El pasado diciembre las agencias internacionales Interpol y Europol emitieron alertas sobre los riesgos inminentes del impacto del crimen en las campañas de vacunación que empezarían a desarrollarse contra el COVID-19, que de no ser mitigados causarían impactos desastrosos en la salud de las personas, el fortalecimiento del crimen y la estabilidad social de las ciudades y países.
En marzo de 2020, la Iniciativa Global contra el Crimen Transnacional Organizado GI-TOC publicó un reporte en el cual identificaba los factores de crimen asociados al manejo de una crisis global que apenas empezaba. Entre estos la corrupción, la falsificación de insumos y materiales, el contrabando y el fraude electrónico representaban un obstáculo hacia la recuperación de la normalidad social y la protección de la vida humana. Durante los meses subsiguientes, se observaron reportes en todo el mundo sobre un aumento significativo de los delitos cibernéticos. Asimismo, el involucramiento directo de organizaciones criminales en el control social y económico de comunidades confinadas, así como su infiltración en cadenas de suministros de diferentes tipos, convertidos en actividades de falsificación, contrabando y corrupción.
Casi un año después de haberse iniciado esta crisis global, las lecciones aprendidas sobre el comportamiento del crimen en el entorno generado por la pandemia permiten insistir sobre la necesidad de que todo plan de atención, mitigación o resolución de la crisis sanitaria tenga un capítulo estructurado dedicado a cerrarle espacios al crimen, con el fin de garantizar su éxito, conservar la confianza de los ciudadanos y promover su involucramiento en su ejecución. En lo que tiene que ver con corrupción, los riesgos superan aquellos que ocupan la conversación cotidiana relacionada con los procesos de adquisición. Estos se extienden desde el favorecimiento particular en la asignación de vacunas por fuera del plan acordado, la alteración de procesos de aprobación de insumos y materiales, la contaminación de los controles aduaneros y de distribución de estos, y la sobrerregulación de los procesos asociados al plan. La materialización de estos riesgos son una ruta directa a una explosión social y a la proliferación de mercados no regulados de insumos y vacunas, que buscaran dar respuesta a lo que la corrupción le quitó al plan oficial y dinamizarán el rol de las organizaciones criminales en el aprovechamiento delincuencial de la crisis.
Las organizaciones criminales también deben ser neutralizadas en su intención de infiltrar la campaña de vacunación. Las agencias estatales encargadas de la inteligencia deben estar desde ya identificando los actores de la cadena criminal que están involucrados en contrabando, falsificación y comercialización de productos peligrosos. Es urgente desmantelar los lugares donde estas actividades se desarrollan e identificar las rutas con el fin de bloquearlas y desestimular este comportamiento. El cibercrimen sigue siendo un reto. La ciudadanía se vio enfrentada de un día para otro a una transformación tecnológica para la que aún no estaba preparada y los criminales han comprendido en toda su magnitud esa oportunidad.
En ese sentido, las organizaciones gubernamentales y privadas involucradas en actividades de vacunación deben diseñar mecanismos de recolección de información y comunicación con los pacientes que cumplan con estándares adecuados de comprensión, uso y seguridad. La necesidad de la vacuna nos hará más vulnerables a cualquier ofrecimiento fraudulento o ficticio para poder acceder a esta. La tecnología no puede dejar de ser una herramienta facilitadora y convertirse en una barrera de acceso. En términos de la operación de vacunación, organismos internacionales de diferente naturaleza han recomendado que deben tomarse acciones claras en la administración del proceso y del acceso de los ciudadanos. Transparencia, seguridad en la información, superación de las barreras tecnológicas, campañas de información pública masivas y comprensibles, entre las más importantes. Pero la administración logística también demanda retos considerables.
Una estrategia de protección robusta durante el abastecimiento, almacenamiento y aplicación de la vacuna asegurará la confianza en el suministro, disminuirá el riesgo de violencia por crimen o desorden público, y brindará mayor probabilidad de la ejecución oportuna del plan diseñado. El plan de vacunación general y el particular para cada una de las ciudades deberá contar con un manual de operaciones que considere estos riesgos y analice cualquiera otro que sea propuesto por los responsables de su ejecución, con las acciones para su mitigación definidas. De no ser así, el esfuerzo científico y económico para vencer el virus se diluirá en un ambiente de desconfianza y fractura social que ampliará el drama de la pandemia y alejará la fecha de su resolución.
* Director de Seguridad Urbana – ProBogotá Región
