La discusión sobre el proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 está en ebullición, en medio de un contexto embravecido, después de haber sido presentado al Congreso por el actual gobierno, que ha urgido a aprobarlo en mayo, a más tardar, por mandato constitucional. El proyecto contempla las bases del Plan, su articulado y el Plan de Inversiones, por un valor de $1.154 billones de pesos. Aspira el gobierno a un aumento del 2.8% del PIB en el cuatrienio, demasiado modesto para las necesidades de la población y el sector productivo y a una reducción de los distintos tipos de pobreza entre 6 y 7 puntos. E introduce el llamado catastro multipropósito para aumentar su cobertura de 9,4% al 70% de los predios del país, tratando de acercar el valor catastral al valor comercial, lo que acarrearía un aumento exponencial de los impuestos prediales urbanos y rurales.
El proyecto incluye por lo menos tres temas a contrapelo de los intereses de los usuarios de servicios públicos domiciliarios, la inmensa mayoría de la población: menores subsidios, nueva estratificación y ratificación del régimen especial tarifario para el sector eléctrico de la Región Caribe. Veamos.
El artículo 88 contempla una “reasignación de subsidios de energía eléctrica para cubrir el consumo indispensable”, sujeta “al uso de tecnologías digitales de medición inteligente del consumo de energía eléctrica y a la implementación de metodologías de focalización de subsidios”. Tres graves consecuencias, de ser aprobado tal cual: 1) Focalizar subsidios es dejar por fuera a muchos usuarios de estratos bajos. 2) No aparece el estrato tres en el reconocimiento del subsidio del 15% actual, una cuarta parte de la población colombiana. 3) La medición inteligente AMI, rechazada por millones de usuarios por ser muy sofisticada, por resultar innecesaria para las mayorías que no lo requieren y porque descarga un nuevo rubro sobre las tarifas, haciendo más impagable el servicio eléctrico. Además, la reciente Sentencia C-186 de 2022 de la Corte Constitucional determinó que la “medición AMI no es obligatoria”, como ocurre en Inglaterra y otros países europeos, donde es opcional.
Ordena el artículo 251 una nueva estratificación en todo el país con “las metodologías que determine el DANE”. Siempre que se habla de una nueva estratificación, los estratos más bajos terminan clasificados en estratos más altos, con sus consecuencias negativas de menos subsidios y mayores tarifas de servicios y prediales.
Lo más inaudito, el artículo 300 deja vigente, vivito y coleando, el régimen especial tarifario para la Costa Atlántica con todos sus aumentos exorbitantes que le quitan el pan de la boca a millones de colombianos. El artículo 300 ratifica el artículo 318 de la Ley 1955 de 2019, Plan de Desarrollo de Iván Duque, que autoriza cobrar en las tarifas las inversiones futuras en forma anticipada, lo mismo que las pérdidas eléctricas reconocidas aumentadas hasta 500%, teniendo como base para los cobros el avalúo inflado de los activos de AIR-E que hizo la CREG bajo el gobierno de Duque por $2,44 billones, cuando el comprador solo pagó $285.000 millones, el once por ciento, y lo mismo en Afinia-EPM por $3,4 billones cuando solo se pagaron $320.000 millones. Los siete departamentos del Caribe, sus más de once millones de usuarios y su sector productivo, han venido exigiendo desde hace muchos meses derogar este régimen tarifario hoy en vigor y que el gobierno establezca una Mesa de Concertación Regional con las fuerzas vivas de la región para discutir y acordar la política pública del sector eléctrico. El artículo 300 les asesta una bofetada y es una rara coincidencia con el gobierno anterior.
Tras el fracaso de la llamada “justicia tarifaria” impulsada por la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, en los dos primeros meses del año 2023 la tarifa plena de energía de la empresa AIR-E en Atlántico, Magdalena y La Guajira ha aumentado 3,67% con la aplicación de la “opción Tarifaria” (pasó de $845,17 el kilovatio hora a $876,20), una especie de incremento gota a gota mensual que va minando los exiguos ingresos de la mayoría de los usuarios.
Se requiere que el Gobierno nacional y el Congreso de la República echen atrás estos artículos tan lesivos para la población y el sector productivo, ya todos golpeados por los inclementes tratados de libre comercio, que deben ser renegociados a fin de devolverle al país la soberanía y la defensa de la producción nacional.
Se está abriendo paso una propuesta que viene haciendo la Liga Nacional de Usuarios desde hace algunos años: que se autorice en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo tomar recursos del Fondo Nacional de Regalías Mineras y del Presupuesto General de la Nación para acometer inversiones en la modernización eléctrica de la Costa Atlántica, sin afectar las tarifas, algo permitido por la Ley 142 de 1994. Que el Gobierno Nacional y el Congreso de la República acojan esta propuesta respaldada por alcaldes y congresistas de la Región Caribe, gremios productivos y organizaciones de usuarios.
Norman Alarcón Rodas
Coordinador de la Liga Nacional de Usuarios de la Región Caribe
Barranquilla, 6 de marzo de 2023
