La crisis institucional del Haití, tras el asesinato del expresidente Jovenel Moise el pasado 7 de julio dejó al país en un limbo judicial y administrativo generalizado en todas las instituciones. La realidad de los 18 exmilitares colombianos presos por su participación en el magnicidio recae en manos de soldados y policías haitianos enfurecidos, quienes los mantienen en condiciones infrahumanas, con señales de tortura, en una cárcel de máxima seguridad a las afueras de Puerto Príncipe. Ninguna gestión diplomática ha podido interceder por los derechos humanos de los colombianos.
La asistencia judicial ahora quedó en manos de Juan Pablo Valbuena, Tercer Secretario encargado de asuntos consulares en Santo Domingo, un joven diplomático de 29 años que no ha podido visitar a los 18 exmilitares detenidos, pues Colombia no tiene reconocimiento oficial por parte del gobierno haitiano. El embajador Daniel Cabrales, que trabaja desde República Dominicana, nunca presentó las cartas credenciales al gobierno de Moise antes de su asesinato, por lo que el cuerpo diplomático colombiano no tiene validez ni reconocimiento en territorio haitiano hasta que se defina un nuevo presidente a quien presentarle las respectivas credenciales. Por tal motivo, han sido inútiles los intentos de los funcionarios por acceder al espacio de reclusión donde estos esperan el juicio.
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