Las frecuentes y sorpresivas interrupciones en el suministro de energía eléctrica en el departamento del Cauca, más allá de las explicaciones técnicas que puedan ofrecerse, constituyen una agresión a las ya frágiles condiciones sociales y económicas de la región.
Estas interrupciones no solo incrementan la violencia e inseguridad que diariamente afectan al Cauca, sino que también evidencian un profundo rezago estructural en la prestación de servicios básicos.
Es comprensible que los cortes accidentales de energía puedan ser entendidos y justificados; sin embargo, cuando estas suspensiones se vuelven recurrentes, revelan problemas estructurales graves que la entidad encargada del suministro no ha podido resolver.
Esto sugiere una falta de capacidad para garantizar un servicio adecuado, incumpliendo así los términos contractuales acordados con el Estado.
Esta situación es tan crítica que puede servir como base legal para explorar otras opciones que aseguren un servicio eléctrico confiable.
La suspensión constante de la energía eléctrica no solo es una molestia; es una transgresión que causa más perjuicios que el cierre reiterado de la vía Panamericana.
A los elevados costos del servicio se suma la irregularidad en su prestación y facturación, creando un efecto dominó que impacta gravemente la vida cotidiana.
Las pérdidas económicas son considerables, y la calidad de vida de los caucanos se ve seriamente afectada. La ciudadanía, con justa razón, exige respuestas y acciones inmediatas.
El impacto de estas interrupciones se siente en todos los sectores: en los hogares, donde se deterioran alimentos, se dañan electrodomésticos y se interrumpen las actividades diarias; en el comercio, que sufre detrimento por la pérdida de productos refrigerados y el cierre temporal de establecimientos; en la industria, que ve paralizadas sus líneas de producción y dañados sus equipos; en la salud, donde la interrupción de servicios críticos pone en riesgo la vida de los pacientes; en la educación, donde se suspenden clases y se dañan equipos esenciales; en el agro, donde las pérdidas en cosechas y productos perecederos son significativas; y en la seguridad, donde la falta de energía incrementa la criminalidad al dejar inoperativos los sistemas de vigilancia.
La situación es insostenible. Todos los sectores, incluidas las autoridades, deben unirse para exigir el cumplimiento de las condiciones contractuales y frenar esta situación que ha llevado a la empresa prestadora del servicio a cruzar los límites de lo aceptable.
La energía eléctrica es un servicio esencial, y su interrupción constante es inaceptable.
