Cuando los estudiantes de las universidades públicas del país llevan dos meses en paro en procura de buscar una real financiación de la educación superior, el Tribunal Administrativo del Atlántico dio un zarpazo al suspender provisionalmente el artículo 132 de la Ordenanza No. 0253 de 2015, el cual reglamenta el Estatuto Tributario del Atlántico, que hace extensivo el cobro de la Estampilla Pro Ciudadela a los contratistas del distrito de Barranquilla, entidad territorial de nivel local.
Esto quiere decir que, por cobro de la Estampilla Pro Ciudadela, la Gobernación del Atlántico y la Junta Pro Ciudadela está dejando de recaudar cerca de 10.000 millones de pesos, solo en la presente vigencia. Con esta medida, nuestra alma mater dejaría de recibir estos y otros dineros, en vigencias posteriores (cerca de 20.000 millones de pesos, para 2019), para beneficio académico de los estudiantes de las obras que se requieran ejecutar con ella. Lo que se constituye en un atentado a la educación pública superior de la población estudiantil más necesitada del departamento del Atlántico y región caribe en general.
Es de recordar que la Ley 77 de 1981 establece que de lo que se percibe por estampilla se destine, exclusivamente, para construcción, dotación y sostenimiento de la ciudadela Universitaria.
En nuestra alma mater se ha dado prioridad, exclusivamente, a nueva infraestructura física; es decir, construcción de edificios, debido al crecimiento de la población estudiantil para prestar el servicio educativo acorde a su compromiso académico, investigativo, de extensión y proyección social.
Los avances que ha tenido la ciudadela universitaria, ubicada en el corredor universitario, ha sido significativo. La universidad ha crecido en bloques de edificios para poder cumplir con su labor misional. Tanto así que hoy, todas sus facultades (excepto Bellas Artes) como también sus estudiantes se encuentran concentrados recibiendo sus actos pedagógicos en la mencionada ciudadela.
Gracias a la Ley 77 de 1981, la Estampilla Pro Ciudadela ha sido vital para que nuestros estudiantes, de manera digna, tengan espacios y merecidos ambientes académicos acorde a una universidad del siglo XXI. Producto de los dineros generados por la Estampilla, a partir de1989, se inicia la construcción de grandes bloques académicos, tales como el A, B, C (inaugurados en 1996); posteriormente, viene la construcción de los Bloques D, E, F, G, H; y el último, el I, este último con función específica para laboratorios e investigación. También contamos con majestuoso el Centro de Convenciones. Estas son obras que requieren mantenimiento y dotación permanentemente.
Pero por desgracia con el fallo emitido por el Tribunal Administrativo del Atlántico y la consecuente disminución de los ingresos, se debiliten sus finanzas y se tengan problemas para la construcción y mantenimiento de nuevos edificios. La Universidad del Atlántico depende, en gran medida, de los recursos económicos que se recaudan por concepto de la Estampilla. Con el freno a los recursos proveniente de la Estampilla Pro Ciudadela está en riesgo la construcción de la sede de la universidad en Sabanalarga, el comedor universitario, los mantenimientos que requiere la sede centro y la dotación del mobiliario del edificio de laboratorios de la Uniatlántico, entre otras inversiones que se requieren.
Como estamento profesoral, nos oponemos rotundamente a esta medida decretada por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que atenta contra más de 26 mil estudiantes. Exhortamos a la Gobernación del Departamento del Atlántico y a las directivas universitarias para que aúnen esfuerzos jurídicos, tendientes a rechazar, por los medios legales, este atropello que se viene cometiendo contra los pocos recursos con que cuenta el primer centro de estudios del caribe colombiano.
El distrito de Barranquilla, por ser una entidad administrativa con presupuesto propio, le es imposible, legalmente, aportar recursos financieros a la Universidad del Atlántico. Por estas razones, consideramos que con la Estampilla Pro Ciudadela recaudada a los contratistas del distrito de Barranquilla es el medio con que cuenta la Alcaldía de Barranquilla para saldar su deuda social con la Universidad del Atlántico; más del 60% de los estudiantes que ingresan a la universidad provienen de las diferentes instituciones oficiales de educación media que existen en nuestra ciudad. “Dura lex, sed lex”, “dura es la ley, pero es la ley”. No creemos que esta sea una máxima para que sirva de deterioro de un patrimonio construido por más de 30 años como es la Ciudadela Universitaria del Atlántico.
