En el año 1949 bajo la presidencia de Mariano Ospina Pérez se fijó por primera vez el salario mínimo para los colombianos siendo este de dos pesos diarios para un total de 60 pesos al mes, reglamentado por el decreto 3871 y siendo definido por el código sustantivo del trabajo de 1950 como: “el que todo trabajador tiene derecho a percibir para subvenir a sus necesidades normales y a las de su familia, en el orden material, moral y cultural”.
Siempre me ha llamado la atención esa última parte que habla sobre la “necesidad moral y cultural”, ya que esto es subjetivo pues cada individuo tendrá necesidades morales y culturales diferentes entre sí, pero más allá de eso el término “moral” se relaciona con la honra, integridad, el decoro y la dignidad del ser humano si nos referimos en términos económicos, es decir, los colombianos deberíamos tener un salario que económicamente compense nuestras necesidades y las de nuestros familiares incluyendo aquellas que nos permitan vivir dignamente, con decoro y de forma decente en una sociedad donde la oferta y la demanda determinan nuestro estilo y calidad de vida. Hoy el salario mínimo que percibe la inmensa mayoría de los colombianos enganchados laboralmente en el sector formal de la economía está muy, pero muy lejos de cubrir esas necesidades dejándonos en condiciones socioeconómicas indignas y sobreviviendo con muchísimos esfuerzos para llegar a fin de mes con más deudas que dinero.
Pero, ya en Colombia tuvimos salarios diferenciales que tenían en cuenta por ejemplo, si el trabajador era urbano o rural, mayor o menor de edad, el tamaño de la empresa, sector de la economía, la dinámica comercial y productiva de cada ciudad y un largo etcétera. Esto causaba que el salario de los trabajadores fuera modificado más de una vez al año, solo hasta mediados de 1979 en la presidencia de Julio Cesar Turbay se empezó a fijar el incremento al inicio de cada año y buscando eliminar la discriminación existente que perjudicaba a los trabajadores rurales, es a partir de allí que se determina un salario igualitario para todo el país y con las mismas variables para todos los trabajadores que dependen del “mínimo”.
La polémica revive ya que esta semana los investigadores del Banco de la República, Luis Eduardo Arango y Luz Adriana Flórez, plantearon ante la Junta directiva de esta entidad la implementación del salario mínimo fijándolo por ciudades teniendo en cuenta factores como la tasa de informalidad y productividad de éstas como principales variables de su propuesta.
El problema radica en que para que esto suceda es necesario que a partir del primero de enero de 2018 los trabajadores que devenguen el salario mínimo en las ciudades donde hay mayor economía informal y donde, de hecho, las condiciones laborales para los asalariados son más difíciles tendría menor incremento que en las ciudades con mayor tasa de formalización, es decir, que en una ciudad como Cúcuta o Valledupar donde la informalidad es mayor el gobierno nacional le estaría diciendo a los trabajadores: “A ustedes solo le vamos a aumentar el 30% de lo que aumentó el salario a nivel nacional” ¡Un atentado para la economía de los más empobrecidos!
En ese orden, según la propuesta de los funcionarios del Banco de la Republica el aumento que se espera para el salario mínimo de 2018 solo aplicaría en su totalidad para Bogotá, Manizales y Medellín, mientras que Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Pereira, Cartagena, Tunja y Popayán recibirían solo un aumento del 75% del aumento logrado en estas negociaciones. De otro lado, ciudades como Pasto, Villavicencio, Ibagué y Neiva solo podrían aspirar a que se les otorgue el 50% del incremento esperado y como lo señalaba anteriormente, todas las demás ciudades que no están incluidas en las anteriores solo recibirían un aumento del 30% del aumento total esperado para 2018.
En cifras esto quiere decir que si el aumento del salario logrado para 2018 es del 4.5% (aumento más probable), en bogotá tendríamos un salario mínimo de $770.914, mientras que en una ciudad como Sincelejo, Santa Marta o Montería tendrían que conformarse con un salario de $ 747.307, es decir, $23.607 menos, algo así como lo que se gasta una familia promedio en el desayuno de tres o cuatro días. Es como decirle a las comunidades de Quibdó o Riohacha que estarían condenadas a no aspirar a un salario digno para beneficiar la productividad y formalidad de Bogotá o Medellín.
Esto automáticamente causaría la migración en masa hacia las ciudades donde se pague mejor haciendo que la economía de sus ciudades de origen se perpetúe en la crisis. Y la llegada a esos sitios de empresas en busca de mano de obra barata tal como pasa en ciudades como Bombay, Nueva Delhi o Camboya donde el trabajo es en condiciones de esclavitud y sobreexplotación.
Esto lo han querido comparar con países desarrollados donde el salario se determina por ciudades o regiones, olvidando el pequeño detalle que esas economías ya tienen de antemano solucionado temas sensibles como salud, educación y subsistencia básica que hoy por hoy no están garantizadas en nuestro país. ¿Nos están tendiendo una trampa?
Con este panorama, lo peor que podría ocurrir al finalizar las negociaciones para el salario mínimo es que no se llegue a un acuerdo, pues quedaríamos en manos del gobierno Santos para fijar el salario por decreto, incluyendo esta propuesta de uno de sus funcionarios y ahí sí, ¡sálvese quien pueda!
¿Y qué tal si el gobierno plantea una propuesta económica que incluya rebajar los salarios de congresistas y altos funcionarios del estado para hacer una mejor redistribución del presupuesto nacional y buscar el equilibrio económico de los colombianos? ¿Qué tal una reforma agraria donde se puedan aprovechar mejor los latifundios de los terratenientes? ¿Qué tal si los bancos devuelven un poco de sus ganancias como retribución a las tantas veces que los contribuyentes los hemos salvado de sus crisis? ¿Qué tal si se trata de cerrar la brecha económica en la que unas pocas familias son dueñas de la gran mayoría de medios de producción del país? ¿Qué tal si dejan de cargarle tanto la mano a la clase trabajadora que sostiene la economía del país? La paz también empieza por ahí.
