En el 2021 se cumplen 30 años de la Constitución Política de Colombia. Hace algunos días Chile eligió la Asamblea Nacional Constituyente para transformar la realidad heredada de la era Pinochet, ello nos hace reflexionar y preguntamos: ¿Colombia requiere una nueva constitución o sencillamente aplicar la existente?
La sociedad colombiana cumple hoy un mes de movilización en las calles en medio de un paro nacional azuzado principalmente por una reforma tributaria que en la coyuntura del inicio de las manifestaciones fue presentada ante el congreso de la república para su trámite, claramente esta reforma contenía elementos que eran nocivos principalmente para la las clases medias y bajas de la sociedad, implicando incremento en el tributo y gravámenes indirectos con aspectos tales como sobrecosto a los insumos para los productores, sobretasa a derivados del petróleo que junto con los peajes incrementaría el costo del transporte, procesos que serían transferidos al consumidor final.
Pero decir que la reforma tributaria fue el motivo del paro no sería del todo correcto, en tanto el paro se había convocado con antelación a dicha propuesta, con un pliego único de emergencia que contiene seis puntos esenciales, podríamos afirmar sin temor a equivocarnos que la reforma atizó el fuego de la desigualdad que se expresó con mayor crudeza con el manejo que se ha dado a la pandemia, con una sociedad en la que el hambre ha sido la constante y donde el gobierno nacional dio del todo la espalda a sectores sociales y populares, hecho que se ratifica en las cifras del Dane con incremento de los niveles de pobreza monetaria en el país, al igual que el aumento en las cifras de desempleo donde los sectores poblacionales de mujeres y jóvenes son los más damnificados.
Se han presentado diversas situaciones en medio de este paro, quizá la más dramática y que hace parte de la fase previa al inicio de cualquier tipo de negociación corresponde a las garantías para poder llevar a cabo la protesta social, se esperaba que el día 27 se emitiera este acuerdo refrendado con la firma del presidente, pero no fue así, ya que el gobierno nacional genera una dilación cumplido un mes de protestas exigiendo que el comité de paro levante los bloqueos que según se enmarca están generando desabastecimiento y perdidas que ascienden a un monto de entre 13,5 y 15 billones de pesos, estimación de algunas agremiaciones, pero a ello habría que aclarar que el desabastecimiento que genera inseguridad alimentaria es una constante de vieja data en el país, ya que como se reporta en las ENSIN del 2010 y 2015, más de la mitad de los hogares colombianos no tienen acceso bien sea por suministro o recursos a una dieta esencial, es decir no tienen sus necesidades básicas satisfechas.
La no firma de las garantías para iniciar el proceso de negociación se da en medio de la victoria con 69 votos de partidos como Cambio Radical, el Conservador, la U, el Centro Democrático y partidos cristianos, para la derrota de la moción de censura contra el ministro Molano quien no le ha explicado al país los más de 500 desaparecidos, la cifra que asciende a más de 50 asesinados y las innumerables violaciones a los derechos humanos en medio de las manifestaciones, y que encabeza un discurso en el cual los calificativos siguen siendo de terroristas y vándalos hacia quienes se manifiestan, discurso que involucra a las disidencias FARC y al gobierno venezolano de encabezar las protestas en el país, negando con ello que hay un pueblo en las calles, realizando exigencias justas que hacen parte de deudas históricas de gobiernos sucesivos que han representado a sectores específicos de las élites política y económica nacional.
La caída de la reforma tributaria, el retiro del proyecto de ley 010 de reforma a la salud que prendía profundizar el sistema de mercado en este derecho fundamental, la no celebración de la Copa América en el territorio que ha hecho históricamente parte del show para esconder la realidad, son victorias en medio del paro, ya que fue el pueblo en las calles el que las derrotó y no habrían logrado ser vencidas de haber tenido un trámite normal sin resistencia en las calles. Sin embargo, a un mes de paro, el gobierno nacional pretende seguir su ofensiva contra la protesta social, la no firma de las garantías y la salida victoriosa de Molano de la moción de censura revelan el ímpetu con el cual se pretende seguir manejando el paro, a lo cual se suma el ascenso del director general de la policía como premio quizá no a una trayectoria, sino a la forma en que se ha reprimido a la protesta social y las violaciones a los derechos humanos que se han cometido por parte de la institución en el mes de movilizaciones.
Se ha negado también el ingreso al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos quizá porque se pretendía que la propaganda que el presidente emitió hablando en inglés convenciera al mundo de que en Colombia se respetan los derechos y se brindan garantías para el ejercicio de los mismos. El país espera que la CIDH llegue a realizar la verificación y acompañamiento lo más pronto posible.
En medio del mes de paro nacional también se han visto otras expresiones tales como las del exvicepresidente Vargas Lleras llamando a la conmoción interior, lo cual sería una clara afrenta contra los derechos ciudadanos, así como contra la protesta, de igual forma se presentaron ataques hacia la guardia indígena en Cali, orquestados con una generación de pánico en las comunidades indicando que la guardia iba a ingresar a las unidades de vivienda, muy similar a lo que ocurrió en el paro del año 2019 donde se generó en varias ciudades notas de pánico vía WhatsApp y los residentes se armaron de todas las formas imaginables contra los supuestos manifestantes que iban a ingresar a robar. Lo ocurrido en Tuluá con la quema del Palacio de Justicia y que ha generado el preguntarse a quién le convenía la quema de dicha institución, si a los manifestantes o a quienes tienen deudas pendientes por narcotráfico y paramilitarismo, quizá los mismos que dispararon contra la guardia vistiendo de blanco como la “gente de bien” que el mismo día de la quema del Palacio de Justicia realizó manifestación en las calles.
Continuarán no se sabe por cuánto tiempo las manifestaciones en el país ante la falta de garantías por parte del gobierno para el ejercicio de este derecho constitucional y seguirá la condena de la CIDH a Colombia por los abusos y uso excesivo de la fuerza durante las protestas, hecho que se espera se matice con la visita de la Comisión al país. Esperamos que los órganos de control ejerzan su tarea constitucional, que el defensor del pueblo esté donde corresponde y no en casas de descanso cuando el país está más convulsionado, que la procuradora desarrolle su tarea sin parcialización, pues en ocasiones pareciera más estar ejerciendo como ministra de defensa, que las cortes en el país desarrollen las tareas que les corresponden, que se vea claramente la separación de poderes y no la parcialización que se evidenció iniciando el mes de mayo, un claro atentado contra el Estado de derecho, que la Fiscalía se ocupe de dar respuesta a las víctimas por los desaparecidos y los asesinatos en medio del paro y no esté pensando en el exabrupto de la extinción de dominio, otra clara falta constitucional hacia el derecho a la protesta, que el nuevo comisionado de paz adelante los procesos pertinentes para que los acuerdos sean verdaderamente implementados y que la fase de negociación se retome con el ELN sin inmiscusión del jefe del partido de gobierno. Aún queda un largo camino por madurar la Constitución Política de Colombia en tanto pareciese que en ocasiones siguiéramos aún bajo la hegemonía conservadora.
