Según lo registran las noticias nacionales, el Congreso de la República aprobó el presupuesto de la nación para el venidero 2021 por 314 billones de pesos. Las cifras escuetas indican que para gastos de funcionamiento se aprobó 185 billones (el 58%) y para abonar al pago de la deuda externa 70,5, mientras que para inversión solo quedan 58,5.
Esto nos indica en primer término que tenemos un alto gasto en burocracia y un elevado endeudamiento que compromete casi la cuarta parte del recurso (22,4%), mientras que un poco menos de la quinta parte (18,6%) queda para inversión. Entre estos rubros por sectores, sigue siendo demasiado grande la partida para atender el gasto militar proyectado en 39 billones, mientras que para educación 47 y para salud 35. Mientras asignaron pírricas sumas para vivienda (5,4), para agricultura (2,3), para ambiente (1,8) y para justicia (1,3).
Una simple lectura de estos guarismos nos permite evidenciar varios aspectos preocupantes del gasto del gobierno nacional. Es reprochable que los ingresos de la nación sean destinados mayoritariamente para amortizar la deuda bancaria externa, es decir, que el endeudamiento debe frenarse de una vez por todas, porque la banca amplía los plazos de amortización para seguir haciendo préstamos que comprometen los recursos naturales nacionales y disminuyen el alcance de los tributos que pagamos los contribuyentes, que deberían utilizarse en una urgente inversión social con dineros propios para el apalancamiento de la pequeña industria y una mejor calidad de vida de las comunidades.
Esta distribución de dineros estatales nos muestra el talante del gobierno durante los últimos 30 años, en primer término el mantenimiento de un clientelismo que se retroalimenta de funcionarios de libre nombramiento y contratistas con costosos salarios, que garantizan las cuotas de alianza de los enclaves electorales que tienen asiento en el capitolio, quienes en las coaliciones aprueban los proyectos de ley gubernamentales, que además distribuyen entre sus financiadores los contratos para inversión en obras civiles, infraestructuras que se demoran el doble del tiempo y cuyas cuantías engrosan superando dos y tres veces su costo inicial, ratificando que esta contratación es una de las principales fuentes de la corrupción estatal.
El otro aspecto tiene que ver con el marcado interés por darle prioridad al gasto militar, en un país donde no salimos del empobrecimiento de los crecientes sectores populares particularmente por el aumento del desempleo, en el propósito de mantener y acrecentar un pie de fuerza que es adoctrinado para soportar el monopolio de la fuerza como elemento de intimidación y de soterrada represión para mantener el estado de cosas, es decir, preservar el establecimiento y retardar la materialización del cacareado bienestar general, cuyo tejido social no encuentra una administración de justicia robustecida, por el contrario diezmada, pauperizada y cada vez más congestionada, con nuevas instituciones alentadoras como la Jurisdicción Especial para la Paz, amenazada por el movimiento electoral uribista.
Es decir, que el principio de prevalencia del interés general sigue siendo un sofisma de distracción, pues rubros para atender la vivienda y la agricultura muestran la falta de voluntad política para elevar la calidad de vida de los colombianos y formular alternativas para proyectar una seguridad y soberanía alimentaria, mientras tanto seguiremos estando sometidos por presupuestos que fomentan el crecimiento de la pobreza y el robustecimiento de un acaudalado y pequeño club de ricos, que se congracian con fenómenos aparentemente exógenos como el narcotráfico y el paramilitarismo, cualquiera que sea la denominación que se le quiera dar.
Ese pequeño club al que pertenecen los banqueros y los grandes empresarios, dueños de grandes extensiones de tierra y de poderosos medios de comunicación, que logran estigmatizar ante la opinión pública las movilizaciones sociales como la minga indígena y las opciones políticas alternativas con el único propósito de obstaculizar el acercamiento de la paz, la justicia social y el cambio de gobierno que requiere con urgencia nuestra patria.
