Causó profunda indignación y rechazo general, el informe premeditado, desatinado y politizado, presentado por la relatoría, supuestamente “independiente” de las Naciones Unidas, resultado de la investigación solicitada por la alcaldesa Mayor de Bogotá, para que con fines “académicos y extrajudiciales” determinara, lo que ya se había prejuzgado y anunciado desde el 9 de septiembre de 2020, como una supuesta “masacre policial” contra una aparente “protesta espontánea, pacífica e indefensa”.
El informe de 182 páginas, está viciado desde su introducción que subraya la conclusión central: “Los eventos de violencia, abuso y brutalidad policial, iniciados en la madrugada del 9 de septiembre con el asesinato de Javier Ordóñez a manos de miembros efectivos de la Policía Nacional, desencadenaron uno de los episodios más graves de violaciones a los derechos humanos acontecido en la historia de la ciudad de Bogotá”.
“Lo anterior le permite a esta relatoría, llegar a la conclusión de que en el marco de las protestas del 9 y el 10 de septiembre ocurrió una masacre cuya responsabilidad recae en la Policía Nacional”.
Darle alcance de “masacre policial” al uso legítimo de la fuerza para contener una protesta criminal y proteger un fin superior, es una afrenta a la Constitución, a la Ley, a la institucionalidad y al sacrificio de los 62 héroes policías de la patria que han sido asesinados en el presente año. El término “masacre” conmueve el sentimiento de los colombianos, por cuenta de la violencia, y el terror que han sembrado grupos terroristas, criminales y narcotraficantes. No puede ser entonces, que ahora, esta práctica criminal, sea el calificativo central, usado de comodín, en un informe direccionado, para juzgar a la Policía.
Las circunstancias se manipulan a tal punto, que se tergiversa la definición y alcance que la misma ONU le ha asignado a una masacre: “ocurre cuando tres o más personas han sido asesinadas en el mismo hecho (lugar y momento) y por el mismo presunto perpetrador”; por su parte la Real Academia Española, define esta conducta como un hecho “premeditado”. Nada de lo anterior enmarca los procedimientos policiales dirigidos a proteger, garantizar y contener una protesta que se tornó violenta y criminal. Claramente lo ha dicho el subdirector general de la Institución: “el policía no sale a la calle a matar gente”.
No es cierto como afirma el reporte, que las investigaciones avanzan “camino a la impunidad”; tamaño de ligereza, dado el desconocimiento de los expedientes, y del discreto y buen juicio con el que las autoridades judiciales y disciplinarias avanzan en 95 procesos, 86 de ellos disciplinarios y 9 penales, de los cuales 22 ya están ejecutados. Justifican por el contrario y en voz alta, que la violencia y los actos criminales derivados de la protesta, fueron un desencadenamiento del uso “ilícito” de la fuerza por parte de la Policía. El mundo al revés.
Grave equivocación cuando se afirma que las protestas del 9 y 10 de septiembre surgieron en forma “espontánea”, mientras la intervención policial, la califican de premeditada y violenta para “masacrar” a jóvenes “protestantes e indefensos” de estratos 1, 2 y 3. Serio daño causa a la institucionalidad que un informe del organismo superior de la multilateralidad, arroje análisis ligeros y cercanos a una narrativa ideológica y muy distantes de la verdad fáctica. No hay duda que la protesta, fue planificada y estructurada por sectores de extrema para enrarecer la gobernabilidad, deslegitimar a las autoridades y conquistar votos en época electoral. Así quedó demostrado, al registrar inscripciones de candidaturas al Congreso de varios líderes y protagonistas en las protestas, inclusive de encapuchados de la denominada “primera línea”.
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Desde el 9 de septiembre la alcaldesa ha prejuzgado a la Policía y es indignante la astucia politiquera del relator especial
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La metodología utilizada afecta la objetividad y rigurosidad investigativa, pues de las 91 entrevistas y testimonios obtenidos, 50 corresponden a familiares y allegados a las víctimas, 12 abogados defensores de las víctimas, 6 víctimas y 15 funcionarios públicos, entre estos 10 policías y algunos exservidores públicos. El desbalance de la información y de sus fuentes es significativo, ya que el 75% de la información proviene de uno de los lados, lo que se refleja en el contenido del documento, se dedican 44 páginas a relatar historias para exaltar la memoria de las víctimas (de un lado) y sólo 5 de ellas a la violencia contra la Policía. Sesgo que se ahonda, cuando se plasma con alto significado la colaboración brindada por las ONG, reconocidas por su radicalismo, con influencia y orientación ideológica definida, abiertamente detractoras de la Policía Nacional, y siempre empecinadas en acabar con la Institución. En el mismo sentido se presentan unas recomendaciones, poco o nada novedosas, como el reiterado clamor de sacar a la Policía del Ministerio de Defensa.
Finalmente, muy acertado el reclamo a la ONU por parte del Gobierno Nacional a través de la Vicepresidenta de la República; mal intencionada la alcaldesa que con su actitud desde el 9 de septiembre ha prejuzgado a la Policía Nacional; desafortunado el informe por su sello sensacionalista y evidente sesgo; e indignante la astucia politiquera del relator especial, que orquestado con la burgomaestre y arropado en la bandera de la ONU, organiza grotesco espectáculo como plataforma electoral, de su candidatura al Congreso de la República. Seguramente su campaña estará marcada, por haber sido quien le arrebató al terrorismo y al narcotráfico, la innombrable y cruel acepción de “masacre”, y ahora se le endilga a nuestra centenaria Policía Nacional de todos los colombianos; consecuencia de una investigación, con pobre academia y más parecida a una directa “ejecución extrajudicial”. En términos prácticos se cumplieron los fines de un contrato.
LPNSN: Vientos positivos de renovación en la Fuerza Pública. Los ascensos de Generales ocasionados esta semana, nos generan confianza y tranquilidad, y un futuro promisorio en la conducción de la seguridad y defensa nacional.
