El estampido de cinco disparos dejó en suspenso el centro de Leticia, capital del departamento de Amazonas.
Era la mañana del pasado 10 de septiembre de 2021 cuando un hombre delgado y mal encarado se acercó hasta la puerta de la litografía Colombia, donde Fabio Grueso Rodríguez, un cliente del local, esperaba ser atendido mientras revisaba los mensajes de su celular.
El sicario disparó a Fabio Grueso en la cabeza. Grueso cayó al piso y allí el atacante terminó de vaciar el arma sobre él. Otros dos tiros se incrustaron en el cráneo. Los transeúntes fueron testigos de la manera asombrosa como Grueso se levantó y buscó a tientas una moto taxi para que lo llevara a la Clínica Leticia. Los médicos le dieron atención, pero lo único que deseaba Grueso, en medio del dolor y su esfuerzo por no perder el sentido, era llamar a su familia para que lo sacara de inmediato del departamento.
A las seis y quince minutos de la tarde, ocho horas después de haber sufrido el atentado, el avión que lo llevaría a Bogotá logró sacarlo de Leticia. Aunque los disparos dañaron su ojo derecho, destrozaron su nariz y su garganta antes de incrustarse en la cabeza y en el cuello, Fabio Grueso se sentía mas seguro al aterrizar en la capital del país.
Este aspirante a una curul de la Cámara de Representantes en 2022 estaba seguro de que —como lo denunció días después ante la Fiscalía General de la Nación— detrás de la agresión contra su vida se escondían los tentáculos de un amplio carrusel de políticos y contratistas locales, quienes—según él— han participado en contratos amañados que han derivado en sobrecostos, incumplimientos y obras inconclusas, muchas de las cuales había denunciado semanas atrás en diversas entrevistas a medios locales y círculos políticos de Amazonas. (Escuche entrevista en radio de Leticia el 18 de agosto de 2021):
Bajo este escabroso ataque parece ocultarse un entramado extenso de corrupción amazónica, la cual desde hace años ha condenado al departamento al atraso por culpa de alcaldes, gobernadores y funcionarios públicos encarcelados, destituidos e investigados por delitos relacionados con contratos irregulares que han comprometido, por ejemplo, la alimentación de niños, niñas y adolescentes del departamento.
Las denuncias contra el círculo de gobernantes regionales, locales y funcionarios, y contratistas no han cesado desde que el procurador general de la nación, Fernando Carrillo, a pocas semanas de dejar la entidad en 2020, denunciara el desgreño en la administración departamental. También desde que la Fiscalía radicara un escrito de acusación el mismo año en la Corte Suprema contra el actual gobernador del Centro Democrático de Amazonas, Jesús Galdino Cedeño, y sus secretarios de gobierno, Cristian Camilo Aldana Salazar; y de Educación, Víctor Manuel Mora, y la funcionaria Marcela Velásquez, por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, al firmar un convenio aprovechando la declaración de emergencia nacional a raíz de la pandemia.
El contrato en cuestión por 429 millones debía suministrar alimentación a miles de niños en condición de vulnerabilidad por el confinamiento decretado, dentro del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Para la Fiscalía se violaron principios de la contratación estatal como la transparencia, economía y responsabilidad. En pocas palabras, el gobernador habría suspendido de forma unilateral a un contratista previo que pudo haber atendido el suministro de alimentos, para hacer contratación directa con una nueva empresa.
Los responsables de este nuevo contrato son Dora Liliana Cuéllar y Édgar Iván Guevara Cuéllar (madre e hijo), quienes, al parecer, por diversas denuncias en curso, estarían reclamando bajo amenaza el pago sin los sustentos de ley a funcionarios de la administración del gobernador Jesús Galdino Cedeño.
Estos contratistas (Dora Liliana Cuéllar y Édgar Iván Guevara Cuéllar), de acuerdo con una denuncia realizada ante las autoridades, supuestamente habrían amenazado a la secretaria de Educación de la gobernación, Risoneydi Correa Suárez. Los hechos ocurrieron el pasado 2 de noviembre de 2021, cuando la funcionaria Risoneydi Correa y la supervisora del contrato de alimentación, Shirley Noriega, fueron abordadas en la sede pública por Édgar Iván Guevara Cuéllar, quien habría reclamado con gritos e insultos de grueso calibre el pago total del mencionado contrato de alimentación escolar. (Escuche grabación el pasado 2 de noviembre de 2021, del contratista Édgar Iván Guevara Cuéllar y la secretaria de Educación, Risoneydi Correa):
Ese mismo día, el entonces procurador regional, Miguel Hugo Miranda Nieto, no solo solicitó ante las autoridades protección para las funcionarias de la gobernación supuestamente amenazadas, sino que también denunció que había sido víctima de amenazas por parte de Édgar Iván Guevara Cuéllar.
En la noticia criminal recibida por las autoridades, el procurador regional reitera que las amenazas contra su vida se habían originado con ocasión de adelantar procesos preventivos y disciplinarios generados por presuntas irregularidades en los contratos de alimentación escolar entre la gobernación de Jesús Galdino Cedeño y la empresa Representaciones Amazonas S. A. S. de Édgar Iván Guevara Cuéllar y Dora Liliana Cuéllar, entre otros procesos irregulares que se encontraban durmiendo el sueño de los justos. (Ver noticia criminal hecha a las autoridades por parte de entonces procurador regional, Miguel Hugo Miranda Nieto):
No era la primera vez que el procurador regional, Miranda Nieto, notificaba a las autoridades por recibir presiones y amenazas por reactivar procesos que su antecesor había engavetado, varios de los cuales comprometían al gobernador Jesús Galdino Cedeño y sus contratistas. El 17 de septiembre de 2021 solicita a su jefe, el vice procurador general de la nación en Bogotá, Antonio Emiro Thomas Arias, una cita urgente para notificar que teme por su seguridad y para que se garantice el desempeño de sus funciones de vigilancia y control en su sede regional. Ya para entonces, la nueva procuradora general y ficha del Centro Democrático, Margarita Cabello, llevaba ocho meses en la entidad sin que se produjeran avances de las investigaciones contra la corrupción en Amazonas empezadas por su antecesor, Fernando Carrillo. (Ver oficio de procurador regional a su jefe el viceprocurador general de la nación):
Al parecer, el procurador regional, Miranda Nieto, no exageraba, pues de acuerdo a las denuncias hechas por varios funcionarios de la administración departamental, los hechos de violencia no cesaron, como lo demuestran registros visuales y sonoros en poder de los investigadores.
Dos semanas después, el pasado 30 de septiembre, el secretario de gobierno, Cristian Camilo Aldana Salazar, en ese momento gobernador encargado, al parecer recibió el siguiente mensaje amenazante de parte de alguien que las autoridades investigan si se trata de Édgar Iván Guevara Cuéllar. El hombre que insulta y amenaza no solo le dice fríamente a Aldana Salazar que “usted pudo haber llegado muy lejos en la política”, sino que además le reclama el pago de una “plata” y que “sino me va a pagar, dígame de una vez cómo es la vuelta”. (Oír mensaje de voz a secretario de gobierno, Cristian Camilo Aldana Salazar):
Después de esta llamada, el 30 de septiembre de 2021 unos hombres en motocicleta agazapados a la media noche, prenden fuego al vehículo del secretario de Gobierno, Cristian Camilo Aldana Salazar. (Ver video de dos hombres prenden fuego a vehículo del secretario de Gobierno, Cristian Camilo Aldana):
Pocas semanas atrás, el 22 de julio de 2021, una cámara de seguridad registra el instante en que un individuo en moto lanza varios petardos que por poco prenden fuego al vehículo del gobernador, Jesús Galdino Cedeño. Aunque el gobernador Galdino Cedeño anunció en la asamblea departamental que denunciaría la agresión, no hay evidencias de que así lo haya hecho. Llamé en varias oportunidades al funcionario departamental, Galdino Cedeño, para oír su versión frente a estos graves hechos pero no respondió a mi solicitud. (Ver video de individuo lanza petardos contra vehículo de gobernador, Jesús Galdino Cedeño):
Pese a estos tenebrosos casos de corrupción amazónica, el pasado 10 de noviembre de 2021, el atemorizado procurador regional, Miguel Hugo Miranda Nieto, quien adelantaba investigaciones contra el carrusel de corrupción departamental, no solo no recibe la protección solicitada para garantizar su función de vigilancia en Leticia, sino que se entera del decreto a través del cual la procuradora general de la nación, Margarita Cabello, cuota del Centro Democrático, lo retira del cargo amparándose en la Ley 262 de 2000 que reglamenta la discrecionalidad de la institución en tal decisión. El funcionario retirado, Miguel Hugo Miranda Nieto, entrevistado para este artículo fue enfático: “no estoy conforme con la decisión de la Procuraduría General de la Nación porque yo estoy amenazado por las mismas personas que le dispararon al señor Fabio Grueso y que han amenazado a las otras personas y funcionarios”, dijo. (Ver decreto 1483 del 10 de noviembre de 2021):
Pese a las investigaciones que adelantan la Fiscalía, la Contraloría y la Corte Suprema, no se han logrado mayores avances sobre el esclarecimiento de este entramado de atentados y amenazas denunciadas. De estos hechos violentos hay ya una captura. Se trata de Hugo Brayan Lores Ospina, alias Lacho, el hombre que al parecer es la cabeza de una banda que opera en esa frontera colombo-brasileña, y a quien las autoridades investigan si fue el sicario que disparó contra el candidato a la Cámara de Representantes, Fabio Grueso Rodríguez.
Lo que sí es evidente cada día que pasa es que la corrupción amazónica entre funcionarios y contratistas del departamento parece que no va a parar y que podría causar más hechos graves que lamentar.
