‘No nos engañemos, el estado colombiano siempre trata de cerrar la brecha al pobre para conllevarlo a la guerra.’ Manuel* pronuncia las palabras vehementemente mientras contemple el flujo del río Bebará que pasa frente a su pueblo natal La Villa. Su crítica se dirige al afán del gobierno Santos de atacar la minería ‘ilegal.’ ‘A través de la política del estado, se inventó que la minería es ilegal. Yo entiendo que ilegal sería la cocaína, algo que causa prejuicios a mucha gente. Pero un metal que viene de la tierra, no creo que sea ilegal.’
Bebará se encuentra en el municipio Medio Atrato. El río es un afluente del famoso Atrato, el agua que comunica los pueblos bebareños con Quibdó, la capital chocoana que queda aproximadamente a 4 horas en bote. Aquí en Bebará, en el margen del estado, no hay carreteras, clínicas médicas dotadas o estaciones de policía. Sin embargo, desde hace más de diez años sí ha logrado llegar una gran cantidad de retroexcavadoras, usadas para la minería aluvial de oro.
Mucho se ha escrito sobre la minería chocoana. Bien conocidas son las historias de deforestación, contaminación de mercurio y degradación de suelos, causadas por máquinas devastadoras que amenazan las economías de subsistencia de comunidades afrocolombianas que viven en su vecindad. Menos se ha escrito sobre las posibilidades que los chocoanos ven en la extracción de oro. En el río Bebará, la gente no tiende a criticar al gobierno nacional por su fracaso de combatir la minería mecanizada. Por lo contrario, lo critican por su insistencia de quitársela a ellos. Lejos de ser víctimas pasivas de una extracción invasora, los bebareños, al relatar su historia, se convierten en actores que sufren una brutal exclusión política y económica que incluye, pero no se limita al daño ambiental.
De la barriga a la ilegalidad
‘Usted puede tomar registro: aquí no hay ningún hueco. Todo lo hemos paisajeado y llenado. ¡No hay ni un solo pozo!’ Mientras camine con paso ligero, el minero Jefferson explica cómo él y su socio han ‘recuperado’ un terreno anteriormente trabajado con retroexcavadoras. Los dos socios son chocoanos, como la mayoría de los retreros trabajando en Bebará: una rareza en Chocó, dónde muchos mineros pesados vienen de otros departamentos e incluso otros países.
Fotos de Jesse Jonkman
Al llegar a un gran estanque de agua, la promesa de ‘ni un solo pozo’ parece ser falsa. Sin embargo, la explicación sale enseguida. Cuando uno de los trabajadores de la mina tira un puñado de comida al estanque, incontables peces hambrientos llegan a la superficie. ‘Por el tamaño era muy duro de secar este pozo,’ clarifica Jefferson. ‘Entonces, metimos cachamas. Tiene unos 8 mil.’
La reforestación no es el único logro organizativo de los dos mineros. El campamento de la mina parece una vereda pequeña. Empleados duermen en ranchitos uniformemente diseñados donde gozan de televisores y tanques para bañarse. En medio de los ranchos, hay letreros que les indican a donde botar la basura, enfatizándo que ‘las fuentes hídricas hacen parte de nuestra riqueza.’
La mina también atiende a necesidades médicas. Hay una enfermera presente y, como apoyo a la comunidad, una vez por año se manda una brigada médica a los varios pueblos del río Bebará. Ciertamente, el entable tipifica la organización de una empresa legal, pero, en ausencia de un título minero, a la vez está en plena ilegalidad, para el disgusto de Jefferson. ‘¿Cómo es posible que toda la vida he sido minero, desde la barriga de mi mamá, y que el gobierno dice que soy ilegal?’
Fotos de Jesse Jonkman
Una micro-gobernanza minera
Con respecto al cumplimiento de regulación ambiental, el entable de Jefferson no tiene equivalencia en todo el río. Aún así, su manejo llamativo sí resuena en la política comunitaria con la cual las comunidades bebareñas han buscado la formalización minera en conjunto con los consejos comunitarios vecinos del río Bebaramá.
Tal como otras comunidades negras del Pacífico, los bebareños están organizados en consejos comunitarios. Los siete consejos de Bebará – Pueblo Viejo, La Peña, La Villa, El Llano, Boca de Bebará, Boca de Agua Clara y San Francisco de Tachigadó – cuentan con un reglamento compartido en el cual se les dicta a los retreros cumplir con ciertos requisitos ambientales; entre ellos el no uso de mercurio, la siembra de árboles, la creación de pozos de sedimentación y, cuando termine el trabajo, el posterior llenado de estos pozos.
La hazaña discutiblemente más impresionante ha sido la fundación de la Asociación de Barequeros de Minería Artesanal del Medio Atrato. En ausencia de ayuda institucional, los medioatrateños iniciaron su propia gobernanza minera. Juntos con sus pares de Bebaramá, los consejos bebareños crearon la asociación en 2009 para que el ‘bareque’ fuera más reglamentado. Aquí, al hablar de bareque se refiere al trabajo rudimentario de excavar oro con batea y pala en los huecos creados por las retroexcavadoras. Puesto que los barequeros excavan su oro de taludes altos, ellos están continuamente dispuestos a derrumbes que les puedan tapar y hasta matar, tal como pasó en el municipio de Tadó donde 6 barequeros dejaron la vida el 6 de octubre de 2017.
‘Ya teníamos las retros pero había mucha desorden,’ explica Luis, uno de los líderes de la asociación.
‘Antes, los retreros por amistades permitían que unos barequeros se aprovecharan más que otros. En otras ocasiones, se iba a barequear de noche. Mucho peligro. Muchos accidentes. Hasta muertos. No había quien vigilaba.’
La asociación asegura que el bareque solo se limite a ciertas horas del día y que solo se pueda dar en días asignados. Por cuestiones de seguridad, también se les obliga a los dueños de las retros que en los días del bareque dejen el corte limpio, los taludes inclinados y las máquinas por fuera de la plana. Son los líderes de la asociación quienes vigilan estos compromisos y que no haya peleas o accidentes por derrumbes. Tanto ellos como los barequeros tienen puestos uniformes, así facilitando la identificación de quién vigila las normas y quién las infringe.
Menos verde y menos oro, pero más pueblo
Notablemente, fueron las FARC que empujaban y asesoraban la creación de la asociación minera.
Hasta el acuerdo de paz del año pasado, las cuencas de Bebará y Bebaramá eran un baluarte de su Frente 34. El uso de carnets entre los asociados barequeros, le sirvió a la guerrilla como mecanismo de control para impedir la presencia de personas indeseables en el territorio.
Frecuentemente, la minería informal se considera una caja de ahorro para grupos al margen de la ley; un instigador de violencia en zonas periferias. En Bebará, la presencia de las FARC indisputablemente trajo consigo varios enfrentamientos entre la guerrilla y el ejército, instigando así épocas de miedo colectivo y desplazamiento. No obstante, pocos bebareños maldicen la minería al referirse a estas épocas. No equiparan la minería con violencia o zozobra, sino la describen como la anatema de ellas; como la economía que en tiempos de desolación respiró vida en las comunidades.
‘En 2000, los pueblos estaban muy solos, un desierto,’ recuerda Luis. ‘No había fuente de empleo. Después de que viene la retroexcavadora, en 2003 más o menos, la gente inicia a retornar a sus comunidades. Hoy día tenemos las comunidades bastante llenas de gente. Si usted observa las casas, no las ve deterioradas, sino pintaditas con dibujos y con techo organizadito y tejas de zinc. En los años 90 teníamos casas de palma con techo de hoja.’
Los bebareños se complacen en señalar el desarrollo económico que ha traído la minería. El monte ciertamente se ve menos verde que hace 20 años, pero, aunque el bosque es importante, también lo son las viviendas y la educación. Gracias a los recursos de la retro, muchos bebareños podían mandar a sus hijos a estudiar en los colegios y universidades de Quibdó, como destaca Manuel. ‘El día que paran la mina, un campesino no tiene la posibilidad de mandar a su hijo a la universidad. ¿Quién se lo paga? Los hijos de los pobres no van a la universidad. Se mueren en las puertas en los hospitales. ¡Aquí lo hemos vivido!’
Discutiblemente, el problema más tangible de la minería de retro es que está acabando con los yacimientos accesibles de oro. Para los mineros artesanales, la gran mayoría de los bebareños, eso implica que la probabilidad de una batea llena se disminuye cada vez un poco más. No obstante, en un contexto de pocas alternativas económicas, mineros como Manuel suelen aceptar la desaparición de los terrenos fácilescomo un mal necesario. ‘Hace 450 años nos trajeron como animales y no nos han enseñado otra cosa que trabajar la minería. Forzosamente nos obligaron y nunca nos abrieron otra brecha. Ahora lo de la batea y motobomba ya se acabó. Ahora sobrevivimos con lo que traen las retros.’
Esperando la formalidad
Con la salida de las FARC de la zona se han acelerado los procesos de territorialización por parte del estado. Siendo una zona de post-conflicto y pre-formalidad – en términos mineros – las cuencas de Bebará y Bebaramá entrarán en un plan piloto de formalización minera del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Este plan piloto cuenta con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Además de la formalización, se enfocará en la restauración de áreas degradas por la minería y la creación de alternativas económicas.
Mientras las comunidades esperen el arranque del proyecto, todavía se encuentran en un limbo político de estar ‘después de las FARC’ y ‘antes de la formalidad’. Faltando el apoyo anterior de las FARC, líderes comunitarios lamentan que sus comunidades ya no les escuchan y que hoy en día las reglas del bareque valen poco. ‘Estamos sin ley,’ relata Jhon Jairo, representante legal de un consejo comunitario. ‘¡El domingo la gente se metió en el bareque a las 4 de la mañana! Yo les dije, mi gente, esperemos hasta que sea la hora. ¡Pero corrieron al hueco y casi me tumbaron! Aquí, no contamos con el respaldo del estado, sino la orden viene directamente del consejo. Pero aquí la gente solo le escucha a los que tienen arma.’
El vacío de gobernanza dejado por las FARC también implica la posibilidad de que otros actores armados no estatales entren en la zona. Eso particularmente les consterna a los retreros. Antes le pagaban una cuota obligatoria a la guerrilla, la cual les garantizaba la protección contra bandas armadas. Hoy en día tienen que valerse por si mismos. ‘Ahora estamos sueltos,’ refuta César. ‘El gobierno prometió proteger a estas comunidades cuando las FARC se entregaron, pero ahora no hay nada.’
Así, en la actual ambigüedad política, mineros como César siguen a la deriva legal, temiendo amenazas de varias direcciones. En ausencia de las FARC, no solo temen los operativos por parte del gobierno en contra de la minería sin título, sino también los posibles ataques de bandas – más o menos organizadas – atraídos por el oro.
* Los nombres son ficticios.
