Vladimir Fernández Andrade, secretario jurídico de la presidencia de la República, navega con las misma habilidad y destreza en el mar de la política tradicional y en las aguas torrentosas de los sectores más radicales de la izquierda. Su trayectoria demuestra que sabe convivir con ambos.
Entre sus mentores en la vida pública se destaca el clan de los González Villa, una de las castas más poderosas y controvertidas del departamento del Huila, su tierra. Pero allí mismo la izquierda lo mira con el respeto y admiración reservada por ser el hijo de Orlando Fernández Polanía, líder de los trabajadores del agro y promotor del recordado paro que en 1996 le dio origen a la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, Fensuagro, adscrita a la CUT.
Nunca dejó que lo matricularan con una u otra vertiente porque, según los más cercanos a él, en su hoja de vida solo figuran cargos conseguidos a expensas de sus dotes como graduado con honores de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia. A favor de ese argumento cuenta el hecho de que ha reunido calidades para ser procurador delegado ante el Consejo de Estado, lo que lo pone al nivel de un magistrado.
Su ejercicio como litigante, sin embargo, ha dejado ver un riesgoso pragmatismo y el ejercicio extremo del derecho que lo ha tenido a punto de ir a la cárcel. Un investigador judicial que intervino en 2008 en un proceso contra Fernández por obstrucción a la justicia, le dijo a Las2Orillas que le resulta difícil creer que el hombre al que él oyó recomendándole a sus clientes el ocultamiento de pruebas para librarse de una condena, sea el mismo que hoy está convertido en la conciencia jurídica del presidente de la República. En la Casa de Nariño no se mueve una hoja sino el visto bueno de Vladimir Fernández.
La conversación a la que alude el investigador quedó registrada en audios de conversaciones interceptadas legalmente en desarrollo de un proceso ya archivado “por falta de méritos”. Para el implicado el asunto no fue más allá del temor y los sobresaltos que le produjeron una orden de detención que fue revocada.
Basado en el principio universal del derecho a la defensa, Hernández nunca rechazó la defensa de ningún político puesto contra las cuerdas. Lo hizo empezando cuando su amigos y promotores Carlos Julio y Cielo González Villa, ambos exgobernadores del Huila, se vieron vinculados en procesos penales. Aliados incondicionales del Presidente Álvaro Uribe en el departamento siguen siendo el bastión político de Cambio Radical en la región. Rigieron los destinos del departamento y de Neiva durante casi cuatro lustros.
Tampoco se negó a defender al entonces congresista Germán Olano terminó en la cárcel por cuenta del cartel de la contratación en tiempos de Samuel Moreno como Alcalde de Bogotá.
En 2018, Carlos Julio González Villa, escogido como presidente de la Federación Nacional de Departamentos, lo postuló como aspirante a la Dirección Ejecutiva de ese gremio. Sin embargo, Hernández perdió en aquella ocasión el pulso con Carlos Felipe Córdoba, finalmente elegido por la Asamblea Nacional de Gobernadores. González no lo desamparó y lo llevó al cargo de Secretario General de la Federación, donde permaneció hasta la llegada a la Dirección Ejecutiva del hoy defensor del pueblo, Carlos Camargo.
Desde de la secretaria general de la Federación fortaleció sus contactos con todos los sectores políticos porque su relación se hizo más directa con los gobernadores. La Secretaría General tenía, entre otras funciones, la de asesorar jurídicamente a las gobernaciones y a los mandatarios para resolver problemas ante las distintas jurisdicciones.
Por aquellos mismos días llegó a la Federación, como subdirectora de Fortalecimiento Territorial, Walfa Téllez Duarte, esposa del hoy fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa. Las buenas relaciones de Fernández y ella han facilitado los recientes encuentros del presidente Petro con el fiscal que han servido para zanjar diferencias alrededor de la política de paz total.
El presidente Gustavo Petro con el fiscal Francisco Barbosa
Petro parece confiar plenamente en él y ambos pasaron la página de lo ocurrido en 2010, cuando el entonces candidato a la Alcaldía de Bogotá expulsó a Fernández de su comité de empalme a causa de sus problemas judiciales. Luego lo reincorporó con el fácil expediente de culpar a los medios de comunicación por el “sensacionalismo” generado al recordar que su asesor jurídico había estado encausado penalmente.
La relación entre los dos nunca más se rompió. Algunas personas que han trabajado cerca de él aseguran que para Vladimir Fernández nunca representó una dualidad trabajar como funcionario del Ministerio Público y al mismo tiempo apoyar, tras bambalinas, al equipo jurídico que logró tumbar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la destitución de Petro como alcalde de Bogotá dispuesta precisamente por su jefe el entonces Procurador Alejandro Ordoñez.
A juzgar por hechos concretos, sus relaciones no fueron las mejores con el procurador Ordoñez. No dudó en 2016 tutelar al procurador por inconformidad en las calificaciones que obtuvo cuando aspiraba al cargo de Procurador Judicial II Delegado para la Conciliación Administrativa. Su fortalecimiento allí se dio durante la administración de Fernando Carrillo.
En su presente todo parece miel sobre hojuelas. La delegación presidencial en sus tareas es amplia y por su cedazo pasan los nombramientos más críticos. Da la última palabra sobre las habilidades y compatibilidades de algunos ministros y de altos funcionarios y hasta media en las peleas de Petro con las cortes.
Vladimir Fernández posesionando a los magistrados de la Corte
Él mismo proyecto el Decreto 2404 del 5 de diciembre de 2021, mediante el cual Petro le delegó la función de posesionar a los magistrados de las cortes, con lo que se rompió una tradición centenaria que le reservaba al Jefe del Estado la toma de juramento a los más altos jueces de la República.
La miel no ha sido amargada siquiera con las acusaciones de la ex viceministra de Minas Belizza Ruíz sobre su injerencia en los manejos de la Junta Directiva de Electrificadora del Huila, su departamento. En su defensa el secretario jurídico solo aduce que desde su posesión no ha vuelto a su tierra para evitar suspicacias.
Eso sí, toma partido a favor del talento opita. Deja deslizar que vería con buenos ojos que el próximo presidente de la Federación de Cafeteros sea un huilense. Y no niega que a él mismo le gustaría ser ternado como aspirante al cargo de Fiscal General de la Nación.
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