Colombia ha tomado una peligrosa vía, la del distanciamiento de la democracia en tiempos de empobrecimiento extremo, hambre, exterminio de líderes sociales por parte de grupos irregulares sin presencia del Estado o en connivencia con este, corrupción e impunidad; en todas ellas el gobierno es responsable por acción o por omisión.
En el país durante décadas ha primado la injusticia, la desigualdad y la pobreza para un amplio segmento de la población, y el favorecimiento a una elite empresarial y política, que busca su pervivencia en la parte alta de la escala social.
A los jóvenes que hoy reclaman un cambio no se les pueden seguir vulnerando sus derechos más esenciales, el de la autodeterminación y el de la vida. El gobierno debe recordar que más allá de la infraestructura y el concreto, hay seres humanos libres e iguales en dignidad y derechos, y que toda democracia debe esforzarse al máximo por garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, en especial los de la población más desvalida, con el objeto de mejorar sus políticas y la implementación de cambios estructurales que garanticen el efectivo cumplimiento de ellos en la vida de personas.
El poder público debe estar al servicio de los ciudadanos de forma consustancial, todo ser humano, por el hecho de serlo, tiene derechos que se deben respetar y hacer cumplir. Estos no son concesiones del Estado, ni dependen de la condición social o la cultura, son universales y aplican para toda persona en el planeta.
La protección de los derechos humanos es de obligatorio cumplimiento por parte del gobierno, este es responsable de respetarlos, garantizarlos y satisfacerlos. No puede invocarse la actuación soberana de ningún gobierno para vulnerarlos o impedir su protección. Los derechos humanos están por encima del Estado. No cabe distinción alguna, como bien lo expresa la Corte Interamericana de Derechos Humanos:
… la protección de los derechos humanos, en especial a los derechos civiles y políticos recogidos en la convención, parte de la afirmación de la existencia de ciertos atributos… que no pueden ser menoscabados por el ejercicio del poder público.
Las nociones de “orden público” y “bien común”no pueden ser excusa para suprimir un derecho garantizado por la declaración universal de los derechos humanos, máxime cuando se trata del derecho a la manifestación pacífica, y, sobre todo a la vida, admitiendo la injusticia, la desigualdad brutal, la opresión y la barbarie. Su abandono no solo implica la destrucción de los derechos fundamentales, sino también el suicidio para la democracia más antigua de Latinoamérica.
Un llamado a la cordura, ningún gobernante está por encima de la razón esencial que nos define como especie: la igualdad.
