El 30 de octubre de 2009, cuando el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez suscribió un acuerdo de cooperación militar con Estados Unidos, provocó un malestar generalizado en toda la región. Eran tiempos de gobiernos progresistas y estos advirtieron sobre la amenaza que dicho pacto traía para la seguridad y la paz en Latinoamérica. Por aquel entonces, Unasur daba pasos firmes para consolidar la integración y defensa autónomas de sus países.
La preocupación no era infundada. El acuerdo autorizó el uso de 7 bases militares y del territorio colombiano por tropas, naves y aviones militares del Pentágono. Dos semanas antes de su firma, el Consejo de Estado había conceptuado que este no tenía ningún fundamento en tratados anteriores ni en la Constitución y que entregaba en forma unilateral beneficios sin restricción al Ejército extranjero. Lo denominó un “documento en blanco”, por cuanto dejaba abierta la posibilidad para acciones de todo tipo en Colombia.
Así, a los militares, a los mercenarios y a sus acompañantes se les otorga inmunidad ante delitos o crímenes atroces en el territorio colombiano; pueden usar cuando quieran y sin costo alguno la infraestructura de telecomunicaciones y las conexiones internacionales de señales; no pagan impuestos ni peajes y sus vehículos no pueden ser requisados. Casi un año después, la Corte Constitucional se pronunció en igual sentido.
Este es el marco preciso para entender una noticia insólita, que pareciera provenir más bien de una colonia de ultramar de hace siglos. Mediante un escueto boletín de prensa del pasado 27 de mayo, la Embajada estadounidense informó sobre la llegada de una brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad (SFAB), para ayudar a Colombia en su lucha antinarcóticos. Es una unidad especializada del Ejército, cuya misión comenzará a principios de junio y durará varios meses. Se sabe que estas brigadas están integradas por alrededor de 800 efectivos.
En palabras del Almirante Craig Faller, comandante en jefe del Comando Sur, “la misión de la SFAB en Colombia es una oportunidad de mostrar nuestro compromiso mutuo contra el narcotráfico y el apoyo a la paz regional, el respeto de la soberanía y a la promesa duradera de defender los ideales y valores compartidos”. El ministro de Defensa de Colombia, con frecuencia canciller encargado, y el comandante general de las Fuerzas Militares le restaron importancia al anuncio y señalaron que se trata de un grupo élite de carácter netamente consultivo y técnico. El presidente, por su parte, no ha considerado necesario pronunciarse sobre la brigada, la primera de este tipo que llega a Latinoamérica.
Por el boletín se supo también que trabajarán en las llamadas Zonas Futuro: Pacífico nariñense, Catatumbo, Bajo Cauca, sur de Córdoba, Arauca, Chiribiquete y los Parques Nacionales Naturales aledaños a los territorios. Sabemos que estas zonas son las más afectadas por la presencia de grupos ilegales, el asesinato de líderes sociales, la fumigación aérea con glifosato y el abandono histórico del Estado.
Sin embargo, no es difícil entender cuál es la preocupación real que le quita el sueño a Trump, a pocos meses de las elecciones presidenciales. Ante el desastre interno en su país, marcado por la crisis sanitaria, el desempleo y ahora la fuerte movilización antirracista, quiere desplazar la atención fuera de casa y estrechar el cerco sobre Venezuela. La llegada de tropas extranjeras y la inclusión entre las zonas de ocupación de Catatumbo y Arauca, ambos en la frontera, cumplen con dicho cometido.
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En medio de la pandemia Trump viene desarrollando con el gobierno de Colombia una tramoya hasta ahora fracasada
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Para lograrlo, en medio de la pandemia viene desarrollando con el gobierno de Colombia una tramoya hasta ahora fracasada: despliegue de tropas en el Caribe, oferta de recompensa por el gobernante venezolano, intentos de ingreso de armas por la Guajira y, la más grave, la fallida incursión naval del pasado 3 de mayo, con participación de mercenarios estadounidenses y paramilitares y narcotraficantes colombianos
Pero hablando de estos dos últimos, hay varias explicaciones que el presidente, su partido y el Ejército colombiano deben dar todavía. La primera son las evidencias sobre la estrecha relación de Duque con el Ñeñe Hernández y la financiación de su campaña electoral. Los intentos de su amigo el Fiscal de desviar la atención hacia el candidato opositor no resistieron un día
La segunda es el escándalo develado por la revista Semana sobre las llamadas carpetas secretas, relacionadas con la Operación Bastón. Según las revelaciones, 16 generales y varios oficiales de alto rango estarían involucrados en múltiples delitos: venta de armas y de rutas del narcotráfico, servicios de interceptación ilegal y avisos de operativos militares planeados, a la oficina de Envigado y a los carteles mexicanos; corrupción de enormes proporciones en contratos de suministros para las Fuerzas Militares; regreso de las ejecuciones sumarias o “falsos positivos”; interceptaciones a líderes políticos, sociales, sindicales y periodistas.
En síntesis, se trata de golpear todavía más el Acuerdo de paz, de derrocar al gobierno de Venezuela y de atentar contra la paz regional. Un golpe a la soberanía nacional que merece el rechazo de los sectores democráticos del país y del mundo.
El presidente Duque no ha considerado necesario pronunciarse sobre la brigada estadounidense, la primera de este tipo que llega a Latinoamérica.
