En un país, en el que aún se están surtiendo etapas procesales y se ordenan capturas alrededor de magnicidios ocurridos en la década de los 80 del siglo pasado, un proceso penal que dure seis años no es, desafortunadamente, nada sorprendente. La sentencia leída por la jueza Paula Astrid Jiménez esta semana, con la que se cierra la primera instancia por lo menos, de uno de los procesos judiciales más publicitados de los últimos años en nuestro país, suscitó un debate acalorado sobre nuestro sistema judicial, sus alcances y sus falencias.
Hay que empezar diciendo que muy pocas, pero muy pocas de las 22 000 muertes violentas que se dan en un año en nuestro país (cifra de 2016), logran titulares y, muchas menos, alcanzan el grado de notoriedad y seguimiento periodístico y mediático del novelón de la muerte de Luis Andrés Colmenares. Las razones para tal notoriedad tienen que ver con factores de tiempo, modo, lugar, pero sobre todo, con el papel de algunos de sus protagonistas. Un grupo de estudiantes de la Universidad de los Andes. Una fiesta de disfraces en una discoteca cerca a la Zona T en el Norte de Bogotá. Mucho alcohol. Un noviazgo joven. Una primera pelea. Una familia guajira. Unas familias bogotanas. El Parque del Virrey. Un cuerpo que casi no aparece. Testigos falsos. Jóvenes detenidos. Fiscales investigados… dos versiones diametralmente opuestas sobre lo que pasó.
El caso Colmenares, a diferencia de otros casos judiciales famosos como el de O.J. Simpson (doble homicidio con arma blanca en el que se mezclaron temas de tensión racial, manejo de evidencia, celos, violencia doméstica, dinero, gran cubrimiento mediático y discriminación), empezó con la pregunta por las causas de la muerte. Es decir, a diferencia de las novelas negras que parten de un homicidio y que giran alrededor de la búsqueda del homicida, en este caso, desde el principio, existía la posibilidad de que fuera un accidente de tragos universitarios. Trágico y absurdo, pero poco taquillero.
Desde el principio, existía la posibilidad
de que fuera un accidente de tragos universitarios.
Trágico y absurdo, pero poco taquillero
Lastimosamente, varios de los capítulos de esta gran novela negra son resultado directo de las actuaciones de las autoridades y sobre todo de sus errores y excesos. A pesar de que la justicia acaba de declarar que la muerte de Luis Andrés Colmenares fue un accidente, las actuaciones erráticas, incompletas y poco rigurosas de varios entes y funcionarios durante estos años, y especialmente durante los primeros meses de la investigación, hicieron poco por acercarse a la verdad y mucho, eso sí, por disparar la imaginación popular y los ánimos de venganza. Empezando con los bomberos que llegaron al Parque del Virrey en la madrugada del 31 de octubre de 2010 y quienes concluyeron, erróneamente, que el cuerpo del joven no estaba en el túnel debajo de la Carrera 15 cerca de donde lo vieron por última vez. Las 12 horas que pasaron antes de que otros bomberos efectivamente ingresaran al túnel y encontraran el cuerpo sirvieron para legitimar teorías de muerte, traslado y abandono del cuerpo en etapas posteriores del proceso. El primer fiscal del caso, Edgar Saavedra, falló rotundamente al no pedir los videos de más de 10 cámaras de seguridad de la zona, las cuales habrían dado luces sobre los últimos minutos de vida de Colmenares (así en el momento no se sospechara un asesinato, era una prueba fundamental para establecer lo ocurrido). Muy seguramente estos videos podrían confirmar o desestimar la versión de Laura Moreno sobre la carrera solitaria de Colmenares por el parque oscuro que terminó en su caída al caño y que siempre ha sido cuestionada por la familia de la víctima. Finalmente, hay que señalar y lamentar la actuación del segundo fiscal del caso, Antonio Luis González, quien es investigado por varios delitos presuntamente cometidos mientras conducía la investigación y quien es el responsable de montar la tesis central del asesinato a partir del testimonio de tres falsos (y condenados) testigos. Debido a esta tesis y a un informe forense fuertemente cuestionado en la sentencia del pasado lunes ingresaron al proceso el exnovio de Laura Moreno y un grupo de escoltas y se posicionó la idea de que Colmenares había sido golpeado en estado de indefensión con una botella por Carlos Cárdenas y luego arrojado al caño. Un juez y el Tribunal de Bogotá absolvieron a Cárdenas y tumbaron la versión de la Fiscalía, pero ya la opinión pública estaba tan concentrada en los capítulos centrales de la novela que pocos oyeron este veredicto.
No se puede, como han querido algunos comentaristas, culpar al padre de Luis Andrés Colmenares de los vaivenes y problemas del proceso. Como víctima está en su derecho de solicitar que se investiguen todas las líneas que considera pueden aclarar la dolorosa muerte de su hijo. Su situación, sus posiciones, sus excesos y la pasión con la que ha enfrentado esta dura prueba son previsibles y entendibles en cualquier ser humano. Los que no pueden perder de vista sus objetivos, sus medios y su apego a la verdad y a la ley son las autoridades. Sin importar la presión mediática o los prejuicios generalizados, los investigadores y fiscales tienen la obligación de llevar a cabo los procesos de manera seria, estructural y rigurosa ateniéndose a los hechos y a la valoración responsable de las pruebas.
Han sido los errores, la falta de rigor y la mala fe de ciertos funcionarios los que han dejado abierta la puerta para especulaciones, señalamientos, cacerías e injusticias. Mientras se escribía la novela, desaparecía la verdad procesal.
