Los estudiantes universitarios de Colombia están convencidos que la educación debe ser garantizada por el gobierno como un derecho humano fundamental, que, para pesar de todos, el constituyente situó entre los derechos económicos, sociales y culturales, clasificándola como un derecho de segunda generación, que no consigue obligar al Estado para que en todos los niveles educativos los colombianos tengamos las mismas posibilidades no solo de ser formados íntegramente y aportar a la ciencia, la tecnología y artes, sino también, que en consecuencia de ellas se pueda transformar la situación económica del país y como se quiere en todos los casos, superar las condiciones de pobreza,
El debate en 2018 se ha reducido a encontrar las formas y fuentes de financiamiento estatal de las universidades para terminar el año y aun cuando los estudiantes han propuesto más de seis formulas, a Duque solo se le ocurre que los Colombianos solventemos ese medio billón de pesos que se ha puesto a mendigar a los marchantes, como si paradójicamente los recursos utilizados para Pilo Paga y subsidiar el Icetex no provinieran del mismo fisco público.
Y aunque no ha valido de nada que Duque reconociera el déficit presupuestal que desde la vigencia de la ley 30 de 1992 se ha incrementado a 18,2 billones de pesos, es menester reconocerle ese logro a los estudiantes, quienes se han dedicado a explicarle al país que la crisis que hoy se vive no es sólo a causa de la mencionada norma, esta sí hizo que la base presupuestal se congelara en el tiempo y su aumento sólo dependiera de la inflación que ha provocado año a año aumentos porcentuales en el IPC, sin embargo, aunado a ello, las políticas gubernamentales de exigencias a los rectores de aumento de cobertura con el mismo presupuesto indexado para cada vigencia ha provocado que las Universidades cuenten con menos recursos por estudiante, entiéndase éstos como todo aquel componente necesario para brindar calidad en la educación, desde edificios y materiales en buen estado hasta profesores de planta y de tiempo completo.
En esta vigencia se ha presentado la reforma tributaria más regresiva en la historia del país como un proyecto de Ley de Financiamiento, que busca recaudar un aproximado de 19 billones de pesos para subsanar el déficit del gasto de funcionamiento del Estado, esta cifra fue producto de la suma de lo que cada ministerio considera requiere usar el otro año, sin embargo, lo pedido inicialmente por todo el Sistema Universitario Estatal SUE (18,2 billones de pesos) para resarcir la desfinanciación de las universidades públicas no fue escuchado y mucho menos se ha asomado muestra alguna de voluntad política de resolución a la crisis por el gobierno nacional.
Los estudiantes desde el 2011 le han pedido a los gobiernos de turno, antes Santos, ahora Duque, lo que sensatamente se necesita para mantener abiertas las puertas de los campus y para que no se caigan los edificios, para que existan insumos en los laboratorios y libros en las bibliotecas, para que los profesores tengan una remuneración adecuada y los estudiantes puedan mantenerse en la carrera hasta culminar y evitar la deserción, para que no haya que reducir la calidad del servicio por falta de recursos o aumentar los valores de matrículas para autofinanciarse.
El movimiento estudiantil ha decidido parar y mantener la cesación de actividades académicas como un instrumento de protesta para explicarle al país que la educación pública y el futuro de todos está en riesgo si no se exige mayor presupuesto, que esta generación de hoy, al igual que la generación del 2011, no asumirá por omisión la culpa de dejar caer a pedazos las ruinas de los edificios de las universidades o dejar que se frustre el ingreso a quienes con todo el potencial puedan en mejor forma aportar al país.
Hoy la invitación es a pensar qué país queremos y para ello qué educación exigir. Vamos a rodear y apoyar a los estudiantes quienes saben que medio billón de pesos es poco si se compara con los más de 50 billones que nos roban al año en corrupción —según informe de la Contraloría General de la República— y se entienda que el dinero que se destine a educación no será un gasto sino siempre una inversión.
