“Esos mismos políticos que exigen reformar el Código Penal porque es muy 'garantista', son los mismos que gritan que no hay garantías cuando los procesan y los condenan. Al populismo penal le suman hipocresía y autoritarismo”, así empezaba un mensaje del doctor Ricardo Posada en la famosa red social Twitter, denunciando una campaña que se ha venido desarrollando de forma paulatina en el marco del crecimiento de los réditos electorales en las calles. Sus palabras en cambio de suscitar un interés limitado de un grupo de juristas deben ser la punta que despierta un sentido crítico en los colombianos.
El afamado “populismo penal”, es decir, extrapolar los problemas de inseguridad o aquellas acciones individuales lascivas y tendenciosas que se escapan a los marcos de lo regular o “normal” o un delito en algo que socialmente se juzgue, aun cuando un administrador de justicia no se haya pronunciado al respecto, como forma de proceder ha cobrado bastante popularidad no solo en espacios noticiosos sino en las álgidas redes sociales, en las cuales aparecen fiscales, jueces e incluso litigantes que esgrimen argumentos en contra o a favor de los hechos que concitan la atención pública por un día e incluso de constituirse en un acontecimiento bastante popular, por una semana.
Desde este marco de desarrollo social provienen los famosos ejercicios políticos de reformar la legislación así como cuanto código pueda ser susceptible de cambios para enriquecerlo en normas, parágrafos, literales o incisos que termina convirtiéndose para los colombianos que no somos abogados en un tedio de leer y que incluso para los profesionales del derecho se torna en toda una tarea de hermenéutica jurídica; lo cual genera que en muchos casos estos ejercicios de reforma legal terminen en una referencia literal en un código “garantista” que fecunda un parámetro normativo que en poco o nada transformará las tendencias o comportamientos de la comunidad en la cual se pretende aplicar.
Los ejercicios de reforma, discusión y enriquecimiento de las leyes son necesarios, faltaba más argumentar lo contrario e incluso despertar debates en torno a la pertinencia o no de adelantar procesos legales que conduzcan a penas de “cadena perpetua” o a castigos tales como “castración química” e incluso la popular “pena capital” que se había hecho tan popular en connotados casos de abusos sexuales cometidos en el pasado por parte de adultos en contra de menores de edad cobra relevancia en una sociedad que día a día observa como la afamada frontera moral y la conciencia social se socavan en un hueco del cual se torna cada vez más complejo salir. Sin embargo, este ejercicio también debería despertar el interés de otras partes, sería interesante observar los contrastes que desde esta rama propondrían los operadores judiciales que sin duda encontrarán dificultad de aplicar tales penas o incluso la opinión de muchos abogados que desde su labor de litigantes encuentran arbitrario que un sistema jurídico con tantos procesos e incluso con tantas fallas estructurales termine castigando o dictando pena capital a un hombre que posteriormente en otra instancia habría sido absuelto de su condena.
El contraste demuestra nuevamente que los inconvenientes ligados a la conducta y comportamiento de los colombianos no se resuelven desde la promulgación de nuevas leyes, sino que encontrarán su solución en el desarrollo de nuevas políticas de índole educativa así como prácticas culturales que demuestren que el civismo, el aprecio y la autonomía se constituyen en bases insustituibles del actuar de cada colombiano potencializando así sin duda el desarrollo sociopolítico de una comunidad en general. De nada seguirá sirviendo prohibir la venta de licores el día de elecciones o durante los partidos de la selección si los colombianos no entendemos que el festejo así como la alegría no entran en contravía con el respeto y la tolerancia de todos, incluyendo a aquellos que piensan, creen o dicen algo diferente a las creencias particulares.
Por tal motivo una postura bastante crítica respecto de estas vallas, afiches o folletos que fomentan un encrudecimiento de los castigos a los delincuentes, llamados violadores, asesinos e incluso corruptos debería conducir al tipo de ciudadano que está formando la sociedad; profundizando el debate en las minucias del comportamiento y desenvolvimiento social de los mismos para ahondar en el análisis de un prospecto de adulto cívico e integral que desdeñe las conductas lascivas que ahora tienen a cientos de colombianos inmersos en establecimientos penitenciarios.
