Vivimos en un país donde, además de las vacunas para el COVID-19 y su aplicación a tiempo, nos llegan tarde las noticias sobre los cambios que en sus visiones del mundo y políticas emprenden otros países.
Incluso aquellos como los Estados Unidos de América, que en su condición de potencia mundial, desde el gobierno de Nixon, nos impuso la guerra internacional contra las drogas incluyendo la marihuana, cocaína y heroína, mientras en la mayoría de sus estados, como negocio de gran rentabilidad, se impone el cultivo de la cannabis para uso medicinal e industrial, obteniendo multimillonarias ganancias y de paso regulando el uso recreativo, para que de refilón, la mayoría de negros y latinos, no sigan abarrotando sus prisiones por delitos ligados con el narcotráfico.
Así como Trump, en su nefasta presidencia negó el cambio climático, en su país revivió la explotación del carbón e impulsó el contaminante fracking, en Colombia, un gobierno de su misma afinidad ultraderechista que le copió el libreto, insiste en aplicar políticas desfasadas, como la reanudación de la aspersión aérea de cultivos de coca, que a los únicos que beneficia es a los contratistas de los aviones, fabricantes de glifosato y a los capos de los carteles, ante el encarecimiento de la cocaína por escasez del producto final.
Justifican la fumigación, en la violencia y corrupción generadas por la prohibición del cultivo y procesamiento de coca, que, mientras el negocio sea desmesuradamente rentable, lo único que logra es trasladar las siembras a otras inhóspitas regiones que también serán deforestadas y donde las diversas mafias instalarán sus contaminantes laboratorios y fábricas de submarinos para transportarla.
Afortunadamente, con Biden soplan vientos de cambio en su política exterior y más con Colombia, el principal aliado de su país y donde el partido de gobierno, apostó a la reelección de Trump, confiando en radicalizar su política de auspiciar la guerra contra el narcotráfico y continuar aplazando la Reforma Agraria Integral y torpedeando a la JEP y otros cambios urgentes, para boicotear los acuerdos de paz con la mayoría de guerrilleros desmovilizados de las Farc, que aún continúan en el proceso, a pesar de lo que en este gobierno han hecho los partidarios de “hacerlo trizas”, aguijoneándolos para que vuelvan a tomar las armas y junto a las disidencias, el ELN, al que sabotearon el proceso de paz, los paramilitares de las autodefensas gaitanistas y demás bandas asociadas a carteles mexicanos, mantengan el ambiente de guerra eterna que tanto les conviene, para que entre todos, sigan asesinando a líderes de las comunidades y puedan justificar la represión indiscriminada contra la protesta social; y además sus socios: los narco-hacendados-ganaderos-palmicultores, etc., impunemente continúen deforestando selvas y apoderándose del país, junto a los avarientos grupos económicos y financieros que por debajo de cuerda morrongamente lavan y mueven billones de negocios ilícitos y cogobiernan desde la casa de Nariño, financiando congresistas, imponiendo ministros, altos funcionarios del Estado y de organismos de control, para que sigan trazando políticas económicas y reformas tributarias que les convienen, buscando mantener y extender sus privilegios en medio de la mayoría de la población cada vez más empobrecida.
Da tristeza ver cómo en un país con el clima ideal para sembrar y procesar la marihuana de uso industrial y medicinal, la regulación del negocio avanza a paso de tortuga y las autoridades se desgastan en su persecución, mientras en otros países con tierras y climas menos indicados prosperan las plantaciones y factorías para procesarla y obtener miles de millones de dólares que bien servirían para apuntalar la caída de ingresos por las decadentes exportaciones de carbón y petróleo.
Mientras tanto, quién sabe en qué anaquel del Congreso dormirá el proyecto de ley que hace unos meses presentó el senador de la Alianza Verde y precandidato presidencial, Iván Marulanda Vélez, para que el Estado legalice y regule el cultivo, uso alimenticio, medicinal, industrial y recreativo de la hoja de coca y su procesamiento, que nos permitiría obtener importantes recursos por cobro de impuestos, quitándoles el negocio a las mafias, previo acuerdo con los demás países que deben cambiar la prohibición por la legalización regulada.
