En medio de la realidad nacional marcada por la movilización social y la exigencia de generar cambios en el rumbo que está tomando el país con las apuestas del gobierno nacional, la población capitalina comienza a enterarse que la discusión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), propuesta por la administración Peñalosa, tiene un capítulo más. Luego de su hundimiento en el Concejo Distrital y cuando se pensaba que era un asunto finalizado, un auto expedido por el Consejo Superior de Cundinamarca le ordenó a esta Corporación reabrir la discusión del POT y tomar una decisión de fondo en un plazo de trece días (cinco días para el primer debate y 8 para el segundo), incluso modificando artículo por artículo de manera “técnica” y no “política”.
Aunque el auto publicado el 26 de noviembre señala que el hundimiento del POT en el Concejo configura un desacato a la sentencia emitida en el año 2014 por el Consejo de Estado que le ordena a los municipios, de la cuenca del río Bogotá, proteger esta fuente hídrica en un plazo máximo de tres años, es bastante polémico. Varias razones pueden argumentarse al respecto. En primer lugar, la Magistrada firmante, Nelly Villamizar, es la misma que recientemente le ordenó a la Corporación Regional de Cundinamarca (CAR) implementar la sustracción de la reserva Van der Hammen, tal como lo propone el alcalde distrital. En segundo lugar, sin desconocer su importancia para la ciudad, la discusión del plan sobrepasa la descontaminación del río como única causal para reabrir un debate apresurado. Por último, vuelve a dejar en el limbo jurídico el ordenamiento territorial en la capital hasta que no se resuelvan los recursos de apelación y las demandas que se anuncian desde diferentes instancias.
Nadie discute que actualizar el POT es un asunto prioritario. Es un hecho que las actuaciones urbanísticas y de uso del suelo en la ciudad se ejecutan bajo el Decreto Distrital 190 de 2004 cuando las condiciones espaciales y poblacionales eran muy distintas a las que se expresan hoy en el territorio. Los problemas que causa esta situación son diversos: crecimiento urbano desordenado, afectaciones ambientales, planificación desactualizada, inequidad social y espacial, entre otras. Sin embargo, la aprobación del plan no debe ser el resultado de una imposición, lo más sensato es que esta tarea sea emprendida por la alcaldesa electa a partir de enero de 2020 en un ambiente menos polarizado, tomando las lecciones aprendidas que dejan los gobiernos de Petro y Peñalosa.
Ese camino debe contemplar, por lo menos, cuatro aspectos centrales. En primer lugar, es necesario superar la visión del ordenamiento territorial como un asunto ligado a la postura particular de un gobierno por una perspectiva de largo plazo, acorde con las prioridades y la realidad de la ciudad, que ubique en el centro de la discusión la mediación entre los intereses del mercado, los derechos y la diversidad de la población. Tampoco se trata de botar a la basura más de seis años de trabajo. Las dos administraciones avanzaron en la actualización de diagnósticos, documentos cartográficos, estudios de carácter técnico y propuestas para ordenar el desarrollo de la ciudad. En ese escenario es fundamental identificar lo positivo para mantenerlo y modificar lo que no se considere pertinente y adecuado, teniendo en cuenta las proyecciones del Censo 2018, los conceptos emitidos por el Consejo Territorial de Planeación Distrital (CTPD), la CAR y los análisis y documentos elaborados por las universidades y las organizaciones sociales que participaron en las discusiones del POT.
En segundo lugar, gran parte del fracaso de las dos administraciones anteriores se encuentra en su empeño de ordenar la ciudad por decreto, de espaldas a la población, sin una discusión colectiva con múltiples sectores, desconociendo las dinámicas de participación y movilización. El POT es un asunto que le compete a todos los habitantes, y como tal se requiere darle valor a la acción ciudadana, reconociendo el carácter diferencial del territorio (barrial, local y zonal) y la concertación en todas las fases: formulación, aprobación y control ciudadano a la implementación, más allá del formalismo de la socialización y la información.
En tercer lugar, sin los apasionamientos del debate electoral, el eje transversal del POT debe ser la dimensión socioambiental. Ello implica proteger e integrar los ecosistemas naturales que ocupan el 25% de la capital, reducir las 8.000 toneladas de residuos sólidos que actualmente produce la ciudad, disminuir la contaminación del aire, orientar el desarrollo urbanístico a través de un modelo de ocupación compacto y fortalecer las estrategias de cambio climático como un asunto central en las decisiones de política pública.
Por último, en la discusión del POT es necesario fortalecer la visión regional sin imposiciones, dejando de lado la consideración de que Bogotá es un espacio aislado. Para ello, es fundamental conversar con los alcaldes de los municipios vecinos, llegar a acuerdos y esquemas de coordinación en asuntos tan sensibles como la movilidad, las políticas tributarias, la protección de la estructura ecológica principal, el manejo de los impactos ocasionados por la expansión desordenada de la vivienda o la seguridad. En juego está en la calidad de vida de más de nueve millones de personas que residen en Bogotá y la Sabana.
No obstante, es necesario esperar las decisiones que tome el nuevo gobierno de Bogotá. Eso sí, una señal positiva es la conformación de la comisión de empalme del POT, integrada por docentes, especialistas en planificación, ambientalistas, organizaciones sociales y sectores de gobierno. También es importante la decisión de la alcaldesa electa de trabajar por entregarle a la ciudad un instrumento de ordenamiento territorial por consenso, sin contemplar su expedición por decreto. En todo caso, desde ya, es esencial no solo motivar la participación de la ciudadanía en este nuevo proceso de diálogo que inicia en pocos meses sino garantizar su intervención de manera activa.
