Dalila tiene 18 años. Cuando le pregunté por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), me dijo que la política no le interesaba.
Ella simplemente me planteó que no creía en la JEP, que la JEP estaba a favor de los intereses de los victimarios y que aunque supuestamente velaba por los intereses de las víctimas, ellas eran siempre las más desprotegidas e inatendidas en todos los procesos políticos, jurídicos y sociales del país.
Le expuse que su función es la de administrar justicia transicional, al igual que conocer los delitos cometidos en el marco del conflicto armado que sucedieron antes del 1 de diciembre de 2016.
Es decir, que en la JEP está en juego el problema de la verdad en Colombia, dado que si no se conocen los hechos, lo más cercano a como realmente sucedieron, es muy difícil cambiar el estilo de pensar de nosotros los colombianos.
Pero Dalila se encogió de hombros y me planteó que en Colombia difícilmente se sabrá la verdad, dado que uno de los grandes problemas que tenemos en la actualidad es la corrupción. De modo sarcástico, me dijo: “Mire a Córdoba. Es un departamento que resalta en este tema”.
En mi intento por sensibilizar a Dalila, con el objetivo de que comprendiera que no se trata solo de la JEP como un asunto de justicia transicional para esclarecer la verdad de lo que ha ocurrido en nuestra historia reciente sino de poder reflexionar y pensar otra posibilidad de construcción social, donde el ciudadano sea el centro de la atención política para romper con el gamonalismo que caracteriza el ejercicio político en el país, ella simplemente me dijo: “No creo”.
Ante tal negación y posición pragmática de los hechos, guardé silencio.
Al quedarme sin palabras, frente a su posición certera, recordé el artículo de Pilar Lozano, escrito en el diario El País en noviembre de 1985, cuando Dalila ni aun estaba en los planes de sus padres.
Lozano titulaba su artículo ¿Narcoguerrilla en Colombia? y escribía que “[a] comienzos de 1984, el entonces ministro de Defensa, general Gustavo Matamoros, ya [había hablado] de ello. Y el embajador norteamericano, Lewis Tambs, fue el encargado de propagar un término que enlaza los dos fenómenos que más han conmovido a Colombia en los últimos años”.
Ahora resulta que, después de tener un conocimiento histórico del país, la JEP pidió la libertad de Jesús Santrich, otorgándole la garantía de no extradición, aduciendo que hubo irregularidades en el recaudo de pruebas.
De razón a Dalila no le interesa la política. Se ha hablado de falsos positivos y poco se ha resuelto. Y ahora tenemos esta decisión de independencia de la justicia en un país polarizado, arriba un nuevo debate que enloda la verdad y las relaciones internacionales, las cuales, vistas a vuelo de pájaro, plantean intervencionismo, cuando lo que está en juego es la resquebrajada economía de un país que se niega a asumir la responsabilidad de sus actos.
