Cómo sería de bueno que Colombia fuera un país sin dueños, que nos perteneciera a todos y cada uno de los más de 47 millones de ciudadanos de esta Nación. Habría un mayor sentido de pertenencia y sería mucho más fácil movilizar esta sociedad hacia metas comunes que permitieran realmente alcanzar objetivos tan complejos como la equidad, la solidaridad y la paz. Pero desafortunadamente, las señales que los ciudadanos del común recibimos permanentemente, van en dirección contraria. No solo tenemos una de las cifras más altas de América Latina en términos de concentración de ingresos de tierra y de riqueza —cifras que ni siquiera se analizan—, sino que los líderes, tanto políticos como empresariales, se empeñan en bajarnos de esa nube y más bien insisten en demostrar que ellos son los dueños de nuestro país.
Y empecemos por lo político. Se supone que en una democracia, que es el sistema político que tenemos, no se imponen decisiones y mucho menos nombres para ocupar posiciones de liderazgo importantes para el país. Nuestros representantes —si de verdad lo fueran—, deberían interpretar nuestros intereses, lo que se traduce en que, en una competencia justa entre distintas posiciones, debería ganar el que lograra convencer a la mayoría con argumentos sobre su transparencia e idoneidad. Obviamente cada partido político puede llegar a acuerdos sobre un nombre y presentarlo para que compita con otros nominados para alcanzar la posición en discusión.
No obstante, el espectáculo que estamos viendo a raíz del nombramiento del nuevo Contralor General de la República parecería confirmar que este país —contrario a lo que debería ser—, sí tiene dueños. Y además, estos dueños son absolutamente patriarcales: en la terna no se cumple con la obligación de incluir a una mujer. Se debería suponer que dos o tres individuos, por importantes que sean, no tomen solos la decisión en un nombramiento de este nivel, pero resulta que el presidente Santos claramente ha señalado sus preferencias y el expresidente Gaviria las suyas. Como no están de acuerdo, la prensa registra el malestar entre los que fueron grandes socios en la reelección de Santos.
Es realmente lamentable que líderes de ese nivel nos refuercen la sospecha de que esta sociedad colombiana pareciera que tuviera dueños. Esa no es una democracia por la que supuestamente luchan; así no funcionan este tipo de nombramientos en países donde sí se pueden precian de demostrar que no son ni monarquías ni regímenes autoritarios. Colombia no puede ni debe dar esa impresión, y menos dentro de sus reconocidos líderes políticos.
Parece que algo similar pasa en el sector privado, lo cual puede ser aún peor cuando de lo que se trata es de mezclar lo público con lo privado. Claro que ser el hombre más rico de Colombia le da mucho poder y el señor Sarmiento Angulo, que ha trabajado como pocos y tiene el mérito de seguir en Colombia, debe sentir que se lo ha ganado. Sin embargo, que uno de sus hombres más cercanos, Néstor Humberto Martínez, llegue a posiciones de superministro en el gobierno actual, prende luces rojas. No porque se dude de las altas calificaciones del nuevo ministro, sino porque debe quedar muy en claro su independencia del poder económico, concretamente del grupo Sarmiento Angulo. De no suceder así, de nuevo se dan más razones para creer que este país tiene dueños.
Ni en lo político ni en lo económico, las decisiones sobre los asuntos más vitales para el país pueden quedar en manos de unos pocos, por brillantes, serios y comprometidos que sean. Es necesario recordar que los colombianos queremos que se consolide nuestra débil democracia, partiendo de la realidad de que nuestro país es de todos y no tiene dueños.
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