Agobiado por la avasalladora crisis económica, el presidente Nicolás Maduro está dispuesto a traicionar uno de los principios rectores del Socialismo del Siglo XXI y permitir la mayoría del capital extranjero en los proyectos de Pdvsa, la petrolera estatal responsable de la explotación del crudo en Venezuela, el país con mayor cantidad de reservas del mundo.
Maduro, desesperado, y frente a la urgencia de sacar a flote a Pdvsa, la joya de la corona, aceptó la entrada de empresas petroleras de Rusia, Italia y España con una participación mayoritaria. Privilegio que compartirán con inversionistas nacionales. Según la Agencia de noticias económicas Bloomberg ya se ha avanzado en conversaciones con la rusa Rosneft, la española Repsol y la italiana ENI, que ya tenían presencia, aunque minoritaria en varios yacimientos en suelo venezolano.
La actuación de Maduro tiene una explicación clara. La petrolera Pdvsa pasó de producir 3,01 millones de barriles por día en 2011 a bombear 733.000 en enero de este año y la gestión de la empresa en manos del mayor general Manuel Quevedo, un militar desconocedor de la industria petrolera, ha sido reconocida internacionalmente como desastrosa.
Maduro tiene el apoyo de Putin y una tabla de salvación en a petrolera estatal Rosneft.
La estatal rusa Rosneft es clave en la nueva estrategia. Es la tabla de salvación. Rosneft vende el 40 % del petróleo venezolano en Asia, ha comenzado a proveer a algunos clientes de Pdvsa -refinerías de China e India- mientras operadoras como Trafigura y Vitol se han distanciado de Maduro por temor a las sanciones de Estados Unidos. El martes fue sancionada la filial Rosneft Trading, aunque se presume que Trump no irá mucho más allá porque Rosneft es el primer productor mundial y no le conviene desestabilizar el mercado, en un momento en que ya pesan las sanciones contra Irán.
Repsol y ENI no se han manifestado públicamente ante la propuesta. La española produce unos 62.000 barriles en Venezuela, y al parecer desea disminuir su exposición patrimonial allí, mientras busca otras aguas en el Golfo de México. La italiana tiene en la actualidad participaciones que van entre el 19,5 % y el 40 % en cuatro empresas constituidas con Pdvsa.
El plan para lograr aumentar la producción a entre 1,5 millones y 2,0 millones de barriles incluye a los petroleros privados de Venezuela. Cuando a principios de diciembre Reuters informó que Maduro y la oposición estaban discutiendo en encuentros del Grupo de Boston – que reúne a funcionarios cercanos a Maduro, opositores y economistas críticos al gobierno para debatir sobre economía y política- la posibilidad de permitir que las compañías privadas que participan en empresas mixtas con Pdvsa asuman e control de los campos aun sin ser mayoritarios, uno de los primeros en interesarse fue el presidente de Digitel, entre otros muchos negocios, Oswaldo Cisneros un recién llegado al mundo del petróleo.
El empresario Oswaldo Cisneros, cercano al chavismo, está al lado del plan Maduro de privatizaciones.
Cisneros tiene 40% de participación en la empresa mixta Petrodelta, a través del consorcio CT Energy del cual forma parte Francisco d´Agostino, otro nuevo del petróleo, cuñado del dirigente oposición Henry Ramos Allup. Con USD 800 millones que consiguió en Dubái aspira a producir unos 100.000 barriles por día en los próximos tres años, la misma meta que se fijó en 2016 y aún no logra cumplirla.
El 12 de diciembre el Tribunal Supremo de Justicia de Maduro aprobó la solicitud realizada por el presidente de Pdvsa Manuel Quevedo de crear una empresa mixta, PetroSur con una industria de inscrita en Chipre, Inversiones Petroleras Iberoamericanas (IPI). De esta hacen parte capitales españoles y venezolanos; entre los primeros, hay vinculados al grupo Cortina (Alfonso Cortina fue presidente de Repsol), y entre los segundos Alejandro Betancourt y Erick Malpica Flores -sobrino de Cilia Flores, esposa de Maduro-. IPI recibió el apetecido Bloque Junín 10, de la Faja del Orinoco con unas reservas recuperables de 10.468 millones de barriles de petróleo, por el cual daría un pago inicial de 400 millones de dólares.
Paradójicamente, es la estadounidense Chevron la que está dando un respiro y ayudando a estabilizar la caótica situación. Estados Unidos le da autorizaciones trimestrales para operar en Venezuela, la última de la cuales va hasta el 22 de abril. Fuentes del sector estiman que sus cuatro empresas conjuntas están bombeando un total bruto de unos 160.000 barriles por día, el 21 % de la producción actual, según Opep. En septiembre pudo reiniciar su planta de procesamiento de petróleo pesado Petropiar, que ha sido la columna vertebral de la recuperación de las exportaciones de petróleo de Venezuela.
Lo que se da por hecho es que el gobierno de Maduro acabará por impulsar un cambio en la Ley de Hidrocarburos que permita a las compañías extranjeras que colaboran con Pdvsa como empresas mixtas, explotar directamente los campos. Ella tendría que ser aprobada por la Asamblea Nacional que hoy preside Juan Guaidó, pero también Luis Parra, nombrado por legisladores maduristas en los hechos políticos más confusos. Si bien Guaidó y la oposición están a favor de aumentar la participación extranjera y la inversión en Venezuela, no quieren hacer nada que pudiera ayudar a Maduro a permanecer en el poder.
Un cambio así sería el fin de la política estatista de la Revolución Bolivariana de Hugo Chávez, cambios que ya se han dado en los últimos meses con la abolición de controles de la tasa de cambio e importaciones. Al parecer, después de siete años de crisis económica lo que queda es sobreaguar, aunque se pierdan las joyas de la corona.
Lea también:
Los 10 grandes empresarios que han sobrevivido con Chávez y Maduro
