En noviembre del 2020 , cuando se inició como profesor en la Escuela Superior de guerra, ya pesaba sobre el general William Torres Escalante, la condena de haber participado en dos crímenes atroces. Trece años atrás, en marzo del 2007, el campesino Daniel Torres y su hijo, Roque Julio, no se quedaron callados y hablaron sobre lo que vieron: militares de la fuerza de tarea Oro Negro de la Brigada XVI del ejército que operaba en Yopal, Casanare habían asesinado a su vecino Hugo Araque y a su hijo haciéndolos pasar por guerrilleros. Y no dudaron en señalar al oficial que estaba al mando de la operación: el mayor Torres Escalante.
Pero no solo fueron testigos de este asesinato sino de otro vecino, Fredy cuando un par de par de uniformados le dispararon cuando salía de su finca . Tambien pertenecían a la Fuerza de Tarea Oro Negro de la Brigada 16, comandada por el entonces teniente coronel William Henry Torres Escalante. Los Torres vieron cuando lo mataron a sangre fría con una pistola al tiempo que lo señalaban de pertenecer al Frente José David Suarez del ELN que extorsionaban a ganaderos de Aguazul y Mani. Como solía hacerse le colocaron al cadáver de Sanabria una pistola que la Fiscalia determinó que esta nunca había sido disparada. Daniel Torres le entregó su testimonio a la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP).
El 12 de noviembre del 2006 soldados de la Fuerza de Tarea Oro Negro se lo cobraron. Llegaron hasta su propia finca El Triunfo con amenazas de muerte por estar hablando. Antes que silenciarse elevaron una denuncia penal contra el ejército y dejó por escrito la amenaza: “Si me pasa algo al único que le echo la culpa es al Ejército, porque de pronto quieran vengarse porque yo declaré la verdad”.
Eran tiempos de la Seguridad Democrática del ex Presidente Alvaro Uribe con el general Mario Montoya como comandante del ejército, cuando el valor de denunciar se pagaba con la vida. El 16 de marzo del 2007 el ejército reportó su muerte como supuestos integrantes del ELN. Eran Daniel y Roque Torres.
En el 2016, cuando ya era general, Torres Escalante se entregó por estos dos crímenes. La Brigada XVI había sido señalada de la ejecución de 66 campesinos inocentes, uno de los tantos dolorosos casos de los llamados Falsos Postivos.
Torres Escalante fue aceptado en la JEP en el 2018 y llamado a rendir testimonio y aportar a la verdad. Esto le permitió obtener libertad condicional. Se propuso limpiar su pasado oscuro que en la justicia ordinaria le habría significado una condena de 40 años y contó con un gran aliado: su amigo el general Helder Fernán Giraldo Bonilla, actual comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, quien se desempeñaba como Director de la Escuela Superior de Guerra. Sin reparo alguno lo invitó en noviembre del 2020,, a dictar un seminario sobre Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario a un grupo de oficiales del Ejército Nacional.
Torres Escalante fue invitado a formar parte del grupo de ponentes del Seminario 'Lecciones aprendidas en DD. HH y DIH: La experiencia de la XVI Brigada del Ejército Nacional de Colombia 2006-2007'. La misma brigada que durante su período de comandante habría cometido 66 ejecuciones extrajudiciales; un delito atroz.
El general siguió adelante sin rubor y le dicto la charla de Derechos Humanos a 470 oficiales del Curso de Altos Estudios Militares con su experiencia de comandante incluida, borrando de su memoria el asesinato de Roque Julio y su hijo. Las cátedras estaban incluidas en el plan de estudios de la Escuela Superior de Guerra dentro del curso del Estado Mayor que era el curso de ascenso de mayor a coronel con una duración de 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde.
Pero fueron los mismos uniformados asistentes al curso que advirtieron el contra sentido, como si se tratara de un mal chiste, tener a Torres Escalante de maestro de derechos humanos. No dudaron en usar los chats de wsps para ironizar afirmando incluso que el General había sido contratado para enseñar cómo violar los derechos humanos y quedar impune. Se estaba en plena pandemia y la charla que tuvo que hacerse de manera virtual terminó siendo un fracaso vuelta una burla por los propios oficiales.
El general Torres parecería no haberse dado por enterado del fiasco que resultó su curso y con este no hizo otra cosa que confirmar su pretensión de echarle tierra al pasado de horror vivido por los pobladores del Meta durante su comandancia en la Brigada XVI . De allí la importancia que le dio a su defensa en la JEP en la que contó con un penalista de kilates como el abogado Jaime Granados quien lo acompañó en su diligencia.
En 2018 fue la audiencia en la JEP en la que Torres Escalante estuvo acompañado por el abogado Jaime Granados y a la que asistieron familiares de sus víctimas.
Torres Escalante no fue el único de los generales comprometidos con falsos positivos llamado a dictar cátedra de derechos humanos en la Escuela Superior de guerra. Alli estuvo el general Santiago Herrera, quien también admitió ante la JEP en el 2017, haber tenido que ver en la desaparición de varios de los hijos de las madres de Soacha. Herrera era el comandante de la Brigada XV. Estaba sindicado de haber participado en el asesinato de 12 muchachos.
En el 2021 aceptó su responsabilidad y un año después se enfrentó a las víctimas en una audiencia en donde afirmó lo siguiente: “Me generan vergüenza los crímenes cometidos por mi brigada. Hombres que portábamos el uniforme militar con la mision de proteger la vida y honra de nuestros conciudadanos terminamos usando las armas de la república para vulnerarles las vidas (...) Contribuí de forma aberrante a la estructura criminal en aras de mejorar la estadística de bajas y competir con otras brigadas del Ejército dentro del famoso ranking fijado por el comandante del Ejército”.
La JEP reconoció la voluntad de contar la verdad. La JEP aceptó además una de las maneras que Herrera tenía para reparar a las víctimas: dictar cátedras. Una de esas cátedras fue sobre Derechos Humanos. La asociación de víctimas explotó. No podía creer lo que sucedía. Esa indignación fue aún mayor cuando se descubrió que el Estado le había reconocido $ 220 millones por dictar cátedra de derechos humanos a un general que había acolitado el asesinato de campesinos inocentes con un único propósito: presentar positivos para ascender en la carrera militar.
Pero no son solo los generales Torres Escalante y Herrera quienes deberían entrar a formar parte de la historia universal de la infamia sino también su superior el general Helder Fernán Giraldo Bonilla, quien hoy se desempeña como Comandante de las Fuerzas Militares en el gobierno de Gustavo Petro, el gobierno del cambio en el que la defensa de la vida es su propósito mayor.
