Tradicionalmente la Contraloría General de la República ha ejercido el control fiscal a larga distancia, desde Bogotá, sin recorrer el país para llegar a las regiones. Esa modalidad desplegada con con herramientas desactualizadas que datan de hace dos décadas está llamada a recoger, especialmente por ser un “control de causas perdidas”, “póstumo”, como lo llama el titular de ese ente fiscalizador.
La reforma que mediante acto legislativo ha propuesto la Contraloría al Congreso de la República es implantar un control fiscal preventivo, concomitante y posterior, “que nos permita llegar a tiempo y no cuando los corruptos ya han dejado las cenizas”, dijo el contralor Carlos Felipe Córdoba.
Ahora bien, algunos columnistas que han opinado al respecto presuntamente no han leído detenidamente el proyecto de acto legislativo mencionado, lo que ha dado lugar a que el contralor coloquialmente explique el problema así: En la actualidad tenemos que esperar a que roben para poderlo recuperar. De esta manera nos vemos frustrados todos los días cuando queremos evitar que se nos roben la plata de todos los colombianos; vivimos de frustración en frustración al no tener dientes para vigilar los recursos.
Las farsas o falacias a las que se refiere el contralor que se propagan son, entre otras, que la Contraloría va a coadministrar; que en materia de control fiscal se volvería a un control previo como el previsto antes de la Constitución Política de 1991 y que todo son “asustadurías”. Por el contrario, no se va a hacer “algo soterrado con este proyecto”, expresó el contralor en la Comisión Primera del Senado
Los que estarían dando la pelea para que la iniciativa del joven contralor no salga avante, “están confundiendo guayos para jugadores con jugadores paraguayos”. Además, no quieren que la Contraloría crezca, se tecnifique, siga de alguna manera los pasos de su similar la Procuraduría, como tampoco que tenga capacidad de investigación y vigilancia.
Los acompañarían en esta postura los particulares que manejan recursos públicos, que se incomodan al ser controlados. Es el caso de Electricaribe, señaló una fuente de la Contraloría, que se quedaban con el 99% de los recursos y el 1% iba al destinatario de los subsidios.
A lo anterior, el contralor señaló a los opositores al cambio en el control fiscal que “no le vamos a dar el gusto”, y aclaró que no se compadece con la verdad como ciertos columnistas y dirigentes gremiales “han querido venderle al país mentiras”. Córdoba al respecto sostuvo que seguirá en el ruedo “sin mentiras, sin vender humo, sin pan ni circo”.
Este año los corruptos se alzarán con $260 billones, fuera de los recursos que por $8 billones no recibe salud y educación, por cuenta de la evasión de aportes parafiscales, juegos ilegales y contrabando de licor, cerveza y cigarrillos, según se supo de parte de la Contraloría.
Lo que se avizora en el nuevo modelo de control fiscal en Colombia es como el transcurrir diario, en tiempo real, oportuno, vigilando a tiempo los sagrados recursos públicos. De aprobarse el acto legislativo dos serían los actores fundamentales para llevar a cabo la gran reforma al control fiscal: la ciudadanía, en la medida que será la que de primera mano sepa e informe si se están invirtiendo correctamente los recursos públicos; y de otro lado los funcionarios de la Contraloría, que deberán ser los mejores porque se elegirán mediante concurso de méritos.
El contralor alertó a todos los funcionarios en el país que “debemos estar al tanto de la inversión de los recursos, en especial en esta época electoral, para evitar que casos de corrupción manchen el ejercicio democrático”.
