La vergonzosa sesión de rechazo por parte de la Cámara de Representantes a las objeciones presidenciales de la ley estatutaria de JEP con el apoyo de diputados de todos los partidos de la izquierda y de centro, incluso de los partidos de la coalición de gobierno, permitirá una impunidad prácticamente total, absurda e inaceptable, de hecho o de derecho, para los autores de delitos atroces, quienes no son máximos responsables —es decir, la renuncia del Estado a la acción penal frente a los crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra o infracciones al derecho internacional humanitario—, y la garantía de que no se procederá en el futuro a la extradición de personas por conductas posteriores a la firma del acuerdo final, entre otros.
Esto no solo constituye una amenaza para los principios éticos y los valores consagrados en la carta política (artículos 2, 5 y 11) y para la legalidad internacional (por ejemplo, es posible que esto perjudicaría a la cooperación judicial y policial internacional en materia penal), sino también para el imperio de la ley, la gobernabilidad, la consecución de la paz y la credibilidad —en particular de cara al exterior, de la Colombia y del trabajo efectuado por la presidencia y su gobierno—. Realmente creo que esa operación atestigua más bien un desprecio de la opinión de los ciudadanos y ha demostrado un ultraje escandaloso hacia los derechos humanos más básicos, ya que viola flagrantemente todas las leyes y normas éticas internacionales, hasta el punto de que cabe preguntarse por qué aprobamos leyes nacionales o internacionales sobre esta materia, y sobre otras muchas cuestiones, si las remitimos a una Cámara (o a un juez de un Tribunal Superior como una Corte Constitucional) que las contraviene de forma deliberada, interpreta e implementa arbitrariamente.
Se trata de un insulto y un ataque al pueblo colombiano y una burla de la Constitución, puede decirse que ese acto también constituye una grave afrenta contra las innumerables víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, así como un desafío a la inteligencia y al derecho internacional, en particular a las más elementales normas de moralidad y decencia, igualdad y justicia equitativa y no las aceptaremos. Ello implica voluntariedad y ausencia de compromiso concreto en materia de derechos humanos que puede llevar a la impunidad de los hechos criminales, y de cara a los ciudadanos ciertamente no redundará en beneficio de la claridad. Sobra decir que es manifiestamente contrario al reconocimiento y respeto de los principios y valores que fundamentan la garantía y el ejercicio de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, la lucha contra la impunidad y la construcción de unos referentes éticos compartidos, pero también una afrenta a los valores morales universales que defendemos. Sin duda, estos factores pueden conducir a minar la confianza de la población en el aparato de justicia y a un profundo desprestigio de la clase política y, en muchos casos, pueden incluso propiciar a que se cometan más delitos.
El hecho mismo de que las víctimas no hayan sido consultadas antes es un escándalo y todos expresaron su incredulidad, tampoco la opinión pública. No se comprende esta actitud cuando se trata de algo que va a afectar directamente a los derechos fundamentales de nuestras víctimas. Todo esto ha generado una clara desconfianza entre esta Cámara Baja y el pueblo soberano. Tenemos que comprender las preocupaciones de estos últimos y sugerir las respuestas adecuadas. Los resultados son previsibles: se profundiza la desconfianza entre las víctimas, y la desconfianza general que el pueblo mantiene respecto al sistema de justicia transicional y seguridad pública. El debate en torno a la cuestión de cómo abordar el problema de la impunidad de los crímenes. Pero este éxito conllevará un gravísimo desprestigio de la política y un grave daño al interés general.
Con las objeciones a la JEP, el presidente nos recordó “la importancia de respetar el principio de legalidad como contribución fundamental para consolidar la paz”. Nada de lo contenido en la ley estatutaria de JEP debe interferir con el cumplimiento de otros relevantes tratados, como es el del Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional (TPI). Sin embargo, existe el riesgo de interferir en las competencias del TIP. Espero que con el tiempo se demuestre que las obligaciones del Estado con el TPI no se van a ver comprometidas, porque de lo contrario sería un verdadero ultraje para la opinión pública.
Lo cierto es que tenemos que hacer algo al respecto. Espero que se lo piensen dos veces cuando tengan que votar sobre esta JEP al Senado. Sin embargo, dudo que el gobierno sea capaz de adoptar una actitud firme: él mismo ha caído en la trampa y mantiene, con respecto a la oposición, una pasividad que, antes o después, nos va a conducir a situaciones ruinosas. Hemos de evitar que se abran cada vez más brechas en nuestro Estado de derecho simplemente para agradar la retórica incendiaria de una extrema izquierda radical y anticapitalista. No puede llamarse democrática una oposición de izquierda y de centro que carezca de estos principios, que en su falta de conciencia legal y manifestación más extrema de esta ignorancia legal olvida que o no sabe qué, Colombia es un Estado social de derecho, fundada en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales y la plena observancia de los instrumentos jurídicos internacionales en materia de derechos humanos.
