La extradición del jefe del Clan del Golfo y la negativa a la moción de censura al Ministro de Defensa se traducen en un impedimento al conocimiento de la verdad y en una burla contra las víctimas
Dos situaciones enmarcaron el panorama político del país el miércoles 4 de mayo, en la primera, un hombre es trasladado por la calle 26 de la capital desde las instalaciones de la DIJIN rumbo al aeropuerto el Dorado con la finalidad de ser entregado a la DEA para su extradición a Estados Unidos, luego de que se levantara por parte del Consejo de Estado la restricción a dicho proceso ante la tutela presentada por las víctimas y admitida por este organismo el pasado 28 de abril. El hombre extraditado es Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel.
La segunda situación se presentó en el modernizado Salón Elíptico del Congreso de la República, espacio en el cual, luego de resaltarse las virtudes de la actualización del recinto, se realizó la votación de la moción de censura promovida en contra del Ministro de Defensa, Diego Molano, moción que fue negada por más del 80% de miembros de la Cámara de Representantes.
Las situaciones descritas plantean un panorama en común, la negación a la reparación, verdad y no repetición para las víctimas de un conflicto que se agudiza en la medida que se acercan las elecciones presidenciales. Fue el mismo ministro que salió indemne del Salón Elíptico del Congreso, quien celebró no solo la negativa a la moción de censura, sino también, la firma de la extradición del jefe del Clan del Golfo, una rápida maniobra que coincide con la lista de 63 nombres vinculados a esta organización paramilitar, entregada por parte de Otoniel a la Jurisdicción Especial para la Paz.
Son más de cien procesos judiciales los que se adelantan en Colombia contra Otoniel, que le vinculan a una amplia gama de crímenes, en tanto que principalmente tres procesos son los que originan su extradición: narcotráfico, tráfico de armas y homicidio selectivo. La moción de censura contra el Ministro Molano, no menos culpable que Otoniel, se adelanta por haber revivido en el país la macabra tradición de asesinatos extrajudiciales conocida como falsos positivos.
En lo corrido del año, según cifras de Indepaz, se han perpetrado 36 masacres que han dejado a su paso 133 víctimas, entre ellas destacan los 13 asesinatos de la masacre en Alto Remanso perpetrada por las fuerzas militares el pasado 28 de marzo, hecho que condujo a la moción de censura contra el ministro Molano. Indepaz también afirma que van 59 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos en el 2022 así como 17 asesinatos de firmantes del acuerdo de paz. Todo ello revela la intención por parte del gobierno de dejar la paz a un lado, de no colocarla como el centro, cuyo foco a su vez son las víctimas.
En la alocución presidencial que se realizó exaltando las virtudes de haber extraditado a Dairo Antonio Úsuga, el presidente Iván Duque, estableció una comparación del jefe del Clan del Golfo con Pablo Escobar, quizá con el ánimo de que su historia presidencial quede enmarcada como el periodo en el cual se extraditó a un emblemático criminal. Pero desde otra perspectiva, se podría comparar al presidente Iván Duque, con el exmandatario Álvaro Uribe, quien procedió de igual manera cuando se llevó a cabo el proceso de Justicia y Paz, impidiendo que los perpetradores de masacres, violadores de derechos humanos, los desmovilizados paramilitares, contribuyeran a la verdad, siendo extraditados justo en el momento que los nombres que resultaban implicados en sus confesiones, resultaron molestos para el mandatario.
En su discurso, el presidente Duque también afirmó que nadie está por encima del Estado Colombiano, sin embargo, esta extradición muestra de qué manera la Rama Ejecutiva pretende estar por encima del propio Estado y cómo la nación norteamericana dicta órdenes a Colombia. La extradición del jefe del Clan del Golfo y la negativa a la moción de censura al Ministro de Defensa, se traducen en un impedimento al conocimiento de la verdad, en una burla a las víctimas, que como lo afirma Silvia Berrocal, víctima de la masacre de la Chinita, quien firmó también la acción de tutela para impedir la extradición de Otoniel: da tristeza que el gobierno haga eso, que permita que lo manden a Estados Unidos porque se nos lleva la verdad.
Finalmente, y quizá los hechos que constituyen la cereza del pastel, cómo ha de responder el gobierno en cabeza no solo del presidente, sino también de su ministro de Defensa por la fuga de alias Matamba, perteneciente a la banda del extraditado, a quien según afirma el periodista Gonzalo Guillen en un twiter del 2 de mayo se le liberó por parte del propio gobierno, , con la finalidad de asesinar al candidato presidencial Gustavo Petro. Candidato que tuvo que suspender las visitas programadas al Eje Cafetero los días 3 y 4 de mayo ante la amenaza que representa el grupo criminal La Cordillera que estaría planeando atentar contra su vida.
