Colombia perdió. En su fallo, la Corte de Justicia de la Haya la acusó de haber violado la soberanía de Nicaragua sobre la zona económica exclusiva de su mar territorial, que le fue otorgado en el fallo de noviembre de 2012, por medio del cual Colombia perdió 75.000 kilómetros de mar. Señaló además que Colombia interfirió en la actividad naval de Nicaragua.
Por más vueltas que el gobierno dé, esta es la cruda realidad. Los negociadores de Colombia, el presidente Duque y la canciller tratan de endulzar la píldora, diciendo que no se impusieron sanciones económicas y que por ello no hay condena a Colombia. La canciller Marta Lucía Ramírez miente en ese aspecto, pues sí se conminó a Colombia a cumplir el fallo, aun cuando la Corte no encontró pruebas del detrimento económico que alegaba Nicaragua. El fallo estableció también que la Armada puede seguir patrullando la zona para combatir la delincuencia, cosa que sucede en todos los mares del mundo. Y puso freno a las desmesuradas ambiciones de Nicaragua, que llegó a pedir hasta jurisdicción sobre el Archipiélago de San Andrés.
Colombia no perdió entonces 6 a 0 sino 5 a 1, pero perdió. La negativa de la Corte a aceptar la definición de Nicaragua sobre las líneas de base a partir de las cuales se establece el mar territorial, que Nicaragua fijaba rectas, sentenciando que deben seguir las sinuosidades de la costa, es lo único que Colombia podría reivindicar como un éxito relativo, pero como fue una definición del gobierno de Nicaragua, este debe producir una nueva legislación al respecto. La Corte establece que no se debe hacer, pero no detalla qué se debe hacer. En el fallo de 2012, los islotes de Colombia quedaron enclavados en el seno de un mar territorial nicaragüense y ahora se les da el derecho a intercomunicarse por vía marítima. Los pescadores colombianos pueden pasar por el mar territorial de ese país, no para pescar sino para llegar a los islotes en el mar colombiano, lo que no es una gran conquista sino un derecho que de facto se aplica en todos los lugares del mundo.
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El llamado de la Corte a que los dos países entablen negociaciones para proteger los derechos de la población raizal no ameritaba casi una década de trámites
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El llamado de la Corte a que los dos países entablen negociaciones para proteger los derechos de la población raizal no ameritaba casi una década de trámites y es algo de sentido común que ha debido abordarse, no a raíz del fallo del 2012 sino hace décadas, e ilustra la escasa atención que los gobiernos colombianos han prestado no solo a dicha población sino a la utilización económica eficiente de los inmensos recursos naturales de la zona.
La explotación económica de la zona otorgada a Nicaragua en el 2012 es de su exclusiva competencia, una decisión irreversible que debe ser acatada por el gobierno colombiano así haya declarado inaplicable la sentencia del 2012, pues esta se dio por parte de un tribunal cuya legitimidad fue reconocida por sucesivos gobiernos y el retiro de Colombia de dicha Corte no la exime de aplicar sus sentencias. Las demandas y aclaraciones pedidas por ambos gobiernos estaban dentro del marco de lo aprobado en común y el gobierno no puede recurrir nuevamente a declarar inaplicable este nuevo fallo, como lo hizo en el pasado el gobierno de Santos.
El gobierno calificó como positivo el fallo porque no hubo pérdidas adicionales, lo cual demuestra que, en este pleito, Colombia ha estado a la defensiva, tratando de evitar nuevas pérdidas en sus derechos marítimos, pero de la peor manera, eludiendo los acuerdos multilaterales internacionales con astucias jurídicas.
La diplomacia en materia de límites no es un simple alegato jurídico interminable, sino que tiene componentes económicos y políticos. En lo económico, el fortalecimiento de la actividad económica y presencia institucional en las fronteras es indispensable. En lo político, las relaciones internacionales deben despojarse de consideraciones ideológicas. Negarse a negociar con Nicaragua porque es una dictadura significa que solo se establecen relaciones con gobiernos afines a la particular ideología de un partido de gobierno. El gobierno de Duque no tiene ningún escrúpulo en negociar un tratado de libre comercio con los Emiratos Árabes Unidos, una dictadura monárquico-feudo-financiera, pero en un tema tan sensible como el del Archipiélago de San Andrés no le interesa dar apoyo y viabilidad a la economía de la región.
Entristece mucho que la abominable dictadura de Ortega en Nicaragua haga más por la defensa de los intereses nacionales de ese país en el mar Caribe que lo que hacen los representantes de la “vibrante” democracia colombiana en la misma zona. Mientras las relaciones internacionales se reduzcan a la lógica primitiva de los buenos y los malos, arrogándose Duque el papel de bueno, Colombia seguirá jugando como mero estafeta de la potencia del Norte.
