La Unión Temporal Centros Poblados recibió un segundo aire cuando parecía que el consorcio, investigado por la pérdida de $70.000 millones de un contrato con el Ministerio de las TIC, estaba enterrado. En una decisión sorprendente, un juez de Puerto Colombia, el señor Alberto Mario Ospino, aceptó una tutela presentada por las empresas que conforman Centros Poblados y suspendió la caducidad del contrato que se había decretado desde el pasado 13 de agosto. Además, también frenó el embargo al consorcio con el que se pretende recuperar el dinero desaparecido.
Así, la ministra Karen Abudinen quedó en un limbo para actuar, pues ya le había entregado un nuevo contrato para continuar con la instalación de internet en colegios rurales a la empresa ETB. Abudinen se rasgó las vestiduras en Twitter y aseguró que “¡Esto es la tapa del descaro! La caducidad está en firme. No permitiremos que con acciones temerarias dilaten decisiones adoptadas en derecho. Defenderemos a capa y espada los intereses del Estado”.
