Podría decirse que una fantasma recorre a América Latina, el fantasma de la justicia que por fin llega y que lo hace en una oleada que empezó aquí mismo con el Auto 033 del 12 de febrero de la JEP que informó que, entre 2002 y 2008, 6.402 colombianos fueron víctimas de la siniestra táctica de los “falsos positivos” que consistió en presentar estas “muertes ilegítimas” como “ bajas en combate” por “agentes del Estado”.
El protagonista de la siguiente buena nueva para la justicia en un continente falto de la misma fue Alberto Fernández, presidente de la Argentina, que el 2 de marzo pasado anunció ante el senado una “querella criminal” contra el expresidente Mauricio Macri por haber protagonizado “la mayor malversación de caudales” que recuerda su país. “El gobierno que precedió recibió el préstamo más grande de la historia- afirmó en referencia al de 57.ooo millones de dólares concedidos por el FMI de manera ciertamente irregular pocas semanas antes de las elecciones presidenciales del 28 de octubre de 2019. Y de los que 44.000 millones se esfumaron literalmente en manos de los amigos, cómplices y socios de Macri antes de que Fernández tomara posesión del cargo el 10 de diciembre de aquel año. “ No tenemos que permitir nunca más un endeudamiento asfixiante” añadió el presidente por lo que “he pedido que se inicie una querella tendente a determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y malversación de caudales que nuestra historia recuerda”.
El siguiente episodio lo protagonizó el juez de la Corte Suprema de Justicia del Brasil, Edson Fachin, que el 8 de marzo anuló todas las sentencias dictadas contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por la justicia federal del estado de Paraná e impartidas en el marco de la operación anti corrupción Lava Jato. La decisión del juez se refiere a cuatro procesos en los que Lula fue juzgado por un tribunal de primera instancia de Curitiba, a cargo del entonces juez Sergio Moro que, según la propia Corte Suprema, no tenía “la competencia jurídica” requerida para juzgar esos casos. La decisión -del magistrado fue ratificada por la Corte Suprema esa misma semana.
El 12 de marzo, la Fiscalía General de Bolivia dicto una orden de detención contra Jeanine Añez, la “presidenta interina” que se hizo con el cargo gracias al derrocamiento del presidente Evo Morales por la cúpula militar de su país en noviembre de 2019. La orden afecta también a Arturo Murillo, Yerko Núñez, Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, todos ellos miembros del gabinete de la golpista y, como ella, probablemente convencidos de que sus crímenes quedarían impunes.
________________________________________________________________________________
También me parece de justicia que el 10 de marzo, la Cámara de diputados de México aprobara un proyecto de ley para legalizar el “uso recreativo” de la marihuana
________________________________________________________________________________
Pero estas actuaciones judiciales no agotan la oleada. Porque también me parece de justicia que el 10 de marzo, la Cámara de diputados de México aprobara un proyecto de ley para legalizar el “uso recreativo” de la marihuana, que viene a complementar la medida legislativa aprobada por dicha cámara 3 años antes que legalizó el uso medicinal del cannabis. Medidas ambas que son justas, en primer lugar porque contribuyen a desmontar la arquitectura legal en la que se apoya la siniestra “guerra contra las drogas” que tanto ha contribuido a la degradación del Estado y de la sociedad mexicana. Y en segundo lugar, porque sería completamente injusto que la prohibición de la marihuana se mantuviera en México cuando el cultivo, la distribución y el consumo de esta hierba bendita están plenamente legalizados en California.
Por último y no por ello menos importante. El 2 de marzo, Isabel Brilhante, la embajadora de la Unión Europea ante el gobierno de Venezuela, abandona el país en cumplimiento de la orden de expulsión dictada en su contra el 24 de febrero por el presidente Nicolás Maduro. Quien tomó esa decisión en respuesta a las sanciones impuestas por la UE a su gobierno, incompatibles con el derecho internacional
