Están retornando al país las preocupaciones en torno al “ordenamiento territorial”, ahora como parte de la propuesta del gobierno del Pacto Histórico. El tema estuvo presente hace algunas décadas como parte de la agenda de las políticas centrales para la administración del espacio y ganó mayor atención al acercarse las discusiones que condujeron a la Constitución de 1991, para quedar plasmado en la ley 1454 de 2011. Sus ejes centrales fueron la asignación de competencias y recursos para reorganizar la administración del espacio; sin demeritar sus alcances en la ampliación de recursos presupuestales pudiera decirse que no se han producido cambios sustanciales en los equilibrios territoriales del país.
Las preocupaciones en torno al manejo del espacio, afortunadamente recuperadas, están ligadas a la profunda inequidad económica y social que afecta al país y a los arraigos de los conflictos armados que no hemos superado, ya habían preocupado a tres humanistas que dejaron honda huella en el pensamiento social y ambiental colombiano, Orlando Fals Borda, Antonio García Nossa, Miguel Fornaguera y Ernesto Guhl, dado su carácter vital para la construcción del país. En esta oportunidad, parecieran dibujarse nuevas perspectivas en el horizonte, en la medida en que este propósito converge con varios contenidos centrales del Acuerdo Final de Paz, según lo ha planteado la dirección del Estado, como son la reforma rural y agraria, los procesos de la participación popular y la sustitución de los cultivos ilícitos, comprometidos directamente con la gestión del territorio.
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Las preocupaciones en torno al manejo del espacio están ligadas a la profunda inequidad económica y social que afecta al país y a los arraigos de los conflictos armados que no hemos superado
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El conflicto social y armado que aún vivimos y los que afrontamos en torno al control de la tierra forman parte de esos mismos desequilibrios y aún más: las dificultades que nos rodean de cara a las variaciones climáticas ponen de presente la urgencia de una nueva ordenación del territorio, así como de las tareas pendientes, que hemos de asumir como sociedad. En efecto, el programa de gobierno de la administración que está dando sus primeros pasos contempla, precisamente, el propósito de un ordenamiento territorial en torno al agua como parte de sus propósitos centrales y ante los efectos de las crisis invernales no pareciera quedar otra alternativa, circunstancias que nos conducen a repensar la organización de nuestro espacio.
Cuando los pensadores que encabezan estas notas expusieron el tema ante el debate público, no era novedad en otros países que venían abordando esta problemática de una u otra manera y no era ajena a la discusión la distribución de la propiedad. Distintas teorías orientaban la planificación espacial y para nuestros autores, al menos dos series de preocupaciones orientaron sus ejercicios: de una parte, para Fals Borda y García Nossa, la construcción de una sociedad democrática que superara el centralismo derivado de la administración colonial y de otra, para Fornaguera y Guhl, la redistribución de la población y la organización política y administrativa del Estado para atender los cambios generados por las transformaciones económicas que tomaban fuerza en la segunda mitad del siglo XX. El primero de ellos destacó el peso de la gran propiedad sobre la organización económica y social de las regiones en donde predominaba, al tiempo que García propuso un conjunto de análisis centrados en la inocuidad de la reforma agraria planteada en la primera norma jurídica orientada hacia ese propósito en Colombia, la Ley 135 de 1961, considerada por él como “marginal”; sus reflexiones convergieron con una propuesta analítica sustentada en su conceptualización del latifundio como “constelación social”, derivada de su caracterización del país como “república señorial”.
La valoración del significado de la elevada concentración de la propiedad territorial en el proceso de formación de la economía nacional y su expresión en la organización del territorio no permeó, sin embargo, a las agendas de las agencias orientadoras de la organización estatal, en particular del Banco Mundial. Dejando de lado esta consideración, sus políticas condujeron al país hacia un proceso de descentralización administrativa, pero sin tocar el problema de la propiedad agraria. Con ella se inició el tránsito hacia el “adelgazamiento” del Estado, que tomaría cuerpo en la ley 1454 de 2011, un instrumento para la administración del territorio, presentada como estrategia para su democratización pero que no conduciría a la transformación del régimen agrario.
La persistencia de este régimen, evidente en los ejercicios censales realizados durante este período, ha conducido a la profundización de los desequilibrios regionales en las condiciones del desenvolvimiento económico del país. Como consecuencia, en los espacios marginalizados, en los cuales se han refugiado las poblaciones excluidas por las dinámicas de un régimen de la propiedad rural profundamente excluyente y dominado por la gran propiedad, se ha producido una creciente vulnerabilidad ante los impactos de las variaciones climáticas. Hemos construido un régimen agrario que, a su vez, ha determinado un ordenamiento territorial adverso a la preservación de las aguas y del patrimonio ambiental y humano. La nueva administración del Estado, al buscar una organización del territorio dirigida hacia la preservación de estos bienes de la nación habrá de contemplar entonces, una profunda transformación en los patrones de distribución de la propiedad.
