 2021. Tenemos año electoral en medio de una ola creciente de inseguridad y de violencia, y un presidente que cuenta los días para salir y continuar oficialmente el largo periodo de vacaciones en que convirtió su mandato. De manera que, aparte de la celebración que en el mes de agosto hará la mayoría de colombianos en homenaje a su salida, las cosas no pintan bien. Ojalá este año a las y los electores nos ilumine la sabiduría y le demos al país la oportunidad de cambio que durante tantos años ha estado esperando.
