Está a punto de aprobarse en el Congreso de la República un Proyecto de Ley de seguridad ciudadana.
Desafortunadamente, la propuesta está plagada de populismo y no será efectiva para combatir la inseguridad y enfrentar los enormes retos en la materia.
Por ejemplo, se ponen límites a la protesta social, se flexibiliza el porte de armas en algunas circunstancias y se vuelve a caer en la tentación de aumentar las penas para delitos como el hurto. Soluciones inocuas y poco creativas.
Acá proponemos un decálogo de ideas que debería contener una verdadera y efectiva reforma a las políticas de seguridad ciudadana.
1. Se requiere revisar la estructura de la Policía Nacional, sus funciones y los criterios de distribución del pie de fuerza. En ciudades como Bogotá la tasa de policías es muy inferior a la de ciudades intermedias con Bucaramanga, que tienen índices de criminalidad mucho menores. Eso sin contar que el 30% del personal cumple labores administrativas o que de las 19 mil unidades, más de 1.200 están destinadas a la Policía de Tránsito.
2. Urge integrar nuevas tecnologías para los procesos de prevención, detección y reacción frente a la criminalidad. Existen ejemplos en otras ciudades del mundo donde se han aplicado modelos de policía predictiva e inteligencia artificial. Eso exige revisar estrategias e inversiones.
3. No da espera una reforma integral y estructural al cuerpo de Policía Nacional. Es menester atajar los crecientes escándalos de corrupción en su interior, estudiar los criterios de reclutamiento y equilibrar el modelo de incentivos y ascensos.
4. La Policía debe incrementar esfuerzos en la formación en Derechos Humanos. Su función primordial debe ser la de garantizar los derechos de los ciudadanos. Eso conlleva a transformar el enfoque represivo heredado de una institución que tuvo que asumir un rol protagónico en el marco del conflicto armado y transitar a un rol más preventivo. Urge acercar la Policía a los ciudadanos para restablecer la confianza en la institución.
5. No se puede lograr seguridad sin una justicia efectiva y oportuna. Es indispensable avanzar en reformas a la justicia que permitan reducir las tasas de impunidad y, sobre todo, que atajen la problemática de la reincidencia. Para eso es necesario destinar mayores recursos para destacar jueces, fiscales y unidades de policía judicial. La ley de pequeñas causas no ha contribuido a reducir los tiempos procesales, así como tampoco a aumentar el número de sentencias. Una justicia inoperante es el mayor incentivo para una criminalidad activa.
6. De la mano con una reforma a la justicia, debe ir un fortalecimiento a la política penitenciaria. El hacinamiento, la falta de políticas de resocialización y de acompañamiento al postpenado, son una peligrosa combinación para que los centros de reclusión se conviertan en lugares de paso y no en instituciones transformadoras. Urge en ese sentido combatir la corrupción al interior de las cárceles, así como también las estructuras criminales que operan en su interior. Se debe también aumentar el personal penitenciario y adelantar políticas de rehabilitación, educación y formación para evitar la reincidencia criminal.
7. Se tienen que fortalecer estrategias coordinadas y articuladas entre autoridades de policía y judiciales para atacar los eslabones más fuertes de la cadena criminal. La delincuencia que más violencia genera está asociada con bandas organizadas que tienen una alta capacidad de permear a las autoridades. Es preciso integrar en este esfuerzo a las entidades de inteligencia y organismos de control, ya sea para perseguir las rentas criminales, así como para identificar nodos de corrupción que facilitan las actividades delincuenciales.
8. La inseguridad florece allá donde persistan entornos criminógenos. El diseño urbanístico, las políticas de cuidado y la colaboración ciudadana son elementos fundamentales para disminuir el riesgo de la criminalidad. Los Planes de Ordenamiento Territorial, así como las políticas de fortalecimiento barriales, deben incluir componentes enfocados en la promoción de la seguridad ciudadana.
9. Las políticas de convivencia no pueden faltar en el recetario para promover la seguridad ciudadana. Dentro de los delitos que se cometen con mayor frecuencia se encuentran riñas y casos de violencia intrafamiliar. Es preciso fortalecer políticas de convivencia y las instituciones para el diálogo, la mediación y la conciliación, así como también la atención oportuna de las diferentes conflictividades sociales.
10. Finalmente, pero quizás más importante, la necesidad de fortalecer las políticas sociales. Promover el acceso a derechos y oportunidades, como la educación, el trabajo, la vivienda digna, la seguridad alimentaria y la salud, contribuyen para limitar los incentivos que facilitan el reclutamiento de los jóvenes por parte de las bandas criminales. La doble jornada escolar, el acceso a la educación técnica y superior, el deporte, la cultura y las políticas de integración, son la mejor receta para combatir el crimen.
Si de verdad queremos combatir la inseguridad ciudadana, más allá de los discursos populistas y efectistas, se necesita un verdadero compromiso político, institucional y presupuestal.
No es aumentando delitos ni penas que resolvemos el problema. Es hora de dar un debate serio al respecto.
