La investigación por la violación de topes a la campaña presidencial de Gustavo Petro estuvo paralizada durante meses en el Consejo Nacional Electoral a la espera de lo que dijera el Consejo de Estado. Por lo menos eso era lo que decían.
¡Ahora que llegó el documento, esperemos que esto sí avance!
La lentitud de esta investigación ha sido un trago amargo para los ciudadanos porque vemos cómo avanza la destrucción del país día a día. Pareciera que las instituciones no han entendido que en la urgencia de salvar al país el tiempo es oro.
Nos alegra que el Consejo de Estado se haya pronunciado y que lo haya hecho en el sentido de ratificar que el Consejo Nacional Electoral sí tiene la competencia para investigar administrativamente la campaña presidencial de Gustavo Petro; que puede, incluso, llegar a sancionarla. Lo que no puede, y eso estuvo claro desde el principio, es tomar la decisión de retirar o no del cargo al presidente de la República, ni juzgarlo penal o disciplinariamente. Eso nunca estuvo en duda, sin embargo, se perdieron meses enteros.
Lo que no se sabe es qué va a pasar ahora en el Consejo Nacional Electoral. No se sabe si sus magistrados van a honrar el título de magistrados o si van a comportarse como comisarios de los partidos políticos. Según la ley, deberían actuar como magistrados, es decir, como jueces apegados a lo que dice la ley que deben hacer.
La cosa es muy complicada porque vivimos la realidad absurda de que los partidos políticos han decidido darle a Petro una especie de patente de corso para que haga y deshaga durante los dos años que ellos creen que le faltan para terminar su período. Algo así como que los partidos políticos han decidido permitirle hacer hasta pa´vender bajo el supuesto tácito de que se vaya en 2026.
Si lo que digo no fuera verdad, los partidos políticos ya les hubieran exigido a sus miembros en la Comisión de Acusaciones que se abriera la investigación a Gustavo Petro por la violación de los topes. Todos los partidos tienen miembros en la Comisión de Acusaciones y hasta ahora ninguno se ha parado a exigir que la Comisión funcione. Hasta ahora ninguna bancada de ningún partido se ha parado en la Cámara de Representantes o en el Senado a exigirles a los miembros de la Comisión de Acusaciones que cumplan con su deber.
En la Comisión de Acusaciones hay representantes del Centro Democrático, de Cambio Radical, del Partido Verde, del Partido Liberal, de la U, del Partido Conservador y, obviamente del Pacto Histórico. Inclusive hay representantes de las curules de paz regionales. Y hasta ahora ninguno se ha parado a exigirles a sus colegas que no sigan trampeando a la Constitución y a los ciudadanos. Ninguno ha cumplido con el deber de denunciar a los investigadores de bolsillo que le pusieron a Petro. Ninguno se paró a exigirle a Wadid Manzur que se retirara de la presidencia de la Comisión ante las denuncias de corrupción tan evidentes.
Pero volvamos al Consejo Nacional Electoral que es donde la investigación sobre los topes debe tomar un nuevo aire. Las dudas surgen porque allí, al igual que en la Comisión de Acusaciones, el origen de sus miembros también está en los partidos políticos. No obstante, es este el punto donde hay que marcar la diferencia imprescindible: según la Constitución y las leyes, los miembros del Consejo Nacional Electoral son magistrados que ejercen funciones de justicia y tienen la obligación de hacerlo apegados a la ley. Es decir que no son congresistas y no están cubiertos por la inviolabilidad de sus opiniones y sus votos. Es decir que ellos sí deben responder ante la ley por sus actuaciones.
Los magistrados dl CNE no son congresistas y no están cubiertos por la inviolabilidad de sus opiniones y sus votos
-¿Qué deben hacer, entonces, los magistrados?
En concreto, estudiar y decidir la ponencia que presentaron los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada.
Los magistrados Prada y Ortiz presentaron una ponencia muy profesional y rigurosa. Cuando uno va leyéndola siente que va pegado al cronómetro de un reloj suizo que lo lleva día a día, evento a evento, documento a documento, hasta la conclusión de que no existen dudas de que los topes fueron violados en un monto de $ 3,524,406,351 pesos, un exceso que representa el 11.4% de la cifra máxima permitida.
Colombia necesita con urgencia que la sala plena del CNE nos diga si la investigación de los magistrados Ortiz y Prada dice verdades o mentiras, si es cierto o no que la campaña de Gustavo Petro violó los topes.
Ni los colombianos ni la Constitución estamos esperando que los señores magistrados nos respondan a qué partido político pertenecen, ni si simpatizan o no con Gustavo Petro y su forma de gobernar, ni mucho menos si los partidos a los que pertenecen forman parte de la coalición de gobierno o no. De ninguna manera. Lo que estamos esperando es que tomen la decisión correspondiente a las pruebas que presentaron sus colegas magistrados Prada y Ortiz, quienes fueron delegados por ellos para que adelantaran la respectiva investigación.
Por favor señores magistrados, es urgente que fallen en derecho y rápido.
