Si es muy malo que el chavismo en 20 años no haya logrado liberar a la economía venezolana de su dependencia del petróleo, resulta todavía peor que el gobierno nacional tenga el atrevimiento de presentar un proyecto de Plan Nacional de Desarrollo que insiste en convertirnos en otra Venezuela. Y no lo digo por el petróleo, obviamente, que no tenemos ni de lejos en el volumen que lo tiene nuestros vecinos, asentados sobre la mayor reserva probada de petróleo del planeta. Lo digo porque a un país que fue fundamentalmente agrícola lo estamos convirtiendo a golpe y porrazo en un país minero, con todo lo que supone este desplazamiento del centro de gravedad de su economía. Los sociólogos norteamericano celebraron en el siglo pasado la economía de nuestra zona cafetera no tanto o no solo por su rentabilidad económica sino por la estructura social que había generado, mucho más igualitaria y diversificada que la generada por la economía de grandes plantaciones y desde luego la de la minería. Y en la que una solvente clase media rural cumplía a su manera el papel que históricamente había cumplido en los Estados Unidos como motor de la economía y como sólido fundamento social de la democracia política.
La agroindustria ha generado auténticos “desiertos verdes”
que liquidan la biodiversidad y sobreexplotan los acuíferos o los contaminan.
Y la gran minería causa iguales o peores destrozos
Cierto, los días de prosperidad de la economía cafetera se han ido y probablemente para siempre, pero este gobierno como los anteriores, en vez de buscar inspiración en este notable modelo histórico para diseñar y ejecutar planes de desarrollo que revitalizaran la economía agraria sobre la base de la pequeña y la mediana propiedad, han preferido los que privilegian a las plantaciones y a la gran minería. Como lo hace evidentemente el proyecto de plan que nos ocupa, que si en su abigarramiento tiene un eje es precisamente el de promover ambas sin prestar atención a sus devastadoras consecuencias. Ni a las ambientales por mucho que en cierto sentido resulte un logro que por primera vez se consideren al agua, la biodiversidad y el medio ambiente como activos de la nación. La agroindustria ha generado auténticos “desiertos verdes” que liquidan la biodiversidad y sobreexplotan los acuíferos o directamente los contaminan. Y la gran minería causa iguales o peores destrozos. Ni tampoco a las consecuencias sociales, que las tiene y muy negativas, como lo reconoce el propio gobierno con la adopción de un plan de seguridad nacional (PSD) que incrementa sustancialmente los recursos financieros y legales destinados a incrementar el control militar y policial de los campos del país. El argumento es el de la “amenaza terrorista” - atribuida a “grupos armados organizados” y al “narcotráfico”. Pero la machacona insistencia en el mismo no puede hacernos olvidar con cuanta frecuencia se han utilizado a las fuerzas armadas para reprimir las protestas y las marchas campesinas. Que no son más que la respuesta airada a los procesos de descomposición social y de concentración de la propiedad y el ingreso asociados a la plantación y a la gran minería. En este punto resulta bien revelador que el (PSD) señale como uno de sus objetivos la persecución de “la minería ilegal”, o sea la minería que desafía el régimen oligopólico de la gran minería y cuyas consecuencias medioambientales, aun con ser negativas, no pueden compararse con los desastres naturales causados por la minería a cielo abierto.
Pero lo peor todo es que este Plan Nacional de Desarrollo supone una enorme irresponsabilidad histórica porque ante la mortal amenaza para la vida en el planeta que supone el calentamiento global propone estrategias políticas y económicas que en vez de conjurarla la agravan e intensifican.
