Nariño debería ser noticia nacional hoy, por lo fuerte de sus eventos esta semana. Pero seguimos con la invisibilización histórica, a pesar de que los nuevos mandatarios nariñenses, elegidos en octubre, pregonaban que sus amigos en Bogotá, ahora sí nos voltearían a ver.
No quiero ser pesimista, pero si el Gobierno Nacional y las autoridades no le ponen atención a Nariño y su extensa frontera por primera vez, el efecto Nariño causará una crisis peor que la de tener abierto el aeropuerto el Dorado por tanto tiempo.
Hoy el Covid-19 tiene lastimosamente en una grave crisis a nuestro hermano país del Ecuador, que tiene la más alta tasa en América Latina de contagios, con 132,9 por cada 100.000 habitantes. Nuestra frontera tiene una extensión aproximada de 532 kilómetros y 200 millas náuticas que hacen casi imposible su control. Por nuestra frontera ingobernable hoy transitan cientos de personas, principalmente: migrantes venezolanos que intentan volver a su país; otros que intentan huir de la fuerza de la pandemia en el Ecuador y se suma el contrabando junto con los ilegales. Migración Colombia calculó que hoy hay 11 mil venezolanos en territorio nariñense y el 60% de ellos está en condición de irregularidad; el problema consiste en las personas que están entrando en el territorio lo hacen sin ningún protocolo de salud pública.
El Gobierno Nacional presentó su línea ideológica: seguir atacando los problemas sociales, económicos y sanitarios con la represión de la Policía y el Ejército. Las noticias de la semana pasada en Ipiales es que 18 efectivos del grupo Cabal se contagiaron en el ejercicio de sus funciones, hoy el municipio fronterizo llegó a la cifra de 95 casos. Es urgente que las autoridades nacionales pongan a disposición de la frontera los recursos suficientes para: la construcción de hospitales de campaña y de albergues humanitarios de cuarentena para migrantes, así como la disposición de personal médico, equipado de tal forma que se garantice su seguridad biológica.
De otro lado, nuestra costa Pacífica sufre de dos pandemias.
Por un lado, el Covid-19, que marca una tendencia de crecimiento en el Puerto de Tumaco con 60 casos. Y, de otro, la eterna violencia que la semana pasada empañó de sangre la zona rural del municipio con el asesinato de 5 personas por parte de grupos ilegales que aprovechan la crisis para fortalecer su acción en las subregiones de la Cordillera, Telembí, Sanquianga y Pacífico Sur, un corredor del narcotráfico en Nariño, pero también, el corredor de mayor pobreza.
El Estado no acciona contra las organizaciones criminales, sino contra el campesino que tiene en el cultivo de hoja de coca el único sustento para sus familias. La erradicación forzada ha llegado antes de cualquier programa de reemplazo o ayuda en la crisis en el medio de la pandemia. Los enfrentamientos entre las organizaciones cocaleras y el ejército deja como resultado la muerte de un indígena AWA y 2 heridos, mientras que el expresidente Pastrana le exige al Gobierno de Duque que fumigue, que aproveche el momento. Cincuenta mil familias abandonadas por el Estado viven del cultivo de la hoja de coca en Nariño. A esas familias, el gobierno nacional reprime, ataca y reduce, mientras que las grandes mafias y las estructuras criminales parece que no existen. Nuestros ciudadanos están bajo la merced de un escenario macabro de olvido.
Para terminar, Nariño no está libre del peor de los males de Colombia: la corrupción. El concejal de Pasto Erick Velasco denunció los excesivos gastos en transporte en la ayuda humanitaria entregada por la gobernación de Nariño. Los dos contratos de más de 2.200 millones de pesos están en la lupa de Contraloría y los entes de control, así como también los contratos de las alcaldías de Tumaco, Guitarilla y otras.
Nuestros problemas deben visibilizarse, y la justicia social debe llegar para superar nuestros males con gallardía. Camino difícil para Nariño, pero somos un pueblo aguerrido que saldrá con fuerza adelante.