Las agendas políticas que atraviesan la cotidianidad de nuestros territorios evidencian una profunda matriz de desacuerdos estructurales sobre la organización de la vida colectiva, la provisión de servicios esenciales y la generación de oportunidades. Nuestra sociedad enfrenta discrepancias sobre lo justo y la equidad ciudadana, sobre la resolución de diferencias y la manera en que asumimos las normas de convivencia. Como comunidad nacional, somos una red de regiones diversas que interpretan el país y el mundo desde ópticas muy distintas, lo que, sumado a las dificultades en el reconocimiento y comunicación de esa diversidad, genera disonancias en nuestras formas de habitar lo colectivo, lo comunitario y lo público.
El conflicto tratado de formas agresivas en nuestra sociedad no es una excepción, sino una constante. Esta dinámica, inherente a nuestras estructuras sociales y a sus precariedades, se ve exacerbada cuando es instrumentalizada por sectores políticos que reducen los debates a intereses particulares y visiones que niegan la diversidad social y profundizan exclusiones y violencias, plagando de manzanillismos y tribalismos los entornos. En medio de la inestabilidad que producen las repetidas disputas sociales y políticas, es necesario afirmar que no se trata de desconocer el papel del conflicto en la vida colectiva ni su potencial transformador, sino de explorar los mejores escenarios y estrategias para abordarlo con dignidad y respeto.
Observo que la movilización social es, en esencia, el reflejo de una vida democrática saludable
Observo que la movilización social es, en esencia, el reflejo de una vida democrática saludable. Que existan reclamaciones sobre derechos, dignidad y acceso a bienes y servicios esenciales es muestra de un proceso de concertación e inclusión en marcha. A lo largo del siglo XXI, asuntos como la relación equitativa entre el campo y la ciudad, las reivindicaciones étnicas de comunidades indígenas y afrodescendientes, las luchas por la equidad de género, las demandas urbanas por empleo, acceso a oportunidades productivas, a servicios básicos y vivienda digna, las protestas por el derecho a la vida frente a los fenómenos de violencia entre otras manifestaciones colectivas, han puesto en evidencia la necesidad de respuestas concretas por parte de la institucionalidad, sin dilaciones ni excusas.
Pero tratar las demandas sociales de diverso carácter requiere solvencia democrática; al respecto, tenemos mucho por mejorar; recientes investigaciones globales sobre confianza y capital social señalan una alarmante debilidad en la organización social del país. La desconfianza en las instituciones y organizaciones colombianas es profunda, y se suma al elitismo en las entidades gremiales, a la falencia en los procesos de representación política, a la crisis interna de los partidos, en su mayoría cooptados por intereses particulares. Atender estos desafíos en la gestión de lo común, la construcción de lo público y el fortalecimiento de la democracia, sigue siendo una tarea pendiente. Apostar por una vida colectiva más sólida y participativa es un compromiso ineludible, si queremos transformar el país. Ojalá nos alcance la tarde para rectificar el rumbo común.
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