En la actualidad, el mundo se ha visto envuelto en un suceso sin precedentes que tomó a millones por sorpresa: una pandemia. El origen de este nuevo virus que recorre gran parte del globo terráqueo aún es debatido por la comunidad científica, pero las acciones tomadas para su erradicación, y las consecuencias que esto conlleva, no dan espera alguna. Así pues, los gobiernos de los países y las organizaciones mundiales han tomado decisiones para salvaguardar sus integridades y afrontar los problemas que de allí resulten.
En el contexto propio, el Estado colombiano adoptó medidas poco familiares dentro de su actual historia como país, que ha dejado a muchas personas inconformes e inseguras con sus resultados. La pandemia por el COVID-19 (nombre del virus) obligó al gobierno a hacer uso de uno de los estados de excepción contemplados en la Constitución Política: el estado de emergencia. Este acontecimiento jurídico-político presenta una situación de anormalidad, pues se da en momentos de crisis nacionales, ya sean internas o externas, afectando el ordenamiento constitucional del Estado, ya que se legitiman todas las medidas necesarias para retomar la estabilidad de la nación, pues está en peligro el orden público, social, económico, o ambiental del territorio colombiano.
Este poder de crisis (estado de excepción) brinda a la rama ejecutiva, encabezada por el presidente de la república, las facultades para expedir los decretos con fuerza de ley correspondientes y atender de manera inminente la calamidad pública, que terminan permeando la estabilidad institucional y la convivencia ciudadana pues, al momento de presentarse la declaratoria del estado de emergencia, la nación debe obedecer a las normas dictadas.
Por ello, las medidas adoptadas deben ser proporcionales a la gravedad de los hechos y que cumplan con los principios de finalidad, necesidad y no discriminación, por lo que se deben proteger los derechos de los ciudadanos sin importar el caso. ¿Pero el estado de emergencia decretado por el gobierno colombiano a raíz de la pandemia del COVID-19 cumple con esta protección? ¿Qué está sucediendo alrededor del estado de emergencia, un acontecimiento al que la actual Colombia no está acostumbrada?
En primera instancia, es imprescindible acotar que, debido a los decretos expedidos por el gobierno colombiano, algunos derechos de las personas se han visto vulnerados o amenazados; y, más agravante aún, se han convertido en privilegios para ciertos individuos. Los derechos humanos y fundamentales son inviolables, inherentes, necesarios para la vida en sociedad y de suma importancia para el desarrollo humano individual y colectivo. El Estado es el principal garante de una protección universal y eficaz de estos derechos, pues de ello depende la sana convivencia y la armonía del Estado.
En la coyuntura actual, el derecho a la vida (artículo 11) se ve afectado de manera directa, y su cierto grado de “prioridad” ha generado estrategias en cuanto a las medidas adoptadas para su protección. Es por ello que el gobierno colombiano decidió declarar una cuarentena obligatoria y un aislamiento social, que inició el 25 de marzo y culminó el 1 de septiembre, suscitando, desde el primer momento, opiniones divididas en cuanto a las consecuencias que podrían presentarse. Cabe recordar que, aunque la cuarentena obligatoria dio fin, el estado de emergencia se mantiene, por lo que la rama legislativa aún cuenta con la facultad de expedir decretos con fuerza de ley.
Retomando, a causa de las medidas tomadas para preservar la vida humana del Estado, otros derechos se han visto afectados y envueltos en paradojas. Por ejemplo, el derecho a la libre circulación (artículo 24) se restringió a la permanencia en los hogares y a salidas en casos estrictamente necesarios, limitando así otros derechos, como al trabajo (artículo 25), pues las calles y los negocios deben permanecer vacíos, lo que atenta a largo plazo el derecho a la vida debido a, por un lado, la pérdida de empleo por problemas financieros que surgen en las empresas pues deben cesar sus labores; y por el otro, a la nula generación de ingresos para los trabajadores informales que viven del día a día. Lo mismo sucede con la atención hospitalaria y el derecho a la salud (artículo 49), pues los hospitales anteponen los casos de contagio por COVID-19 a las demás enfermedades, por lo que personas que sufren de otras dolencias reciben teleasistencia poco efectiva o, por el contrario, deben soportar el padecimiento que, ciertamente, atenta contra sus vidas.
Pero no termina ahí: en medio de las circunstancias actuales, el gobierno de turno al parecer se ha olvidado (con el beneficio de la duda) del pluralismo jurídico que atraviesa todo el territorio nacional, lo que ha desencadenado otras problemáticas.
En contexto, se entiende que los entes gubernamentales no alcanzan a regular el comportamiento de toda la ciudadanía, hecho que se agrava en la situación actual, ni posee las leyes para garantizar la resolución de todos los conflictos sociales, y tampoco es el único competente para orientar estos conflictos, sino que existen otras estructuras de carácter infra y supraestatal, que surgen de movimientos sociales, exclusión, marginación, entre otras situaciones, capaces de producir, ejercer y regular el derecho, dentro de entornos con luchas y relaciones de poder propias, que cohabitan y compiten con la ley estatal.
Extrapolando esto último al territorio colombiano, se advierte que en muchos lugares del Estado dichos conflictos sociales permanecen vigentes e incluso se agudizaron; no importó las afecciones que la pandemia pudiera ocasionar. Así, estas dinámicas diferenciadas de la producción del derecho y la administración de justicia están compitiendo en guerras civiles internas que han dejado más de cincuenta masacres en medio de un estado de emergencia enfocado en la salud pública. ¿Por qué el gobierno no hace nada al respecto? A saber, sus intenciones están centradas en la prevención, contención y erradicación del COVID-19, pero en ambos casos la vida humana es atentada, e incluso arrebatada.
Estas guerras internas terminan por desdibujarse de la agenda gubernamental, y los procesos informativos que desde allí se ejecutan aluden con sesgo al hecho pandémico. Al parecer, es un tema a tratar con desdén, mientras se produce otra tanta información que termina por generar debates en cuanto a la realidad compleja que en la actualidad se vive. El punto circunstancial radica en los datos poco informativos, redundantes, inentendibles, sospechosos y/o encubridores brindados por el gobierno, que terminan por dividir la opinión pública y establecen mayor intranquilidad e incredulidad en la población colombiana.
En un principio, el gobierno se obligó a mantener diversos canales de comunicación e información continuos, pues entiende que su ejercicio y compromiso es divulgar información útil para el bien de la comunidad, la protección de otros derechos, el orden público y el interés general. Por eso, el presidente decidió implementar un espacio informativo llamado Prevención y Acción, donde se comunican los sucesos y las estrategias que se implementarán para la solución de hechos relacionados con la pandemia. Y lo que comenzó como un programa con datos objetivos y precisos, rápidamente adoptó la imagen, por parte de la población nacional, de show monótono y caricaturesco, en sentido peyorativo.
El gobierno se ha aprovechado de la conmoción nacional que el estado de emergencia permitió para lograr desligarse, en cierta medida, de otras dificultades que corroen, cada vez más, el orden estatal. A su vez, diversas acciones desde allí tomadas han mostrado tintes de dominación, de manipulación de la información producida y recolectada para mantener el control de los conciudadanos. Tal es el caso de CoronApp, la aplicación programada por el gobierno nacional con la presunta finalidad de establecer una base de datos sobre el avance del virus en el país, como los contagios y los cercos epidemiológicos, pero que se torna invasiva en cuanto a la privacidad que debe ceder el sujeto que use la aplicación. De entrada, la aplicación promete un incentivo en datos móviles para acceder a redes sociales e internet, y para ello cada individuo entiende que su tarea es registrar constantemente dónde se encuentra y con quiénes se encuentra; sin embargo, los términos y condiciones que deben aceptarse para el uso satisfactorio de la aplicación son extensos e incomprensibles, por lo que muchas personas optan por no leer tan vastos párrafos e ignoran el real compromiso con la administración de la aplicación. Y, al parecer, el habeas data se relegó al olvido.
La información en la actualidad juega un papel clave, y se desconoce en gran medida las intenciones que vienen consigo al momento de su producción y divulgación. Ahora existen múltiples canales de información, donde cada ciudadano puede escoger qué ver, leer y escuchar. Las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y su inauguración del ciberespacio brindan mayores posibilidades de creación y manejo de información, pero que también se convierte en un problema debido a las ilimitadas oportunidades. Esto genera conflictos en tanto la veracidad de lo expuesto queda a consideración y las cantidades de información terminan agobiando al sujeto. Tanto así que ahora, en medio de la pandemia por el COVID-19, se acota la frase de “pandemia de información” o “infoxicación”.
Aun así, estos nuevos canales permitidos por las TIC han servido en las luchas contrahegemónicas gracias a su condición desinstitucionalizada, y es desde las redes sociales y el internet que la población colombiana ha podido manifestarse en cuanto a los diversos problemas que acontecen y se recrudecen a mitad de las dificultades sanitarias ocasionadas por el hecho pandémico. El derecho a la vida prima en el estado de emergencia vigente, pero es la vida lo que poco se ha protegido.
Las personas exigen respuestas y propuestas por parte del gobierno en cuanto a las diversas violaciones a los derechos humanos y fundamentales; a cambio reciben un soliloquio irreverente que atenta contra el derecho a la información. El espacio informativo se ha convertido en una cortina de humo, popularmente definida como un espectáculo para camuflar y evadir los asuntos que demanda la sociedad colombiana. Así mismo, los medios de comunicación, que son regulados por la norma constitucional, terminan accediendo en el juego de poder a favor del gobierno y la información por divulgar termina adoptando inclinaciones políticas, causando sutiles manipulaciones y censuras.
Desde diversos aspectos los derechos están siendo vulnerados. Ya se han mencionado varios hechos a grandes rasgos, pero son muchos más los que hasta hoy no se nombran. Por fortuna, algunos medios de comunicación, las redes sociales y el internet han permitido el conocimiento de tantas atrocidades que le da un vuelco al estado de emergencia que vive el país. Asesinatos a líderes sociales, masacres sistemáticas, abusos de autoridad y decisiones políticas tomadas casi en secreto son de los temas más preocupantes y que han engendrado la protesta social que incrementa conforme pasan los días.
El estado de emergencia se rezagó en la salubridad en tanto que la verdadera emergencia se acentúa en la realidad social del país. Puede hablarse, incluso, de una crisis institucional, económico-social y moral. Las instituciones gubernamentales se han mostrado incapaces para resolver los complejos problemas que se están dando en el territorio nacional, roban y/o desaparecen los recursos públicos para beneficios de terceros mientras la población se sume en la pobreza, y la confianza de la población hacia el gobierno se pierde cada vez más, menoscabando su legitimidad y concibiendo el desacato a la ley. La emergencia sanitaria solo es un punto de inflexión para la urgente decadencia estatal que poco a poco se está gestando.
Mientras tanto, el presidente pide adaptación a la “nueva normalidad” que conlleva la pandemia y hace un llamado a la calma. Esta pretensión es insolente y castigable teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente. El gobierno se sirve de la contingencia y el aislamiento para desviar su atención de los demás problemas y manifestaciones sociales, envolviendo a Colombia en un sesgo político. Los derechos están siendo vulnerados y funcionan como privilegios, aunque la Constitución establece que el gobierno debe respetar, garantizar y proteger estos atributos y libertades en cualquier caso. El estado de emergencia demostró que el Estado está en emergencia humanitaria, y el COVID-19, virus del que al parecer ya no se teme, ha sacado a relucir otro virus que viene intoxicando por mucho tiempo al país: el germen del elitismo y la política.
