A cinco años de la firma del acuerdo de paz proliferan las actividades de balance y monitoreo. Son múltiples informes, foros, coloquios etcétera, algunos generales y otros particulares; sin embargo, en la presente columna me dispongo a salirme de ese redil y no poner el lente –por el momento– en un componente específico del acuerdo, sino en el perfil de una persona, el funcionario que desde agosto de 2018 asumió la responsabilidad de establecer los primeros escenarios de implementación, velar por la reincorporación de los excombatientes y garantizar la coordinación entre el gobierno y la justicia transicional, me refiero al consejero presidencial para la estabilización y la normalización, Emilio Archila Peñalosa.
Archila, el cerebro de la Paz con Legalidad
Archila llegó al gobierno de la mano de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez; en su entrada a una de las consejerías más visibles influyó esa cercanía con Ramírez y no su parentesco con el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa (a quien le coordinó el empalme en 2015); no obstante, entre los expertos, el partido Comunes y el movimiento social activado en torno al acuerdo de paz, su nombramiento no generó gran expectativa. Archila no tenía trayectoria probada en temas relacionados con el posconflicto, pues su experticia se concentraba en el derecho empresarial y financiero.
La única credencial que reportaba cierto parte de “tranquilidad” se encontraba en su votación positiva en el plebiscito y el rol menor que ocupó en la fase de renegociación.
Ahora bien, desde que asumió como alto consejero llegó pisando fuerte; primero, erradicó del discurso oficial la palabra “posconflicto”, limitando el principal legado de Santos a los contornos corrosivos de la estabilización; segundo, se encargó de introducir en el Plan Nacional de Desarrollo su visión de la implementación, simplificada en instrumentos de planeación como la Hoja de Ruta Única y el trazador presupuestal.
Tercero, reestructuró las funciones de su oficina y se pasó a convertir en un “superfuncionario”, echándose sobre los hombres responsabilidades en temas de reforma rural integral, reincorporación y sustitución de cultivos; cuarto, diseñó los pilares de la Ruta Futuro –bases de la política Paz con Legalidad– y de facto asumió como otro comisionado para la paz.
Sin duda, el papel de Archila en el arranque de la implementación del acuerdo de paz, siendo un proceso de largo aliento (2017-2031) y una corresponsabilidad directa de tres gobiernos, ha sido determinante.
El claroscuro de un gerente
Siendo uno de los funcionarios más visibles del gobierno y el único autorizado para hablar de la implementación del acuerdo de paz, en los últimos años el consejero se ha movido ante la opinión pública de dos formas.
Por un lado, buscó sacar los criterios de implementación de la politización derivada del plebiscito y en sus entrevistas tiende a hacer énfasis en la importancia de trabajar pensando en las próximas generaciones –es reiterativa su apreciación sobre una planeación de largo plazo– y plantea la necesidad de salir del “falso dilema” de amigos y enemigos de la paz; en ese objetivo le ha resultado funcional el hecho de que no es miembro del Centro Democrático.
También ha confrontado a integrantes del gobierno (así lo hizo con la excanciller Claudia Blum cuando afirmó que las disidencias eran responsabilidad del partido Comunes) y, recientemente, cuestionó las movidas del Centro Democrático durante la aprobación de la tributaria, en relación a dos artículos que desfinancian las inversiones en municipios PDET y el programa de sustitución de cultivos.
Sin embargo, esa autonomía frente al partido de gobierno resulta relativa, pues Archila se ve “atado de manos” cuando Uribe o Duque cuestionan el acuerdo de paz o atentan contra la institucionalidad para el posconflicto; por ejemplo, nunca ha dicho nada sobre la intromisión de Duque en las funciones de la JEP o cuando Uribe ha propuesto acabar con la justicia transicional.
Por otro lado, cuando lo cuestionan por los precarios avances en la reforma rural integral, los atrasos en el programa de sustitución o el asesinato de líderes sociales, Archila saca su lado más gerencial y numérico. Se ha convertido en un experto en compilar cifras, estadísticas y establecer comparaciones.
Cuando es citado a debates de control en el Congreso o presenta balances, tiende a exponer informes de los ministerios para hacerlos pasar como evidencia de la implementación (en una clara estrategia de simulación); con propiedad habla de billones aprobados por el Ocad-Paz en inversiones sin precedentes (que no se ven en los territorios) y suele echar mano del retrovisor para argumentar que recibió del gobierno anterior programas desfinanciados y carentes de planeación.
Para Archila, el acuerdo de paz no tiene un espíritu, solo lo aprecia desde una dimensión técnica y su retórica cuando cuestionan su desempeño se reduce a precisar que lo deben confrontar es con “hechos” y “cifras”.
¿Cuál será su legado?
Archila pasará a la historia como el nervio y alma de la Paz con Legalidad. Con ejecutorias para mostrar y múltiples carencias para justificar. Más allá del doble discurso del gobierno sobre la paz –con un discurso prefabricado de cara a la comunidad internacional– y su evidente falta de voluntad política, Archila se ha enfocado en avanzar en cuestiones técnicas, orientadas a establecer complejas estructuras de planeación (como la Hoja de Ruta Única); articulación interinstitucional (como las gerencias PDET) y tímidas reformas administrativas (como el traslado de la Dirección de Sustitución a la Agencia de Renovación del Territorio).
Sin detenerse en honrar la integralidad del acuerdo de paz o su potencia transformadora.
A veces, se creería que es un funcionario muy comprometido con la implementación, en algunas entrevistas se percibe frustrado porque los medios o líderes sociales no reconocen su esfuerzo o dedicación. A lo sumo, el consejero piensa que la matriz de opinión que considera que Duque ha “hecho trizas la paz” se ha posicionado sobre las valoraciones hacia sus ejecutorias. De ahí que en sus más recientes entrevistas se enfoque en afirmar que el mayor reto que tendrá el próximo gobierno será “construir sobre lo construido”.
Sin entrar a revisar con detalle su gestión, tengo claro que Archila le imprimió cierto ritmo a la implementación, eso sí, siempre alineado a un gobierno que llegó al poder desconociendo el acuerdo de paz.
Finalmente, termino este breve perfil con una anécdota. Hace algunos meses conversaba con un líder social sobre el acuerdo de paz y los problemas en su implementación; en algún punto llegamos al desempeño de Archila (algo inevitable), el líder me frenó en seco y me dijo: “El doctor Archilla tiene muy buenas intenciones, y se le nota la preocupación, pero el problema es que está atado de manos por el uribismo”.
Nada más que agregar.
