Human Rights Wacht (HRW), en cabeza de José Miguel Vivanco, acaba de publicar un informe de 144 páginas sobre desprotección y asesinato de líderes sociales en Colombia, y las limitadas acciones del gobierno nacional para proteger a dirigentes y comunidades amenazadas por diversos grupos armados que, después de la firma de los acuerdos de paz con las Farc, se tomaron vastos territorios de apartadas regiones del país.
Sobre ese particular, la Silla Vacía publicó un artículo titulado Lo que no ha hecho Duque para proteger a los líderes sociales, del que destaco los siguientes apartes:
"Colombia ha adoptado una amplia variedad de políticas, mecanismos y leyes destinados a prevenir abusos contra los defensores de derechos humanos y otras personas en riesgo. Sin embargo, su implementación ha sido deficiente" dice HRW.
Por ejemplo, señala que la militarización, que es la medida más usada por Duque para responder al asesinato de líderes sociales según hemos reporteado, no ha logrado disminuir los homicidios. Cita los casos del norte del Cauca, el Catatumbo y el Pacífico nariñense, que el gobierno no ha logrado estabilizar para la llegada de otras entidades del Estado.
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También está en pañales el Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios, creado por el acuerdo, para implementar en algunas comunidades planes colectivos de autoprotección.
Como presidente, Juan Manuel Santos inició la implementación de cuatro pilotos en San José de Uré, Guapi, Tumaco y El Tarra, pero HRW cuenta que hasta diciembre (2020) Duque no los había implementado.
El Ministerio del Interior tampoco ha avanzado en la implementación del plan para proteger y fortalecer el trabajo de los líderes de las Juntas de Acción Comunal, que son los que más matan.
Para esa estrategia, el Ministerio tiene un presupuesto de 61 mil millones pero de diciembre de 2018 al final de 2020 solo había capacitado a líderes creando algunas guías, un programa para plantar árboles y un canal de YouTube para difundir diez videos que visibilizan a los comunales, según el informe.
"El Ministerio del Interior debe implementar seis “componentes” con diversas acciones (...) La mayoría de estas medidas todavía no se han implementado", explica un apartado.
Mientras eso pasa, desde 2016 han sido asesinados 130 líderes que trabajan en Juntas de Acción Comunal.
Así mismo, resalto estos:
- "HRW resalta que las medidas adoptadas por Iván Duque están descoordinadas y funcionan a medias, están alejadas de las realidades de los líderes y no están impactando en los territorios".
- "De hecho, las Zonas Futuro, que Duque lanzó para priorizar el envío de militares y la posterior inversión estatal, solamente han empezado a implementarse integralmente en una región, el sur de Nariño, donde aumentó el número de investigadores judiciales y ha iniciado el mejoramiento de 40 escuelas y la intervención de más de 15 parques".
- "Este 'detodito' de medidas desarticulado y complejo hace que la protección a los líderes no llegue. Por eso HRW le pide a Duque que simplifique, refuerce y cumpla las estrategias de protección existentes que sí funcionan y elimine las que no”.
Con eso claro, en el Cauca, después de varios meses de paz y de desmovilizadas las Farc, ante la demora de las fuerzas armadas y entidades gubernamentales en copar apartadas regiones que dominaban los frentes desmovilizados, llegaron al territorio grupos armados como el EPL, los Caparrapos, nuevas cuadrillas del ELN, además de las disidencias, las autodefensas gaitanistas y otras bandas (paramilitares) de delincuencia organizada y posteriormente los de la Nueva Marquetalia, buscando dominar el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.
Y entre todos, en medio del Ejército y la Policía, lo que hicieron fue amenazar y asesinar a los líderes sociales que se opusieran a sus propósitos, además de aterrorizar y desplazar a comunidades de territorios donde cultivan coca, e instalar laboratorios para procesarla y enclaves de minería ilegal. También hay en marcha grandes proyectos de explotación minera, maderera, ganadera, agroindustrial y de construcción de hidroeléctricas.
Para afrontar la ineficiencia del Estado en copar zonas abandonadas del departamento en Popayán, el 10 de febrero mediante asamblea virtual, varias entidades convocadas por el gobernador Elías Larrahondo, la Asamblea Departamental, la Defensoría del Pueblo, la Asociación Departamental de Personeros Municipales, la ESAP y varias universidades públicas y privadas, organizaciones sindicales y de comunidades indígenas, negras, campesinas, juntas de acción comunal, de mujeres, etcétera, directivos de algunos gremios empresariales, representantes y senadores caucanos firmaron un pacto por la defensa de la vida, la paz y el territorio, con miras a desarrollar acciones conjuntas que eviten la escalada de atentados, atropellos y asesinatos contra diversas comunidades y sus dirigentes.
