La abogada Marilú Méndez había sido nombrada directora del Cuerpo Técnico de Investigación –CTI- por el Fiscal Mario Iguarán quien se posesionó al finalizar el primer gobierno de Álvaro Uribe el 1 de agosto del 2005. Se encontraba en un congreso de Salud Ocupacional en Buenos Aires cuando una llamada de urgencia desde Colombia la forzó a salir del recinto para responder.
Estaba a punto de concluir 22 años de trabajo en la Fiscalía, a tres meses de tener derecho a su pensión, pero desde entonces todo cambió.
Su carrera arrancó en uno de las regiones de Colombia más golpeados por la guerra, el suroeste de Antioquia. Trabajó en Santander y luego, fue promovida a asumir la dirección regional de la Fiscalía Cali donde la huella del narcotráfico estaba presente en todos los rincones de la sociedad. Trabajaba amenazas, una experiencia que la llevó a conocer las entrañas de la mafia y la delincuencia y el recién nombrado Fiscal Mario Iguarán en el arranque del segundo gobierno de Álvaro Uribe en el 2006 así lo entendió.
La convocó a formar de su equipo directivo como directora general del CTI en Bogotá. Un cargo exigente y de alto riesgo que dejaba enemigos. Su rol como cabeza del CTI era volver realidad las órdenes judiciales dirigidas las confiscaciones, los allanamientos y las capturas.
Había que tener el temple y firmeza de Marilú Méndez para enfrentar la delincuencia, la violencia y la ilegalidad que se vivía en la primera década de este siglo. Y ella la tenía. Bajó su dirección en el CTI de la Fiscalía, entonces una institución apenas en formación, con poco más de diez años de existencia, incautaron el computador de Jorge 40 que estaba en manos del narco Don Antonio y, cuya información dio inicio a las investigaciones de la parapolítica.
Su trabajo de la mano del Ejército Nacional permitió ubicar el paradero de Emanuel, el hijo de Clara Rojas nacido en cautiverio cuando mientras permanecía secuestrada por las FARC junto a Ingrid Betancourt. Lograron también capturar a la poderosa reina del chance Emilce López, mejor conocida como La Gata.
La llamada con la que comenzó el calvario
La llamada desde Colombia era para advertirle del escándalo mediático que había estallado y que la tocaba. En un informe de Noticias Caracol, la periodista Julia Navarrete la había señalado de haber utilizado su poder para influir sobre Harlan Henao, el entonces director del Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad Personal, Fondelibertad, creado con Juan Manuel Santos como ministro de defensa para contratar servicios de logística para apoyar la liberación de secuestrados en plena guerra contra las FARC.
La pretensión de Méndez según la nota la periodista era logar la contratación de dos familiares suyo. La funcionaria escuchó con serenidad, tenía la consciencia tranquila y estaba convencida que a su regreso las cosas se aclararían. Hablaría con el Fiscal Guillermo Mendoza Diago quien había sido encargado tras concluirse el período de Mario Iguarán el 31 de julio del 2009.
Pero no fue así. Después de conversar con Mendoza, quien insistía en la gravedad de la situación a Marilú Méndez entendió que no tenía salida distintas a la de Una decisión catastrófica. Gravísima en lo profesional y perjudicial en lo personal: estaba a tres meses de jubilarse bajo el régimen especial para funcionarios de alto riesgo y para completar tenía en ciernes una interesante propuesta laboral en México para capacitar a la Policía Federal del DF.
La iniciativa que se le convirtió en un enredo penal
Por las características de su misión, Fondelibertad operaba como un fondo especial de gastos reservados. Existía en ese momento un convenio entre éste la Fiscalía y el Ejército y el puente entre los dos era justamente Marilú Méndez., con un manejo de responsabilidad que llevaba a tener permanentemente los ojos de todos encima.
Pero pasaron dos situaciones que dieron para generar dudas y suspicacias. Una hermana suya, quien llevaba años como contratista de las FFMM se había ganado en franca competencia una licitación con Fondelibertad para prestar servicios de aseo, y al tiempo, y por solicitud del propio director de Fondo Libertad, su ex esposo, de quien llevaba separada más de 25 años, abogado como ella, se había vinculado a la entidad para dictar cursos de capacitación en lavado de activos y en financiamiento de terrorismo, una práctica que había ejercido con las Fuerzas Armadas desde que era estudiante universitario.
Marilú Méndez vio la posibilidad de organizar, a través de su colega exesposo, un grupo de comandantes para capacitarlos también en asuntos relacionados con las tareas del CTI. La iniciativa fue aprobada por el entonces Fiscal Iguarán y se autorizó el desplazamiento desde Cali de tres investigadores para dictar la capacitación en virtud del convenio 005 entre el ejército y la Fiscalía. Una actuación constructiva para las dos instituciones se le convirtió en un tremendo lío penal.
Dos años dedicada a defender su inocencia
Por primera vez, y algo que nunca imaginó podría ocurrirle, la férrea directora del CTI se encontraba de repente del otro lado del tablero: acusada de tráfico de influencias, peculado por apropiación y falsedad en documento público. Y debía defenderse como cualquier ciudadana.
El 25 de diciembre del 2010, vino el golpe más duro: la Imputación de cargos ante la juez 59 de garantías de Bogotá. Creyó que el mundo se le venía encima.
Pero allí estaba su temple, intacto. Se aplicó con el rigor de siempre a hacer aquello que mejor sabe hacer: investigar. Solo que esta vez era en causa propia: necesitaba demostrar su inocencia. Llevó a las audiencias testigos calificados como exfiscales y militares de alto rango y aportó el único gasto que había realizado por iniciativa propio: los pasajes de Avianca para el traslado de los tres investigadores del CTI para dictar la capacitación a los militares en Bogotá.
La falsedad en documento público no fue otra cosa que la comisión autorizada para el desplazamiento desde Cali de los mismos tres funcionarios. Logró demostrar a plenitud la relación antigua de su hermana como contratista de las FFMM, anterior a su llegada al CTI.
Entre tanto Guillermo Mendoza no fue nombrado Fiscal en propiedad y llegó a ocupar el cargo la ex senadora Vivianne Morales quien tuvo un efímero paso por la Fiscalía para terminar sucedida por Eduardo Montealegre. Ambos pidieron revisar su caso.
Fueron años muy duros que golpearon a su familia. Sometidos al escarnio público sus dos hijos tuvieron que renunciar a sus trabajos. A los ojos de los colombianos la directora del CTI era una corrupta. Pero el 11 de diciembre del 2012 la Procuraduría determinó que sus dos familiares contaban con todas las garantías y recursos para manejar los contratos que habían obtenido. Pocas horas después el juez 33 también concluyó que no se había presentado ninguna irregularidad.
Más de una década después Marilú Méndez es una abogada de éxito con un bufete con expertos en todas las ramas del derecho. Cristiana creyente, siente que la vida ha sabido recompensarla. En el 2014 radicó demanda contra el Estado, que ganó en todas las instancias incluyendo en el Consejo de Estado. La Nación fue condenada no solo a indemnizarla sino al perdón público. La justicia por la que tanto ha luchado, le llegó a ella. Tardó diez años.
